Intervención en tribuna del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD,para hablar sobre la detención de Humberto Moreira Valdés.
Luis Humberto Fernández Fuentes, (LHFF): Buenas tardes, con su venia, sus señorías.
La detención de Humberto Moreira en el aeropuerto de Barajas, fue inesperada, pero a nadie sorprende por los antecedentes de los procesos seguidos a sus cómplices y secuaces en los Estados Unidos y la amplia cobertura que ha tenido en los medios.
El imputado o el investigado Moreira, en lo sucesivo me referiré a él, para evitar adjetivos que prejuzguen sobre su calidad jurídica o personal, fue detenido por el gobierno español por blanqueo de capitales, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho, no por el tema de la deuda, dicho sea de paso, y se suman a los investigados en Estados Unidos por una red de desfalco de fondos públicos y también por lavado de dinero que supuestamente operó en el Estado de Coahuila.
Nadie se puede sorprender. Es público y conocido, como se señalaba, la deuda del Estado que subió de algo así como 25 millones de dólares al inicio de su gestión a los 2 mil 500 millones de dólares al final con algunos de estos créditos obtenidos presumiblemente con documentos falsos.
A nadie sorprende que fue exonerado aunque después una corte en Texas involucró al imputado Moreira en operaciones de lavado de dinero, a través de prestanombres.
A nadie le puede sorprender que en 2013 la revista Forbes posicionó a Moreira en el número siete de las personas más corruptas de México.
A decir del diario El País, el gobierno del hoy imputado Moreira “pasó del populismo a la cleptocracia”.
Tampoco es de sorprender que la acción contra la corrupción y el delito, nuevamente, hoy viene del exterior.
Todo el mundo lo sabe: primeras planas de periódicos nacionales, consignados y procesos en Estados Unidos; pero las autoridades mexicanas son ciegas, cómplices o incapaces.
Los procesos contra Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno de Moreira, sobre Jorge Juan Torres López, ex gobernador interino y actualmente prófugo de la justicia de Estados Unidos, muestran la incapacidad de atraer y sancionar delitos de corrupción a estos niveles.
En México se le exonera, mas no se les juzga, no ha llegado a juicio, sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos los acusan de abrir y utilizar cuentas bancarias en Texas para mandar dinero a las Bermudas, fondos sustraídos, presumiblemente a partir de la investigación realizada, de la tesorería de Coahuila, y además de eso, el Procurador Federal para el Sureste de Texas los acusa de conspirar para lavar dinero y defraudar al banco JP Morgan.
La gran paradoja: el mundo lo denuncia, el mundo actúa, el mundo los señala y para las autoridades mexicanas: es invisible, solo por omisión por incapacidad o complicidad podemos explicar la falta de acción. Es vergonzoso que en el mundo se combata más la corrupción en México, que en México mismo. En México, en este rubro no pasa nada.
El mundo lo vio. Los principales periódicos cubrieron la noticia, La Vanguardia y el País, el The Daily Mail, la BBC y el Washington Post y el New York Times, por mencionar algunos. Pero todo eso no ha bastado para que se active una investigación en México.
El caso del imputado Moreira es la prueba de la incapacidad del Estado para combatir la corrupción.
Pero no es un caso aislado, hay un problema de corrupción y complicidades en los gobiernos estatales. Quiero ser muy claro no voy a generalizar. Hay gobernadores y ex gobernadores que hoy tienen actividad pública o privada intensa, que viven en la serenidad de la paz de la conciencia, que no ocupan exilio, beca, amparo o redención.
Pero quiero hablar de los otros, quiero hablar de los bribones, porque también hay gobernadores cuyas fechorías son de todos conocidas, sin que haya una acción del Estado. De 2000 al 2013, fueron exhibidos 71 casos de corrupción de 41 gobernadores, de éstos, sólo cuatro fueron castigados; según el informe del IMCO.
Y cuando menos hay cuatro que fueron procesados penalmente en Estados Unidos. Y otros cuatro que tuvieron procesos penales en México y podemos pensar por lo menos en un par más de los salientes y en un par más de los actuales que en su destino probablemente tengan algún tipo de reclusión.
Debemos guardar cuidado del mensaje que le mandamos a una sociedad con una fe en las instituciones menguante y que casos como el del imputado Moreira ayudan a formar esta opinión en la ciudadanía.
¿Qué se les va a decir?, ¿que seamos pacientes?, ¿que tengamos fe en que el imputado Moreira es un hombre de honor y de bien?, ¿acaso caeremos en la apología de su “buen gobierno”? macarela de argumentos frente al tiburón de la realidad.
¿Qué se siembra con un silencio cómplice o con alguna pirueta retórica?
Siendo pragmáticos, ¿qué sentido tiene la apuesta de tamizar, mirar a un lado o esperar la explicación convincente que se sabe que no va a llegar?
¿Esperar a que se pase? Todavía falta mucha información que los cómplices Javier Villarreal, Jorge Juan Torres López y Vicente Chaires están en proceso en Estados Unidos van a arrojar más información sobre el tema.
¿Qué se avanza en una solidaridad que toca las mismas notas que la complicidad?
La esencia de estos males, está en la incapacidad de reconocer la maldad en el compañero, de creer, de tener fe, de adoptar como principio que la militancia redime y es el bálsamo contra los delitos.
Es de destacar la presencia de voces sensatas y brillantes como la de Doña Beatriz Pagés que en el caso dijo “la primera definición debe estar del lado de la ley”, creo que hay que hacerle caso.
La única respuesta a la ciudadanía, y con eso concluyo y le agradezco la flexibilidad, la única respuesta a la ciudadanía hoy es la acción para la justicia. No se trata de buscar sangre o revancha, es simple y llanamente no ser omisos frente a una realidad que el mundo nos muestra.
Lo único que queda es una investigación objetiva y responsable en México que hasta hoy no la hay.
No hacerlo no solo sería una vergüenza.
Por eso exhortamos a la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y la Secretaría de la Función Pública a que investiguen estos hechos probablemente constituyentes de delito, también habría que investigar por qué no fueron investigados con toda esta evidencia que ha sido mostrada.
Que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue la red de manejo de recursos de Humberto Moreira, sus alcances, cómplices y la ubicación actual de dichos recursos.
Por la salud de la República, este Congreso debe ser claro y debe tener un compromiso de combatir la corrupción, el endeudamiento irracional y el lavado de dinero.
Es cuanto, muchas gracias por la flexibilidad, señor presidente.
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