Pide PRD definir la estrategia  del gobierno de la República para impulsar la reforma migratoria con Estados Unidos


Ciudad de México, martes 10 de octubre, 2017

 

INTERVENCIÓN EN TRIBUNA

 

Pide PRD definir la estrategia  del gobierno de la República para impulsar la reforma migratoria con Estados Unidos

 

Intervención en tribuna del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para platear cuestionamiento durante la comparecencia del titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno, en materia de política exterior.

 

Isidro Pedraza Chávez (IPC): Gracias Presidente.

 

Compañeras y Compañeros.

 

Celebramos esta primera comparecencia en el tema de relaciones exteriores, porque es parte de las principales actividades de este Senado de la República, nosotros somos coparticipantes de la formulación de política exterior y creo que es muy importante y oportuna esta comparecencia, porque es necesario que incluso se profundice el diálogo con el secretario.

 

Hay veces que se apartan y se ejercen algunas posturas de carácter político que se requiere contar con consenso y respaldo de la sociedad mexicana.

 

Nuca como ahora tenemos temas sensibles tanto con Estados Unidos con el tema migratorio, como en el tema de la seguridad internacional, que el crimen organizado y el terrorismo son temas que preocupan a muchos ciudadanos del mundo.

 

La migración es tema históricamente de los más relevantes a tratar en las relaciones entre México y Estados Unidos. Recordemos que hay 24 millones de personas de origen mexicano; es decir, un 20 por ciento de la población de México que vive en Estados Unidos, son 11 millones  706 mil 191 mexicanos registrados en Estados Unidos en carácter de residentes.

 

14 millones de estadounidenses de ascendencia mexicana y 6.8 millones de mexicanos que viven sin papeles.

 

Los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, implican la construcción de lazos sociales, políticos y económicos y culturales, ya indivisibles.

 

En consecuencia, lo que sucede en materia migratoria en Estados Unidos debe ser una prioridad de Estado para México, porque de eso depende el potencial de desarrollo de más de 11 millones de connacionales.

 

Actualmente la política migratoria, conocida es de todos, se ha caracterizado por ser restrictiva y eso acota de manera progresiva los derechos sociales, económicos y políticos de los mexicanos dentro de sus fronteras.

 

El gobierno vecino ha implementado una política migratoria que se ha traducido en auténticas campañas –casi militares- contra migrantes indocumentados, trayendo como consecuencia la fragmentación de miles de familias, vulnerando principio mínimos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos.

 

Esta política antimigratoria ha sido caracterizada por los gobierno estadounidenses de Barack Obama que deportó a más de 2.5 millones de migrantes; sin embargo a partir de la promulgación de la Orden Ejecutiva sobre migración, emitida en enero por el Presidente Donald Trump, obliga a las autoridades locales a cooperar con las autoridades migratorias para ejecutar las deportaciones de más de 11 millones de ilegales, criminalizando a las personas por su estatus migratorio, y esto ya se ha potencializado en los últimos días.

 

 

Frente a este contexto las autoridades mexicanas reaccionaron de manera lenta e ineficaz y se vieron rebasadas operativamente y políticamente por el estallamiento de una crisis humanitaria manifestada en las miles de deportaciones que empieza a trabajar la  actual administración, no obstante que la administración de Donald Trump ya lo había anunciado desde su campaña a la presidencia.

 

La política de deportación no es una política nueva, la perspectiva migratoria de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama se deportó a un promedio de 250 mil mexicanos al año, y la cifra podría alcanzar los 700 mil, si el Presidente Donald Trump con el amago de deportar a todos los migrantes que no acrediten su residencia legal, continúa haciéndolo.

 

Ante esta situación y con la anticipación que el caso amerita, el gobierno de México fue reactivo y no contó con las capacidades de brindar apoyo a nuestros compatriotas.

 

La Cancillería, en primer lugar, en un acto de verdadera irresponsabilidad no analizó de manera correcta y demeritó las posibilidades reales del triunfo del candidato Donald Trump; y en segundo lugar, una vez ya consumada la victoria republicana, se minimizó las consecuencias con las que impactaría a la comunidad mexicana de Estados Unidos y la afectación  a la relación bilateral.

 

Afectaciones como las sufridas por los beneficiarios del DACA, por sus siglas en inglés, los llamados dreamers, son jóvenes que entregaron de manera voluntaria todos su información personal al gobierno estadounidense, con la promesa de respetar su estancia dentro del país, siempre y cuando cumplieran con una serie de condiciones y ahora de un plumazo, el actual presidente tendrá la posibilidad de deportar a más de 800 mil jóvenes ilegales.

 

Estamos por concluir el sexenio y a 237 días de que el Gobierno Federal cambie y frente a un gobierno estadounidense claramente adverso a los intereses de México, detállenos ¿cuál es la estrategia especifica qué implementará el gobierno de la República para impulsar la reforma migratoria con Estados Unidos?

 

En otro sentido le pregunto, sobre los derechos laborales de los mexicanos en el extranjero, ¿qué acciones promoverá el gobierno mexicano para que los derechos laborales respaldados por la Organización Internacional del Trabajo y sus principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo, sean cumplidos y respetados en todos los casos de mexicanos en el extranjero?

 

Quiero también, en el tema de Derechos Humanos, que nos informe ¿por qué no ha suscrito y cuál es el estado en el que se encuentran convenios internacionales como el Convenio 183 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. El convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad; el convenio 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades en el trato de trabajadores y trabajadoras con responsabilidad familiares.

 

El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada en materia del reconocimiento de la competencia y jurisdicción del comité; entre otros temas.

 

Y dato el tiempo que es breve, serían parte de los cuestionamientos que desde el Partido de la Revolución Democrática, le formulo señor Secretario.

 

 

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