Una de las trasgresiones especialmente delicadas para la vigencia de los derechos humanos es la práctica de la tortura y de otras conductas constitutivas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que atentan de manera directa contra la integridad y la dignidad humana. La actividad plenamente consciente de menoscabar la personalidad del individuo repercute más allá del ámbito físico corporal de la víctima y llega al punto de producirle un sufrimiento emocional, en ocasiones permanente, y las consecuencias del ilícito permean en la familia y en toda la sociedad.
La tortura ha sido reconocida por el derecho y la comunidad internacional como una violación grave a los derechos humanos. Esta afirmación llevó a que durante el siglo XX se desarrollaran varios tratados internacionales, tanto generales como específicos, que establecieran la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como otras obligaciones para los Estados con el propósito de prevenir y garantizar que no se cometieran más este tipo de actos.
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea, por recomendación del Consejo Económico y Social (decisión 1997/251), proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (resolución 52/149), con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución39/46), que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
En México se prohíbe tajantemente la tortura en todo contexto. Dicha prohibición se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diversas leyes estatales y de los principales tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de los que México es parte.
Cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (el Mecanismo Nacional), creado conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual tiene por mandato hacer visitas periódicas para prevenir la tortura en cualquier lugar de detención. Actualmente dicho Mecanismo Nacional, en México, se aloja dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 11 de julio de 2007.
Somos parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Contra la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y es parte de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
Desde la puesta en marcha del combate frontal por parte del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, decretada en diciembre de 2006 por el expresidente Felipe Calderón, trajo como resultado el incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias por autoridades vinculadas a tareas propias de seguridad pública, así como por el Ejército y la Marina.
En México, es común que se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican durante el periodo desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del ministerio público, y en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, se aplicó el protocolo de Estambul en 302 casos entre 2003 y agosto de 2012, y encontró signos de tortura en 128. Sin embargo, durante ese periodo inició solamente 39 investigaciones de tortura, y ninguna de éstas terminó en procesos en los cuales se impusieran condenas. Entre enero y septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
En 2003 el Comité Contra la Tortura, encargado de supervisar la implementación de la Convención contra la Tortura, calificó que en México la práctica de la tortura era sistemática, mientras que en 2015 el relator de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles presentó su informe sobre la visita a México al Consejo de Derechos Humanos, en la que calificó dicha práctica como generalizada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, recibió 104 quejas por tortura, y se han emitido 79 recomendaciones, sin que se cuente con información relacionada con sentencias sobre dichos casos.
El combate a la tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es una de las mayores preocupaciones de las autoridades y de la sociedad en general, por ello es fundamental realizar un esfuerzo conjunto para contribuir a que se garantice el respeto a la implementación de las normas jurídicas encaminadas a prevenir, investigar y sancionar la tortura y los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
El pasado 29 de abril del presente año, fue aprobado por la Cámara de Senadores, el decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sin embargo, su proceso legislativo se detuvo en la Cámara de Diputados y tendrá que esperar hasta el próximo periodo de sesiones para que concluya.
La existencia de un marco jurídico general constituye un componente fundamental de toda estrategia de prevención de estos delitos, ya que en el marco jurídico deber ser reflejo de las normas internacionales pertinentes de derechos humanos tendientes a prohibir y prevenir la tortura y los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. A México le urge contar con él.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República
