Contener salarios y reducir el consumo de la población ya no puede ser el ancla de la inflación. Esta política ha sido repudiada por Canadá y Estados Unidos.
El año que terminó tuvo la inflación más alta de los últimos 16 años: en 2016 cerramos con una inflación de 3.47%, y aún más baja fue la del 2015 que fue de apenas 2.13 por ciento.
La explicación de ese cambio abrupto se atribuye al denominado “gasolinazo” de enero de 2017, que significó un incremento de precios de 1.71% en energéticos, el cual en 2016 fue sólo de 0.24%, es decir una diferencia absoluta de 1.5%.
También las tarifas autorizadas por el Gobierno fueron responsables por los incrementos en el transporte público, entre marzo y mayo, derivados del “gasolinazo” y explican el 1.8% del 6.69% de la inflación del 2017.
La inflación restante fue producto de los incrementos en alimentos, en específico frutas y verduras, así como en mercancías en general como alimentos procesados, bebidas, productos de salud y belleza entre otros.
En este año electoral la preocupación del gobierno es impedir otro “gasolinazo” a toda costa. Para ello está manejando el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) de cuatro pesos por litro, que el gobierno no está aplicando en su totalidad y mueve de forma discrecional para evitar el alza en el precio del combustible.
Si su apuesta es mantener el precio de la gasolina cercano a como estuvo en enero del 2017, es decir 16 pesos por litro, entonces la inflación en gasolina en términos anuales podría ser lo más cercana a cero, posibilitando que la inflación baje a 4.50 – 5.50 por ciento.
Esto se dará siempre y cuando no se complique con otros rubros, pues sabemos que México es dependiente de precios de alimentos y materias primas a nivel mundial, y por lo tanto del incremento del tipo de cambio con relación al dólar.
El aumento de tasas de interés también presionará los precios ya que México deberá aumentar su Tasa Libre de Riesgo en la medida que la FED aumente las propias a lo largo del año.
La inflación tendrá también un componente y consecuencias de tipo político: el mayor riesgo será el tipo de cambio dólar–peso por la incertidumbre que pueda generar la renegociación del TLCAN.
Para el segundo trimestre, las elecciones presidenciales de julio seguramente también presionarán en el tipo de cambio. El castigo que resentirá la población en su poder adquisitivo será determinado hasta saber cuánto subirán los sueldos y salarios.
Si lo hacen por encima de 5%, monto que no compensará el poder adquisitivo, la inflación tardará más en bajar al nivel que se ha fijado como meta el Banco de México: 4%.
Si los salarios aumentan hasta 4%, entonces la inflación sí puede decrecer, pero hasta después de la elección. Y entre la segunda mitad de 2018 y el primer semestre del 2019 la contención salarial será de nuevo el mecanismo para bajar la inflación y preservar la estabilidad financiera.
Contener salarios y reducir el consumo de la población ya no puede ser el ancla de la inflación. Esta política ha sido repudiada por Canadá y Estados Unidos y se ha convertido en un escollo para la renegociación del TLCAN, además de ser la principal muestra de una política fallida del actual modelo de desarrollo económico que impide un sano mercado interno.
Además, que en un año electoral la población en general reduzca su poder adquisitivo hasta en un 10% no es la mejor manera de enfrentar el cambio en México. Alguien deberá pagar ese costo político.
*Senador por el Partido de la Revolución Democrática
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/isidro-pedraza-chavez-el-costo-politico-de-la-inflacion/
