Benjamín Robles busca que el Senado de la República tenga participación en el desarrollo de los programas sociales


Con el objetivo de que el Senado tenga una mayor participación en el control y evaluación de los programas sociales dentro del Presupuesto de Egresos, el senador Benjamín Robles Montoya propuso conformar un mecanismo por el que la Cámara Alta participe en su diseño y desarrollo.

 

Al fundamentar su propuesta para reformar el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el legislador del PRD advirtió que la iniciativa surge de la necesidad de opinar acerca de los resultados de los programas sociales a fin de observar que se estén realizando de conformidad al objeto por los que fueron creados y para quienes fueron destinados.

 

El senador por Oaxaca sostuvo que los programas sociales implementados en nuestro país en los últimos años derivados de la política social han sido resultado de la visión del grupo que detenta el poder público.

 

En ese sentido, observó que en el proceso de elaboración de los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas sociales, el Senado no tiene participación.

 

Y dado que corresponde a la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y señalar los programas que serán susceptibles al otorgamiento de recursos públicos, el legislador aseguró que no se busca transgredir las facultades de dicha Cámara, sino sumar esfuerzos para encaminar el desarrollo social hacia sus objetivos.

 

El oaxaqueño indicó que la Ley Orgánica del Congreso General dispone de la conformación de treinta comisiones ordinarias del Senado que pueden emitir opiniones al respecto de programas sociales con el fin de ayudar al desarrollo nacional.

 

De tal manera que “emitir una opinión técnica que se realice dentro de las comisiones senatoriales abonaría a que los programas sociales respondan integralmente al propósito fundamental por el que fueron creados”.

 

Además, aseguró, existe un marco jurídico que sustenta la propuesta y “es en el Congreso en donde se encuentran representados en su máxima expresión los intereses de los habitantes de este país y en consecuencia donde se debe observar profundamente que sus demandas sean escuchadas y resueltas”.

 

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.

 

 

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