- La esencia de la Ley 3 de 3 es simple: que los servidores públicos tengan la obligación de hacer transparentes su patrimonio, sus intereses y sus impuestos. Tres declaraciones que en otros países son comunes, para el gobierno federal y sus aliados fue un punto intransitable, a pesar de la enorme exigencia social de avanzar en la rendición de cuentas de sus representantes y gobernantes.
Uno de los grandes males de México es la corrupción. La corrupción impide que nuestra economía crezca y que las inversiones lleguen; ocasiona que los recursos públicos se desvíen hacia fortunas particulares; se traduce en favores, “moches”, “mordidas” o tráfico de influencias. La corrupción mata cuando se vuelve negligencia o complicidad. Una Ley 3 de 3 achicada, como lo aprobó el Senado y que revisará la Cámara de Diputados, no será suficiente para combatir realmente la corrupción. Un sentimiento de insatisfacción se ha instalado entre quienes impulsamos y seguiremos impulsando el combate a este flagelo de nuestra vida pública.
El PRD propuso una reforma a fondo de la Administración Pública, de las instituciones responsables de la fiscalización de los recursos, de las instancias procuradoras e impartidoras de justicia para combatir la corrupción, e hizo suya, en todos sus términos, la Ley 3 de 3. Las razones son evidentes.
Primero, porque el combate a la corrupción es una lucha histórica de la izquierda y forma parte de nuestro programa. Segundo, porque esta iniciativa constituye el esfuerzo ciudadano más trascendente que se haya construido en contra de la corrupción. Así lo entendimos y así hemos actuado.
La esencia de la Ley 3 de 3 es simple: que los servidores públicos tengan la obligación de hacer transparente su patrimonio, sus intereses y sus impuestos. Tres declaraciones que en otros países son comunes, para el gobierno federal y sus aliados fue un punto intransitable, a pesar de la enorme exigencia social de avanzar en la rendición de cuentas de sus representantes y gobernantes.
De esta manera, los opositores a la Ley 3 de 3, primero intentaron secuestrar el proceso legislativo, después dividir a la oposición o confrontarnos con los ciudadanos promotores de la iniciativa; después, patearon el bote hacia delante para que concluyera el periodo ordinario en abril, pasaron las elecciones y llegamos al momento en que nos encontramos, con una Ley 3 de 3 que deja de lado su planteamiento fundamental.
Al gobierno y sus aliados les falta sensibilidad. No terminan de comprender el mensaje del pasado 5 de junio, cuando los ciudadanos de 12 estados manifestaron, por medio de su voto, el hartazgo a la impunidad, ineficiencia y corrupción. En estos momentos, el gobierno se inventa respuestas a los resultados electorales, cuando resulta evidente que el malestar social, el “mal humor”, se tradujo en un voto de castigo al desempeño del actual gobierno, a la impunidad y a la corrupción.
México no es un país de corruptos. La Ley 3 de 3 es el mejor ejemplo de una sociedad que busca por medio de los cauces legales, como es la iniciativa ciudadana, sanear nuestra vida pública. Se trata de un esfuerzo que no puede quedar como una simple anécdota parlamentaria.
¿Qué sigue? Primero y una vez que las siete leyes de este paquete de reformas concluyan su proceso legislativo, vigilar su estricto cumplimiento. Debe reconocerse que existen avances significativos en varios temas. Segundo, seguir insistiendo en la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los servidores públicos. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
