Conferencia de prensa de los Senadores, Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, en conjunto con líderes agrarios para hablar sobre las implicaciones de la reforma energética en el campo.
Fidel Demédicis Hidalgo, (FDH): Compañeros de los medios, buenos días.
No es hemos dado cita a esta rueda de prensa con compañeros de organizaciones campesinas, además de su servidor, quien es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; el senador Isidro Pedraza, presidente de la Comisión de Autosuficiencia alimentaria, se encuentra con nosotros el compañero Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista; el compañero Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente del Barzón; la compañera Isabel Cruz, dirigente de AMUCSS; José Durán, dirigente del Congreso Agrario Permanente, el CAP; Alejandro Cruz, dirigente de MAÍZ; y Juvenal Rodríguez, dirigente de (Inaudible).
Esta reunión que tiene que como finalidad darle a conocer al pueblo de México la posición de estas organizaciones campesinas y de las comisiones, tanto de Autosuficiencia Alimentaria como de Desarrollo Rural del Senado de la República, con respecto a las posibles afectaciones que pudieran darse al ejido, a las comunidades, a los pueblos originarios si la Reforma Energética pasara tal cual.
También es importante señalar que se han tenido pláticas formales con el ciudadano secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien ha aceptado que los campesinos que pudieran ser afectados pudieran ser parte del negocio. Es decir, que se eliminara el tema de la expropiación de las tierras y se hablara de una incorporación en el tema de darle renta petrolera y revisar a puntualidad el tema de lo que es la responsabilidad social de las empresas en el tema que tiene que ver con desarrollo de las comunidades, con el tema del medio ambiente y con el tema del empleo para las gentes que viven ahí donde pudieran instalarse estas empresas.
Pero dejamos la palabra en el compañero José Durán, quien es dirigente del CAP.
José Durán, (JD): Gracias, buenos días a todos los compañeros y compañeras de los medios.
A nombre del Congreso Agrario Permanente, quiero plantear dos aspectos fundamentales en el debate de esta Ley de Hidrocarburos que sin duda va a afectar sustancialmente al régimen de propiedad social de la tierra en nuestro país.
El pasado cinco de marzo, en Manzanillo, Colima, el presidente de la República anunció su compromiso de no presentar iniciativa alguna que trastocara el régimen de la propiedad social en nuestro país.
Éste es un régimen su generis, no hay antecedente en Latinoamérica de una forma de propiedad social colectiva como la nuestra, en tanto es una propiedad social de vanguardia extraordinariamente avanzada en todo el mundo.
Y el presidente de comprometió puntualmente en no iniciar una propuesta ni apuntalar las que pudieran presentarse en términos de modificación de este régimen de propiedad.
Nosotros consideramos que la iniciativa de Ley de Hidrocarburos, y tal como se ha convenido hoy por las comisiones unidas, está violentando realmente el régimen de la propiedad social. En consecuencia, el presidente de la República está violando su palabra.
Hay una afectación muy drástica en el momento en que se insiste en interponer una figura distinta a todo el régimen especial de propiedad social que está regulado por el artículo 27 constitucional y por la Ley Agraria y sus reglamentos.
La figura de servidumbre legal va a trastocar el régimen de propiedad social porque va a modificar de fondo la esencia de la propiedad, en consecuencia se convierte en un despojo real. No hay cumplimiento en los procedimientos de expropiación de convenios de ocupación previa que son las figuras consideradas en el régimen especial de agrario y se insiste en ir por la vía de una figura que es del régimen civil que no tiene absolutamente nada que ver con la propiedad agraria y violentaría sustancialmente la esencia de esta propiedad.
En consecuencia, nosotros vamos a preparar todos los argumentos jurídicos para combatir legalmente si se insiste en imponer esta figura de servidumbre legal agraria.
En segundo lugar está la circunstancia de llevarnos también al régimen civil en materia de conflictos, seguramente se van a presentar de manera inmediata cuando se quiera imponer esta visión de interés público en la extracción y explotación de los hidrocarburos y nos quieren llevar también al régimen civil federal para dirimir conflictos, que está también específicamente regulado en la fracción 19 del artículo 27 constitucional la forma de resolver conflictos por la tenencia de tierra de cualquier índole.
Por ello nosotros reclamamos esta doble violación a la Constitución del país, al artículo 27 y sus fracciones y a la Ley Agraria.
Los conflictos deben dirimirse como señala la fracción 19 en el marco de justicia agraria de los tribunales agrarios que tienen jurisdicción plena para ello y en consecuencia no puede haber ninguna otra forma de atención de conflictos sociales.
Lo enmarco también en la falta de cumplimiento que se está dando desde hoy a la normatividad internacional que está valorada al mismo nivel de la Constitución mexicana, es decir el Convenio 169 de la OIT, en su apartado primero y segundo relativo a las tierras de las comunidades indígenas, se establece con toda claridad la necesidad de la consulta y la participación permanente informada y con absoluta consciencia de las comunidades indígenas que son dueñas del territorio en donde se pretende la investigación, la exploración y la extracción de hidrocarburos.
Hay también en esto una clara violación al Convenio 169 y está en riesgo entonces la Constitución mexicana con esta ley específica que violenta los derechos agrarios y por supuesto la paz social. Si no hay formas adecuadas de atender los conflictos, vamos a tener que atenderlos por la vía de los hechos.
Y termino diciendo, nuestra propuesta es que respeten el régimen especial de propiedad agraria, que el presidente cumpla su palabra y que las comunidades y los ejidos puedan participar a través de la renta petrolera y de contratos en asociación para llevar una parte sustancial de la ganancia que se tenga con estos negocios que se quieren hacer en el país por encima de las leyes nacionales.
Gracias.
Max Correa, (MC): Bien, buenos días, soy Max Correa de la Central Campesina Cardenista.
En esta posición que está anunciando el compañero José Durán Vera, del CAP y de la UCD, participamos más de 30 organizaciones campesinas que nos entrevistamos en días pasados con el senador Emilio Gamboa para expresarle nuestro más enérgico rechazo a los términos de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos y otras más que afectan directamente la tenencia de la tierra de más de 30 mil ejidos y comunidades, particularmente las que se localizan en las zonas de potencial explotación de gas y de petróleo y de generación de energía eléctrica.
El senador Emilio Gamboa ofreció que íbamos a instalar una comisión de trabajo con los senadores Gerardo Sánchez y el senador Cota, y las organizaciones campesinas, así como el senador Isidro Pedraza y el senador Fidel Demédicis.
Hasta el momento no se ha cumplido ese ofrecimiento de parte del coordinador de los senadores del PRI y seguimos en espera todavía de poder lograr que la opinión de las organizaciones campesinas sean tomadas en cuenta en los términos que ya expresó el compañero José Durán.
También ofreció que íbamos, que él iba a gestionar una reunión con el secretario de Energía para que pudiéramos aclarar todas las dudas respecto a estas iniciativas para la generación de energía en nuestro país.
Desde la óptica de las organizaciones campesinas, los mexicanos no podemos darle una mordida una roca que contenga oro, plata o carbón, tampoco respiramos gas y mucho menos bebemos petróleo.
El artículo cuarto constitucional y la fracción 20 del 27, establecen el derecho a la alimentación para todos los mexicanos y la obligación del Estado para garantizar ese derecho. Por eso pensamos que esta ley o estas leyes reglamentarias atentan directamente contra el derecho a la alimentación al declarar como prioridad la generación, la transportación y todo lo que tenga que ver con explotación energética en nuestro país, incluso sobre la producción de alimentos, la captación y cosecha de agua y la generación de oxígeno para poder reproducir la vida humana y toda la vida en nuestro país.
En virtud de ello, estas organizaciones hemos decidido, no solamente colocar las propuestas para que pueda modificarse el dictamen de las leyes energéticas, sino también hemos convocado a la conformación de comités de defensa del territorio en todos los ejidos y comunidades del país. Porque no vamos a permitir, que lo sepan bien los señores senadores del PRI y del PAN y que lo sepan bien las empresas extranjeras, que no vamos a permitir la entrada, ni a explorar ni a explotar ni a depredar nuestros recursos naturales en nuestros territorios.
Y desde hoy estamos convocando ya también a una gran movilización campesina en todo el país y en la Ciudad de México el día 23 de julio, el miércoles 23 de julio, para responder desde el campo, desde las zonas rurales con nuestra más enérgica protesta y exigiéndole al presidente de la República que cumpla su palabra que ofreció el cinco de marzo en Colima cuando anunció la reforma del campo.
Si no se retiran estos criterios, las organizaciones vamos a reflexionar seriamente si vale la pena o no firmar un acuerdo político con el presidente de la República para la reforma del campo a la que nos está convocando.
Eso es lo que queremos dar a conocer, nuestro más enérgico rechazo a los términos en los que se han planteado las leyes reglamentarias de la Reforma Energética.
Muchas gracias.
Isabel Cruz, (IC): Mi nombre es Isabel Cruz, soy representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito.
El día de hoy estamos entregando a los señores senadores un análisis del dictamen aprobado para la Ley de Hidrocarburos con la propuesta de reformar, de modificar en el Pleno algunos aspectos lesivos para el movimiento campesino, para la propiedad social de la tierra.
En primer lugar estamos sumamente preocupados porque este dictamen desaparece los instrumentos de Estado para regular derechos como la presencia de la Procuraduría Agraria y de los trámites de derechos agrarios.
La gran mayoría de los ejidos y comunidades no tienen regularizados los derechos agrarios, así que los procedimientos establecidos en el dictamen que se va a discutir en el Senado va a profundizar el despojo de manera legal.
Esta ley es el inicio del despojo masivo pero legalizado, existen tres propuestas muy fuertes que estamos haciendo.
La primera es el derecho a la consulta previa informada y libre para decidir sobre los territorios indígenas; la segunda tiene que ver con los salvaguardas porque esta ley tal como ha sido redactada elimina cualquier protección al medio ambiente, a los recursos naturales, al uso del agua y establece prioridad por sobre cualquier derecho a la alimentación o a la producción agrícola a hacer que las propias empresas presenten sus dictámenes de daño ambiental, lo cual es absolutamente rechazable e inaceptable para un país con la biodiversidad que tiene México, que es el cuarto país de mayor biodiversidad mundial.
También estamos proponiendo que exista el derecho a decir “no”, es decir si una vez que las comunidades han sido consultadas deciden decir “no”, se van de ese territorio, no dejan sus tierras en manos de transnacionales, que pueda ser respetado este derecho a no permitir el uso de las tierras y territorios indígenas para la introducción de compañías trasnacionales.
Éstas son las principales propuestas, el derecho a seguir produciendo alimentos y una alarma respecto al contenido de esta ley que estable la práctica desaparición del Estado en los territorios donde entren empresas trasnacionales, dejándoles a éstas elementos de decisión en torno a la vivienda, a la salud y aspectos que son derechos constitucionales de los ciudadanos y que en estos casos en esos territorios se va a permitir a las empresas que sean administradoras de los mismos.
Finalmente queremos decir que estas propuestas son resultado de un análisis del dictamen discutido en la Cámara de Senadores y esperamos que puedan ser tomadas en cuenta en la discusión del pleno para reducir los efectos negativos que tiene esta ley en contra de los derechos agrarios y los derechos culturales de los indígenas y campesinos de México. Muchas gracias.
Isidro Pedraza Chávez, (IPC): Gracias, compañeros y compañeras de los medios y compañeros de las organizaciones trabajadoras campesinas.
Miren yo sólo quiero puntualizar muy breve, porque quiero que ustedes les hagan pues las preguntas pertinentes a nuestros compañeros que podrán contestar que este paquete de iniciativas en materia energética están plagadas de mentiras, están plagadas de engaño y que esto no va a permitir en ningún caso que se cumpla las ofertas que se están haciendo.
No va haber empleo, no va bajar el precio de las gasolinas, no va a bajar el precio del Diesel, no va a bajar el precio de la electricidad, no va a haber una mejora fundamentalmente del pueblo, va haber una mejora de los empresarios que van a llegar a saquear a nuestro país y nuevamente contrastando en otra de las mentiras que ahí vienen donde no se a afectar la propiedad social, es una transversalidad en el conjunto de leyes, en la de Hidrocarburos, en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en los órganos reguladores tiene las facultades, en la Ley de Geotermia, están estableciendo como prioridad que la extracción de hidrocarburos y de la industria petrolera es estratégica, es estratégica para el país y por lo tanto puede, con base en la declaratoria de causa de interés social, expropiarse los predios de comunidades indígenas y de compañeros también pequeños propietarios, no solamente de los indígenas.
Por eso es la molestia y por eso es la denuncia y por eso es la oposición reiterada y firme de la bancada del Partido de la Revolución Democrática.
Está ya incorporada con nosotros la senadora Lorena Cuéllar, del estado de Tlaxcala.
Y en el grupo parlamentario no va haber ni un solo voto a esto y que queremos decirles que los esperamos en el mes de junio en la consulta popular donde el pueblo va a poder derrocar esta contrarreforma que se intenta imponer desde el palacio legislativo, y donde la presidencia de la República, y donde el palacio del Poder Legislativo se ha convertido solamente en un órgano supeditado al Ejecutivo y va a ser el pueblo en las calles quien va a derrocar este intento de traición a la patria, muchas gracias compañeros.
FDH: Compañeros de la prensa hacemos desde esta tribuna un llamado a la cordura a los senadores del PRI y del PAN para que reflexionen , le hacemos un llamado al senador Gamboa que le dio su palabra a los compañeros dirigentes campesinos en presencia del senador Isidro y su servidor y dijo que efectivamente, como lo dijo el compañero Max, habría una reunión con nuestros homólogos que son parte de las comisiones que tienen que ver con el campo con el compañero Humberto Cota quien es presidente de la Comisión de agricultura y con el compañero Gerardo Sánchez que todos ustedes saben que es compañero de la CNC en el país.
También déjenme decirles que el tres de julio en una cena ahí en la embajada de Estados Unidos coincidimos con el dirigente del PRI y con el senador Gamboa y ratificaron este compromiso, es decir ésta es una cuestión que tiene que saber el pueblo de México para que desmientan o asuman esos compromisos y podamos dar una salida viable al país salvaguardando los intereses de nuestra patria y sobre todo y sobre todo salvaguardando las tierras para que se utilicen en lo que tienen que utilizarse, en la producción de alimentos y las que tengan que utilizarse para el tema de hidrocarburos, bueno que los campesinos sean parte y tengan ganancia no como hasta el día de hoy queden en la miseria y con el medio ambiente totalmente desbastado.
Si hay preguntas, las contestarían los compañeros dirigentes.
Pregunta, (P): Muy buenos días.
De acuerdo con las negociaciones de este fin de semana, tanto el Gobierno federal, como el PAN y el PRI han acordado que, en este tema en particular, los dueños de las tierras van a ser una especie de socios de las empresas petroleras, para que les entreguen al menos el uno por ciento de la ganancia neta que obtengan de esta industria a cada uno.
Y por otro lado, ya quedó firme que no habrá expropiación, sino derecho del Estado a ocupación temporal pero con la garantía de que no haya daños a la propiedad para que pueda seguir siendo productiva.
La pregunta es si estos dos puntos consideran ustedes que son positivos o pese a esos dos puntos la posición de ustedes se mantiene irreductible de que no van a ceder en este punto.
Gracias.
Alfonso Ramírez Cuéllar, (ARC): Bueno, están modificando el concepto de expropiación, según hemos sabido, por el de ocupación temporal. La temporalidad es indefinida, es decir puede ser a perpetuidad que al final de cuentas no es otra cosa más que la expropiación plena y completa.
Es decir, ese cambio de nombre, esa denominación distinta no satisface en lo absoluto la exigencia que nosotros estamos planteando.
La exigencia es muy clara, se tiene que respetar la legislación en materia agraria porque no puede ser suplantada ni por la legislación mercantil ni por la legislación civil, tiene un lugar especial la legislación y los derechos agrarios en nuestra constitución, producto de muchos esfuerzos y de mucha lucha.
Entonces esto no resuelve el problema principal que estamos planteando, porque pueden dejar las tierras ya cuando hayan depredado absolutamente todo, se hayan acabado el bosque, se hayan acabado el agua y se hayan acabado toda la riqueza del subsuelo, es decir, entregarán tierras muertas, inservibles totalmente.
El otro problema que vemos es el carácter de orden y utilidad pública quiere decir que está por encima, primero la actividad de hidrocarburos, segundo la actividad minera y después absolutamente todo lo que sobre, la actividad agrícola, la actividad turística, absolutamente todo después de la actividad de hidrocarburos y de la actividad minera.
¿Qué es lo que está pasando?, que vamos a ver en estos momentos una reducción significativa de la superficie destinada en estos momentos para la producción de alimentos, es decir se va a compactar, se va a reducir, se va a restringir la cantidad de hectáreas que en estos momentos se usan para producir frijol, para producir hortalizas, para producir maíz, todos los granos básicos verduras y todo lo demás que es necesario para la alimentación del pueblo de México.
Otro problema importante dado que la disputa es por la profundidad del mar y la disputa es por tierras donde hay gas y donde hay petróleo, el mecanismo usado para toda la región donde supuestamente hay gas, que es la parte norte del país, es donde se encuentra la mayor cantidad de acuíferos sobre explotados.
Tenemos 160 acuíferos en el país, 111 muestran ya niveles demasiado grandes de sobreexplotación.
La forma que van a utilizar para triturar las rocas y sacar gas es la inyección de agua y de líquidos químicos y esa agua que se usa en la actualidad para la agricultura y para la producción de alimentos es un agua que va a cambiar significativamente su uso porque se va ahora para la producción de gas.
Y el otro grave problema sobre todo en materia de la legislación eléctrica es que los privados se les está dando la capacidad para que vayan ante la Comisión Federal de Competencia Económica y denuncien las prácticas anticompetitivas de la Comisión Federal de Electricidad.
Es decir, un privado ya ha alcanzado la posibilidad de producir, comercializar y vender energía eléctrica, podrá ir ante la Cofece a denunciar a la Comisión Federal de Electricidad por prácticas anticompetitivas por los subsidios. Recordemos que hay subsidios en tarifa de uso doméstico, recordemos que hay subsidios en tarifa de uso agrícola y esto significará las bases para denunciar al Estado mexicano, a las empresas del Estado como precios depredatorios y una actividad completamente anticompetitiva, es decir es una decisión de ir a denunciar el subsidio y la posibilidad de tarifas más baratas, tanto para el uso doméstico como para el uso de la agricultura mexicana.
Es decir, menor cantidad de tierra, una disminución significativa del agua para producir alimentos, porque ahora se traslada directamente a la producción de gas un encarecimiento para las tarifas sobre todo de energía para uso de riego y esto quiere decir mayores costos de producción y un precio mucho mayor a los consumidores de los alimentos.
A nosotros no nos satisface el cambio, lo que debemos dejar absolutamente claro, no nos satisface el cambio de expropiación a ocupación temporal, es la misma gata no más que revolcada es tratar de querer lavarse las manos porque al final de cuentas lo que quieren es instaurar un mercado de tierras sobre la base de la ley de la selva donde solamente unos pocos establezcan el precio sin ninguna regulación, le paguen lo que quieran a los agricultores porque al final de cuentas el procedimiento sigue siendo el mismo.
El convencimiento, que quiere decir yo te ofrezco el dinero, luego viene la decisión de un juez administrativo para imponer la servidumbre y después viene la ocupación temporal, es absolutamente lo mismo que ya habían establecido los dictámenes pasados, no absolutamente ningún cambio de fondo, ningún cambio real.
P: Perdón, y sobre ese asunto de distribuir el uno por ciento de las ganancias.
JD: Bueno, contesto puntualmente los dos señalamientos de la compañera. El asunto central en esta discusión es: ¿el Senado de la República va a respetar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no?, ése es el elemento central.
El régimen de propiedad agraria en nuestro país contempla desde luego la expropiación con causas de utilidad pública perfectamente establecidas y un procedimiento expropiatorio que incluye el convenio de ocupación previa para convenir la disposición de las tierras, antes de concluir el proceso de expropiación.
Eso está perfectamente contemplado en la Ley, también está la conversión de la tierra social a través del proceso de dominio pleno, de la adopción de dominio pleno para convertirla a régimen de propiedad privada y disponer en función de ella con otra forma de atención jurídica de la tierra.
Pero aquí el asunto es que el Senado de la República cumpliendo instrucciones del Gobierno Federal, está intentando dejar de lado todos estos procedimientos ya establecidos en la Constitución y en las Leyes secundarias, e imponer una forma que viene de la legislación civil, para evitar la compra y evitar el procedimiento de expropiación que implica la indemnización de la tierra y de los bienes distintos a la tierra.
Es decir, no quieren cumplir la Constitución porque no quieren atravesar estos procedimientos, para llegar a un convenio de ocupación previa o a una forma de disposición que respete íntegramente la propiedad de la tierra y que utilicé los elementos que hoy existen en la Ley.
Sí el presidente quisiera atenerse al respeto de la Constitución, debería de ir a proponer modificaciones a la Ley Agraria o a la fracciones sexta y diecinueve del artículo 27 constitucional, para que en el marco del respeto a esta legalidad pudiera encontrarse formas de convenir el desarrolló con el uso de la tierra social.
Pero lo más fácil para este gobierno y para la mayoría del Senado “aplastabotones”, es disponer directamente de la tierra, sin ocuparse de los procesos de expropiación, sin negociar a través de la ocupación previa, e ir imponiendo una legislación distinta, donde la ley se compra o se utilizan supletoriamente mecanismos que llevan a la indefensión jurídica de los sujetos agrarios.
Éste es el asunto central en la primera parte de la pregunta, ¿se respeta la Constitución o se violenta? Y el presidente incumple su palabra.
Segundo, el Convenio 169 en materia de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de tierras de propiedad comunal no sólo de ejidos y comunidades, sino de cualquier forma de propiedad comunal, establece con toda claridad que deben ser los propios sujetos de las propietarios de las tierras los que debatan el tipo de desarrollo regional que queremos.
No se trata de poner a disposición nuestros bosques, nuestras aguas, nuestros ríos, nuestras tierras con recursos del subsuelo sin que exista una propuesta de desarrollo regional de las comunidades.
En ese sentido lo primero que tenemos que hacer es consultar y ponerse de acuerdo con los propietarios de la tierra para la forma de utilización del recurso natural que exista ahí, en su propiedad, para que genere el desarrollo necesario y no se lleve a la depredación a la desaparición de toda la actividad productiva que tenemos.
Si primero nos ponemos de acuerdo en eso, sería muy fácil definir qué porcentaje corresponde a las comunidades para aprovechar el recurso y ser parte del negocio y de la posibilidad de desarrollo del país.
El problema es que esto no lo están haciendo, quieren interés, quieren imponer el interés público, quieren tener… imponer sólo el interés de las empresas y disponer de los recursos y darnos las migajas que nos han dado siempre a quienes somos propietarios legítimos de esta tierra.
No porque la hayamos comprado, porque fue el proceso revolucionarios de 1910 el que dio las posibilidades para el reparto agrario y el proceso de Reforma Agraria que hasta hoy no ha concluido. Ese es el asunto central.
Los porcentajes los podemos discutir y nos parece una visión aceptable que quieran meter a los dueños de la tierra en el proceso de negocio, pero tiene que estar en el marco de acuerdos puntuales de consulta previa con los dueños de la tierra para el desarrollo de las regiones y del país, en su conjunto.
Son tres derechos los que estamos demandando puntualmente, el derecho a vivir con dignidad en el campo, y esta ley lo está violentando. Nosotros hemos producido alimentos más de 100 años en el país, y hoy queremos vivir con dignidad en el campo mexicano, ese es el primer derecho que reclamamos.
El segundo derecho es a producir los alimentos del país, los consumidores, los mexicanos, todos ustedes que comen lo que producimos en el campo, deben defender el derecho de los campesinos mexicanos a que nosotros sigamos produciendo los alimentos que el país necesita.
Para ello requerimos políticas públicas adecuadas y estabilidad en el país, y regulación en el mercado y su reordenamiento.
Tercer derecho, tenemos pleno derecho quienes vivimos en el campo a ser parte del desarrollo de la economía de todo el país, no pueden dejarnos de lado nuevamente, no pueden usarnos nuevamente como proveedores de la materia prima de los recursos naturales sin que seamos parte del desarrollo pleno del país.
Ésos son los tres derechos que reclamamos con toda puntualidad y que este Senado esta violentando y en consecuencia le vamos a responder como se merece, el 23 de julio está convocada nuestra gente para la defensa de la tierra y para valorar la firma de un acuerdo marco para la Reforma del campo.
Si el presidente violenta estas condiciones tendremos que ir a una etapa de resistencia a convocar a la gente a defender su tierra, sus recursos naturales y sus derechos que no van a ser conculcados por una bola de Senadores insensibles.
Gracias
P. Sí, quisiera saber si ya tienen ya también un postura definida sobre otros puntos que son preocupantes, como es el artículo 33 de órganos regulados que le da a las transnacionales el derecho de que junto con la concesión o contrato que les den vienen la declaración de utilidad pública para que se apoderen de las tierras.
Y otros más en la Ley de Geotermia, lo que se refiere al agua que también es de utilidad y tiene prioridades sobre todo.
Y otra pregunta quisiera saber sí hay la posibilidad de una convergencia con las organizaciones oficiales del sector, la CNC por ejemplo para una defensa conjunta de este tema.
MC: Bueno desde luego le hacemos un fraternal llamado al senador Gerardo Sánchez, en su calidad de presidente de la CNC, a que se ponga del lado de los campesinos en esta causa y no se ponga del lado de los intereses de las trasnacionales.
Esperamos ver a la CNC marchando con nosotros el día 23 de julio, como marchó el 31 de enero del 2003 cuando logramos el acuerdo nacional para el campo en el sexenio de Fox.
Ubicamos también que con este texto el Estado Mexicano está abdicando de sus responsabilidades y le esta transfiriendo la representación del interés público a las transnacionales, ahora resulta que si tengo la concesión, minera, petrolera o de gas, yo represento el interés público como empresa transnacional y por lo tanto puedo hacer esa ocupación previa entre comillas.
Lo interesante aquí es que las organizaciones, los pueblos, no vamos a permitir que nuestras tierras, nuestros territorios se conviertan en campos petroleros, antes se van a convertir en campos de batalla eso les aseguro.
Sobre el tema de las regalías que propina el jefe Diego a su bancada panista en un artículo recientemente publicado, nosotros pensamos que primero debe legislarse sobre la consulta previa, libre e informada de los pueblos para estos mega proyectos y otros, no sólo los energéticos.
Y sí tenemos esa legislación que haga valer ese artículo del Convenio 169 de la OIT y si los pueblos aceptan esos mega proyectos energéticos o de otro tipo, entonces y sólo entonces podría hablarse de negociar un porcentaje de regalías de las ganancias que habrán de obtenerse de ese patrimonio de la Nación.
Por esa razón pensamos que todavía hay tiempo para que los senadores reflexionen, para que no aprueben algo de manera atropellada que más que ayudar a la Nación la puede convertir en un polvorín.
Apelamos a la responsabilidad de la fracción parlamentaria del PRI, del PAN y de otras pequeñas fracciones con las cuales podrían tener mayoría, para que se dé verdaderamente un diálogo de frente con las organizaciones campesinas indígenas y que podamos encontrar una legislación que realmente respete los derechos de los pueblos, los derechos de los ejidos, los derechos de nuestro pueblo.
Muchas Gracias.
FDH. Muchas gracias.
El voto del PRD ya lo conocen, si insisten en esa posición, todos los votos del PRD van a ser en contra y entonces los responsables de que el país entre en una ruta que no sabemos dónde va a parar, pues lo decimos públicamente, es el PRI, el PAN y Partido Verde Ecologista.
Muchísimas Gracias
