Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021.
Es un derecho de los ciudadanos, es un derecho de los ciudadanos que deben de ejercer y no debe de publicarse aquí. Con su permiso presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, senadoras y senadores.
A nombre del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiero externar mi agradecimiento a las comisiones dictaminadoras, por darle trámite legislativo a esta propuesta de gran importancia en el contexto actual.
Hoy, la inmunización y el seguimiento de las medidas de cuidado contra el COVID-19 son esenciales para la nueva normalidad y para retomar plenamente las actividades que se habían restringido. Por ello, habíamos puesto atención al fenómeno delictivo en torno al crecimiento del mercado negro de vacunas y medicamentos para combatir la pandemia.
En este marco, una investigación reciente de Samantha Pérez, publicada en Nexos, da cuenta que el tráfico de equipo médico y de medicamentos, incluyendo productos sin registro y falsificado, ocupa un lugar central en la diversificación de la actividad delictiva de las organizaciones criminales.
Según la UNOCD, ante el aumento de la demanda debido a la pandemia, se reportaron diversos casos de tráfico de equipo médico y de medicamentos robados, sin registro y falsificados en diversos países.
En México, se detectó que un mercado ilegal de vacunas contra el COVID-19. De acuerdo con esta investigación, existe un grupo delictivo que es el principal responsable que trafica con fármacos ilegales en Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Asimismo, del crecimiento internacional de este mercado criminal han dado cuenta diversos organismos como la Agencia Europea de Medicamentos o Interpol, por mencionar algunas.
También, este ilícito lo han denunciado empresas como Pfizer, que hace unos días reveló la sustracción ilegal de documentos estratégicos con información valiosa sobre su vacuna contra el COVID-19.
Por ello, este dictamen tiene plena vigencia y pertinencia, ya que creamos un nuevo tipo penal y agravantes para quien sustraiga de forma indebida una o más vacunas del Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de Vacunación Universal o que sean destinadas a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación.
Así, para combatir este potencial nicho delictivo, se establece una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 3 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y una pena de 5 a 15 años de prisión si se trata de una persona servidora pública.
Además del robo de vacunas, existen insumos que son esenciales para afrontar la pandemia, y que son utilizados tanto en instituciones públicas, privadas, así como en el hogar. Por ello, celebramos que también se castigue el robo de estos insumos, por ejemplo, los cilindros o tanques con oxígeno medicinal, que se encuentran dentro de la clasificación de “ayudas funcionales”.
De acuerdo con la Fracción II, del Artículo 262, las “ayudas funcionales” son aquellos dispositivos destinados a sustituir o complementar una función, un órgano o un tejido del cuerpo humano.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vamos a acompañar los esfuerzos del gobierno por lograr la mayor cantidad posible de mexicanas y mexicanos vacunados, para que no digan que estamos a favor de nada y en contra de todo, queridas amigas y amigos.
Así mismo, queremos cumplir con nuestra obligación de dotar y proponer instrumentos que ayuden a combatir la criminalidad que ponga en riesgo esta tarea. De esta forma reitero el acompañamiento de estas propuestas con la que buscamos proteger a las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
