Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron una modificación al dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propuesta por el senador Armando Ríos Piter para fortalecer la vigilancia del gasto público y combatir los moches.
Al fundamentar su propuesta, el senador del PRD recordó que recientemente en los medios de comunicación se dio a conocer que el dinero público se estaba utilizando de manera indebida.
Señaló que había un esquema en el que los miembros del congreso etiquetaban recursos para obras que a veces ni siquiera estaban en sus estados “y donde dichas etiquetas de presupuesto terminaban sirviendo para una transa entre el legislador y una constructora”.
En ese sentido, su propuesta plantea que la Auditoría Superior de la Federación revise de manera directa y suficiente los proyectos de infraestructura de las entidades federativas y los municipios no incluidos en el proyecto de egresos de la federación para el ejercicio 2016.
De tal manera que la ASF deberá echar a andar los instrumentos con los que ya cuenta para que la auditoría sea en tiempo real y después emitir reportes específicos sobre los resultados de la revisión
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que el artículo noveno transitorio propuesto por el senador Armando Ríos Piter es un primer paso para establecer candados y mecanismos de control para evitar el desvío y la malversación de recursos públicos derivados de una mala gestión de representantes populares en la Cámara de Diputados.
“Yo diría este artículo 9 Transitorio es el primer artículo antimoche en el Congreso de la Unión, y esperemos que venga a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción”, mencionó
Explicó que al retomar en esta ley el artículo 79 Constitucional se fortalecen las facultades del Auditoría Superior de la Federación para intervenir de oficio en cualquier momento en la auditoria del ejerció de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo dijo, para garantizar el control de los recursos era necesaria la reducción de la estimación del déficit del 3 por ciento al 2.9, que representa alrededor de 7 mil millones de pesos, como un candado para evitar las prácticas que distorsionan la función legislativa y alientan la corrupción y el desvío de los recursos públicos.
La propuesta fue avalada por la Comisión de Hacienda por 13 votos a favor y 1 en contra; y por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, por 5 votos a favor.
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