Han transcurrido cinco semanas de la barbarie cometida contra estudiantes normalistas en el municipio de Iguala. A lo largo de estos días de indignación y reclamos en todo el mundo, ha prevalecido la incertidumbre respecto al destino de los 43 jóvenes secuestrados por policías municipales convertidos en sicarios al servicio del crimen organizado.
Han sido semanas de desatinos y titubeos, como la tardía separación del gobernador Ángel Aguirre, renuente a abandonar el cargo pese a la ingobernabilidad en la entidad, de la que han dado cuenta las fosas clandestinas que a diario se encuentran y la impunidad con que los cárteles del delito operan en vastas regiones del estado.
Es ostensible la incompetencia del gobierno federal para dar con los jóvenes; detener al ex alcalde de Iguala y sus cómplices; la omisión de las autoridades locales a quienes el Secretario de Gobernación les requirió el resguardo de los hoy prófugos, y deslindar responsabilidades de las autoridades que han permitido la operación de las bandas criminales enquistadas en la región.
La confirmación de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de Ejército en Tlatlaya, los enfrentamientos en Luvianos; el homicidio de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, en Guanajuato. La descomposición de dirigentes del PRD, que lo mismo conviven, que promueven a agentes vinculados al crimen organizado; el secuestro de atletas en el Ajusco; los jóvenes tejanos ultimados en Tamaulipas, y una larga cadena de violencia, dan cuenta de cómo campea la violencia, la corrupción y la impunidad en el país.
A ello se suma la negativa de la SCJN a la solicitud que millones de ciudadanos presentamos para someter a consulta popular la reforma energética. Los argumentos esgrimidos para conculcar nuestro derecho a ser consultados son insostenibles. La ministra Luna Ramos alega que ninguna reforma constitucional puede someterse a consulta, cuando la carta magna señala que son objeto de consulta los temas de trascendencia nacional, y nada puede ser más trascendente que modificar las bases constitutivas de la nación. En tanto que para la ministra Sánchez Cordero, no procede la consulta por tratarse de un asunto que afecta los ingresos nacionales. Lo que convalida el albazo de la madrugada del 13 de diciembre de 2013, cuando de manera subrepticia senadores del PRI y del PAN incorporaron un adendum al dictamen para vincular la reforma energética con los ingresos nacionales, tergiversando el precepto constitucional que limita la realización de la consulta a los asuntos fiscales, es decir a la fijación de impuestos.
El recuento de agravios puede multiplicarse para dar cuenta de la profunda crisis que, en inseguridad y respeto a los derechos humanos, enfrenta el Estado mexicano, cada día más debilitado, por la acción de un gobierno obnubilado en el ensueño de un país inexistente, que al igual que en 1994, a la entrada en vigor del TLC, las reformas estructurales le vuelven a estallar en las manos.
Peña Nieto debe dejar atrás el país de fantasía que quiere construir desde el pedestal de un presidencialismo centralista y autoritario, asumiendo que lo más importante es encarar la verdad, presentar con vida a los normalistas secuestrados y dar un golpe de timón a la política económica.
El país está colapsado. La pobreza y la desigualdad siguen creciendo, la corrupción y la impunidad están de plácemes, en tanto el miedo, el vacío de autoridad y la ausencia de ética en la función pública asfixian las libertades de los ciudadanos. Conculcar derechos y eliminar los espacios de participación política, acumularán más agravios que liberarán una energía social renovadora que ningún pacto burocrático podrá contener.
Senador de la República
04 de noviembre de 2014
Más allá de los casos de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala y de los hechos de Tlatlaya, donde todo parece indicar que hubo una ejecución sumaria de personas, el creciente reporte de casos de violencia que surgen por todo el país —especialmente en entidades como Michoacán, el Estado de México y aun el Distrito Federal— obliga a pensar que es necesario que se tomen medidas extraordinarias para contener la inseguridad. Ya el Banco de México prendió un foco amarillo sobre el tema y su potencial amenaza sobre la estabilidad económica del país.
Está probado que las acciones meramente militares o de fuerza, por sí solas, poco o nada ayudan a erradicar la violencia del crimen organizado. De ahí que se exija un enfoque integral, que comience con un buen trabajo de inteligencia que aporte información útil para en verdad golpear a las organizaciones delincuenciales.
También, que se necesita de la cooperación de los tres niveles de gobierno para lograr verdaderos avances. En ese papel los partidos políticos tienen un papel muy importante que jugar. Por eso es destacable el que PRI, PAN y PRD exploren la posibilidad de crear un segundo Pacto por México, específicamente para proponer estrategias para combatir la inseguridad.
Idea que retomó el presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció que convocará a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a la sociedad para emprender cambios que impidan que se repitan casos como el de la agresión a estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, y de inseguridad en general.
Este impulso al combate a la inseguridad con un enfoque de Estado ha fallado en el país. Ni siquiera las grandes reuniones el Consejo Nacional de Seguridad han logrado persuadir a todos los integrantes de pacto federal de conseguir avances en, por ejemplo, la certificación policial o la actualización de números sobre delitos en el país. No todos los estados de la República han actuado parejo.
Por eso urge lograr un acuerdo nacional en la materia. Serio. Sin miramientos. Donde cada quien asuma su responsabilidad y quede exhibido si no lo hace. Y si no cumple, que se pueda saber si es por ineficiencia o complicidad. Ya basta de que algunas partes del país estén en manos de criminales y la población, a merced de ellos. Se está llegando a un punto sin retorno en la materia: necesitamos que México sea seguro.
