La senadora michoacana Iris Vianey Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Alta; participó en la 3ra. Sesión de la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), en donde intervino declarando que cualquier política pública de desarrollo social debe estar basada en el atender las obligaciones que tiene el estado mexicano que promover, proteger, garantizar y respetar respecto a los derechos económicos y sociales; el derecho a no ser pobre y a la igualdad estructural lo que implica un proceso progresivo de mejora integral de las condiciones de vida de las personas, que conjuntamente con el desarrollo económico deben construir comunidades seguras en sociedades que vivan en entornos de igualdad, de no discriminación, como ciudadanos con plenos derechos.
Son interesantes las cifras y los avances que han expresado las autoridades federales, la estrategia nacional de inclusión, contiene datos alentadores, sobre todo en lo relativo a la seguridad social por la información de que ha crecido el ingreso laboral, pues es evidente que lo único que realmente mide la mejora en las condiciones de vida es el ingreso real derivado de superar la precariedad laboral y tener un salario digno, señaló la legisladora.
Asimismo reiteró que hasta el momento, los datos siguen siendo los que ha proporcionado Coneval de 46.2% de la población, categorizada en situación de pobreza extrema y moderada, y 33.4% de la población como vulnerable por ingresos y carencias sociales, y, que pese a la importancia reconocible de los programas sociales y de la estrategia nacional de inclusión aún existe el reto de elevar el ingreso laboral.
«La información de que ha aumentado en un 7.7% en relación con el aumento del precio de la Canasta Alimentaria que ha sido de 3.51%, es una noticia que despierta un optimismo moderado de que el 79.5% de la población total que vive con ingresos precarios pueda superar esta situación.»
«Si bien, la información que nos proporciona el secretario de Desarrollo Social, que en el nuevo gobierno de estado de Chihuahua, es de escucharse pues no se puede reducir el precio de la canasta alimentaria, sacrificando a los productores. Y aplaudo a la decisión del gobernador Corral de elevar el ingreso, pues ahí descansa realmente la posibilidad de dejar de ser pobres, en un ingreso digno y remunerador», expuso Iris Vianey.
Ahí mismo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado dijo que los datos sobre cuantos pesos del presupuesto que se aplica a la política de desarrollo social, son importantes, sin embargo, los datos del presupuesto del gasto programable 2017 correspondiente al ramo administrativo 20, se observa un decrecimiento gradual en términos nominales, y lo señaló de la siguiente manera:
En el 2016, bajó el presupuesto para el desarrollo social a 109 mil 271 millones, 909 mil 18 pesos en relación con los 117 mil 84millones del 2015 y ahora en 2017, nuevamente se reduce a 105 mil 287 millones, 403 mil 291 pesos.; cómo se puede pensar qué combatir la pobreza y el hambre, generar una política de inclusión, pueden combatirse si se reduce el presupuesto federal.
En las reuniones que ha sostenido la CNDS, han conocido los avances en la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), declaro que valoran como una de las acciones centrales del gobierno federal y siguen considerando que es importante una especial atención de las diversas partidas presupuestales concurrentes, para que no haya una reducción presupuestal que limite el cumplimiento de sus metas y objetivos, sobre todo para atender la violencia que se vive en muchas zonas del país, destacadamente señaló al Estado de Michoacán, entre otros con acciones para la prevención del delito; el rescate de espacios públicos, la atención a niñas, niños y adolescentes y la promoción de proyectos productivos.
Comentó además que en el Senado, hay al menos tres iniciativas que proponen la creación legal del Padrón Unico de Beneficiarios, por lo que los avances que expuso el Mtro. Iñaki sobre la Cartilla Social y el interés de lograr un cruce absoluto entre todos los programas operados por las dependencias federales y los que operan las entidades federativas, son un sustento que apoyará el eventual debate legislativo en la materia.
Respecto a los datos sobre las acciones que se han llevado a cabo sobre la inclusión social en materia de discapacidad, dijo que es uno de los temas centrales que ha estado avanzando en las tareas legislativas y que a partir de la información que proporciona el Gobierno Federal, cree ciertamente es de la mayor relevancia; el pronto avance en una base informativa propia que coadyuve a implementar más acciones afirmativas y transformativas en favor de la inclusión igualitaria y no discriminatoria, resaltó que son importantes todos los esfuerzos y acciones que sean necesarias.
«Muy interesante este concepto de la innovación social, vamos a dar seguimiento a su implementación como parte de las políticas que entendemos se desplegarán por SEDESOL, si estas nuevas formas de comunicación avanzan hacia erradicar el hambre, la pobreza, la violencia, cumpliendo la garantía de los derechos y libertades, la cohesión social y territorial y la participación social», expuso.
También dijo que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que aporta recursos a nivel local para combatir el rezago social y la pobreza a veces no se utiliza adecuadamente porque no se tiene la información y capacitación para aplicarlos, e indicó que las propuestas de que Banobras pueda capacitar, sobre todo a los gobiernos municipales sobre el uso del recurso bimestral, sí es relevante, sobre todo, como expuso el subsecretario Bejos, en los municipios más pobres para dotar de mejores instalaciones educativas y hospitalarias que tienen un impacto social estratégico, aunque no sea tan lucidor como una calle.
Culminó declarando la senadora Iris Mendoza en la 3ra. Sesión de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que hay resistencia para que se avance en legislar en la materia; sigue habiendo una valorización de quienes manejan las finanzas del país de que los recursos que una legislación en favor del desarrollo social, del combate a la pobreza y de la desigualdad estructural son menos importantes que los que se destinan a otras funciones, no hay el suficiente entendimiento de que, como declaró el secretario Luis Miranda, la gobernabilidad del país, depende de aumentar el salario, combatir el hambre, erradicar la pobreza, ofrecer salud y educación universales, es decir, apostarle al derecho de no ser pobre.
