Discurso de la senadora Angélica de la Peña Gómez durante la reunión de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia con la Comisionada Esmeralda ArosamenaTroitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Angélica de la Peña Gómez, (APG):…aparte de la Comisión de la niñez, hablo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que los temas que aquí se tocan me van a permitir dar mi opinión, porque los llevamos en nuestra Comisión y, por supuesto, nos unimos a la pertinencia de la convocatoria de la Senadora Martha Elena García, presidenta de la Comisión de la Niñez (inaudible) y sean ustedes bienvenidas al Senado de la República.
Conocemos muy de cerca el trabajo que realizan con esta materia desde siempre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto claro que atendemos siempre sus informes y recomendaciones, y todo lo que nos hacen llegar a los países del ámbito de la Organización de Estados Americanos.
Y claro, también nos congratula ver de nuevo a quien también le tenemos un gran reconocimiento que es el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niñas, Niños y Adolescentes, esta figura nueva que creamos en la Ley que hicimos seis comisiones; acaba de llegar el presidente de la otra Comisión, fuimos seis, aquí estamos tres presidentes de los seis, el presidente de la Comisión de Educación que junto con la senadora y otras tres, un compañero y dos compañeras y la senadora y yo hicimos la ley; hicimos porque fue redactada, fue diseñada; como ustedes mencionaban, la construcción y luego la segunda etapa, ponerla (inaudible), me encantó.
Ese es el reto que tenemos todos los países en el mundo; particularmente México ha dado avances muy importantes en el marco de la legislación y tenemos una buena ley, ha sido un proceso largo de reforma a la Constitución para reconocer los derechos de niñas y niños, desde el año 2000 y así hemos venido.
Y también es el caso de la Ley de Justicia para Adolescentes, aquí no le decimos juvenil como en los países de Centroamérica y Sudamérica, sino hemos definido en la ley las edades etarias de niño y niña menores de 12 años y adolescente a partir de que cumple 12 años y hasta menos de 18 años de edad, que es la mayoría de edad; entonces, juvenil todavía abarca más allá de los 18 años, de tal manera que no seguimos la dinámica de los países de la región, sino que la definimos para adolescentes, ¿por qué?
Porque hay una historia muy importante detrás que hay que conocer de un sistema tutelarista, que es característico principalísimamente en México y Argentina, puesto que aquí y en Argentina estaban los ideólogos del tutelarismo; entonces, sí era muy importante para nosotros definir adolescentes, porque estábamos enfrentando el concepto de menores infractores, y entonces dijimos no, es adolescentes, el sistema no aplica a menores de 12 años, solamente es para la granja de adolescentes.
Y aquí el Senado de la República fue la cámara de origen de esa ley, una ley única, a diferencia de la Ley de los Derechos de la Niñez, que es una ley que no le quita la potestad a las entidades federativas de hacer su propia ley, creo que faltan como seis, ¿ya ninguno, verdad? Ya ninguno, ya están todos los Congresos locales y la Asamblea habiendo cumplido con su respectiva ley; en el caso de la Ley de Justicia para Adolescentes, no, es una ley única, para el ámbito federal y para el ámbito local, lo tuvimos que hacer así porque teníamos serias dificultades con las entidades federativas, 32 entidades federativas, 32 leyes indistintas y contrapuestas con la Constitución; entonces sí es muy importante mencionarlo.
El caso de la otra preocupación que les motiva tiene que ver con la violencia que se perpetra contra niñas y niños o adolescentes, en el marco de esa lucha que se enfrenta de la delincuencia organizada y que tiene como víctimas a las personas menores de edad, particularmente ustedes mencionaban la desaparición forzada, estamos a punto, a unos días de ya presentar el dictamen de la Ley de Desaparición Forzada o la cometida por particulares, es una ley muy importante en México, que definitivamente como ha sido la norma general, y no nada más en esta ley, la ley contra la tortura, la ley de telecomunicaciones, todas las leyes siempre la perspectiva de los derechos de la niñez es muy importante; la institución del interés superior de la niñez, forma parte de los principios rectores de todas estas últimas leyes que hemos hecho, particularmente teniendo como origen el Senado de la República.
Y claro, el caso concreto de desaparición forzada, no solamente aplicamos la Alerta Amber ya de manera institucional, es decir, la búsqueda de todas la personas independientemente de su edad cuando se tenga la noticia, el reporte o la denuncia, o inmediatamente se buscará y en el caso de las personas menores de edad además hay una búsqueda y una investigación de manera especializada por su edad y así está quedando en la ley.
De tal manera, que se tiene que entender las características de la posible desaparición y tenemos una gran preocupación que pueda incluso ser un asunto vinculado con otro tipo de crímenes como la trata de personas; por cierto, en la ley (inaudible) que hicimos contra la trata de personas que también es un tema muy importante que traemos en discusión con la Cámara de Diputados que revisa una minuta nuestra, también visibilizamos de manera puntual la protección irrestricta en materia de trata, los diversos tipos de trata y la protección integral a quienes son menores de edad; medios comisivos como dice el Protocolo de Palermo, pero no se aplican a menores de edad, sino la respuesta es en automático.
De tal manera que el enfoque de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en las leyes lo tenemos siempre presente para que de manera oportuna y de manera diligente y expedita, en función del interés superior de la niñez, las autoridades todas se apresten a aplicar la norma.
Por último, castigo corporal, nosotros no tenemos tanto ese problema, el castigo corporal lo tienen otros países, sobre todo los países que tienen sistemas religiosos; lo que tenemos aquí es un problema cultural, que tiene toda la humanidad, es evitar que se utilice el maltrato, la violencia, cualquier tipo de violencia, contra niñas y niños como una forma de educación o de constreñir el comportamiento, o sea, eso creo que más bien lo que nosotros tendríamos que dedicarnos, la ley lo prohíbe, lo que tenemos que hacer es más bien trabajar para que este tipo de situaciones no se apliquen en las familias, no se apliquen en la educación, no se apliquen en ninguna parte donde pueda estar conviviendo una niña o un niños, y es lo que nos parece que más bien ese tipo de acciones van a derivar de la propia eficiencia de la ley en la materia, es decir, la construcción de una cultura distinta, de una relación distinta del adulto con el niño o con la niña, pues es un asunto que tiene que ver con estructuras sociales a las que tenemos que trabajar para, en primer lugar, entender que se está frente a una persona que es sujeta de derechos, no es que yo como papá o mamá puedo hacer lo que me dé la gana con mi hija o hijo.
Nosotros en México lo que tenemos que enfrentar es ese tipo de situaciones en el caso del castigo corporal como una forma de educación; pero como se conoce y como es la inquietud de Naciones Unidas y de la OEA, en el sentido de que pueda ser una situación inscrita como una situación de Estado en México, no lo tenemos, lo tenemos expresamente prohibido; no hay permisividad, si un maestro o una maestra es acusado de que violentó a una niña o a una niña, ya la ley de educación lo sanciona, es decir, en este sentido hemos avanzado muchísimo.
Por lo demás, es verdad lo que ustedes también señalan que armonizar los contenidos de una ley hacia el ámbito local es muy complicado, muy complicado porque las entidades federativas son entidades soberanas, gozan de autonomía en sus decisiones y no siempre podemos influir en los Congresos locales, que también son totalmente autónomos de las dos cámaras del Congreso de la Unión, para que puedan hacer lo conducente y armonizar la legislación de tal manera que no exista ningún resquicio que pueda contravenir los derechos humanos de niñas y niños.
Tenemos muchos pendientes, las formas de trata, de rapto, casar cuando fue violada una niña con el violentador, bueno, el matrimonio forzoso ya queda como una forma de trata, ahí no tenemos duda, ¿si?, es decir, sí tenemos mucho, tenemos que enfrentar ese tipo de problemas y, sobre todo, caminar hacia donde tenemos influencia cultural en los sistemas normativos que por usos y costumbre siguen todavía denostando a niñas y niños, particularmente a las niñas, en su demérito como sujetas de derechos.
En general, yo creo que el informe que haremos como Estado mexicano, todos estos avances que logramos los definiremos de manera expresa atendiendo las recomendaciones que se nos han dado, y, bueno, atender también las otras recomendaciones que no hemos podido lograr, hay preocupaciones muy importantes.
Nos preocupa sobremanera el caso de los albergues, que no hemos podido lograr tener el censo nacional de todos los albergues, como dice la ley, de todas las características que tienen los albergues; tenemos situaciones muy terribles, particularmente los niños que están desprotegidos porque no están bajo el cuidado parental, o los niños que están en situación de migración, es decir, todavía tenemos que atender a los grupos sociales que se encuentran en una situación de mayor riesgo o de vulnerabilidad, es verdad, eso aunque lo tenemos inscrito en la ley sí nos hace falta atender ese tipo de población que se encuentra en una situación de alto riesgo, precisamente, niños y niñas, seguramente Layda hablará de eso porque ella preside la Comisión de Asuntos Fronterizos y además es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, seguramente ella hablará de eso, pero sí tenemos una situación de urgente atención, esa parte que frente a lo que se viene después de que ganó Donald Trump, pues estamos todo mundo esperando cómo se nos va a venir el mundo encima y particularmente Estados Unidos, y la parte que tiene que ver con migración es una situación realmente preocupante, particularmente, en la frontera con Estados Unidos.
Segunda Intervención
…que es lo que tienen que hacer las autoridades, porque el primero constitucional todas las autoridades deberán, pues sí, pero las autoridades, la única autoridad que ha creado protocolo para interpretar el primer constitucional, ha sido el Poder Judicial, pero todas las demás autoridades del ámbito ejecutivo, no, y entonces, a ver, usted tiene que aplicar toda la materia de derechos humanos que está en la Constitución, bueno, pues es un nuevo paradigma, ¿cómo lo logramos?
A ver Esmeralda, tú tienes una gran experiencia porque fuiste parte de la Corte Suprema de Justicia de tu nación, y sabes perfectamente bien que el tránsito a un nuevo proceso, al debido proceso legal, no es fácil, es un proceso estructural de pasar de un sistema inquisitorio a un sistema garantista; y luego, una reforma en materia de derechos humanos tan trascendental como la mexicana, que mandata a que todo lo que hagas como instituciones, como ámbitos gubernamentales, como sociedad, no solamente el ámbito gubernamental, tiene que tener un nuevo enfoque todo lo que hace, el enfoque de respetar los derechos humanos, y eso, en automático no se da, no se da, entonces, hay que ayudar con leyes reglamentarias que le digan hazme A-B-C a las autoridades para poder lograr que la reforma en materia de derechos humanos se concrete, si no, va a ser complicado.
Y me encanta que Ricardo haya recordado esa iniciativa, ahí está esperando las voluntades, ¿te acuerda de esa ley? La Ley Reglamentaria del Primero Constitucional la tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, yo creo que sí es importante, sí es necesaria.
Gracias.
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