La semana pasada, en una reunión entre miembros del Senado y 17 gobernadores, se buscó impulsar el tema del Mando Único, o mejor dicho el tema de policías estatales únicas, como estrategia para enfrentar la ola de violencia que azota al país, desde hace varios años.
La propuesta presentada por la Conago, es la misma que hace más de un año hiciera el presidente Peña Nieto, en su poco afortunado decálogo.
La iniciativa busca desaparecer mil 800 policías municipales y concentrarlas en 32 corporaciones estatales bajo el mando de los gobernadores. Esto no sólo significaría la redefinición de lo que entendemos como municipalismo, sino que representaría un cambio en la lógica de distribución del poder en el país.
La solución que ha impulsado el gobierno federal, y que ahora retoman con insistencia la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, fue construida al vapor, como respuesta a la crisis que generó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero.
Es cierto que ese esquema de policías municipales actual tiene graves deficiencias; sin embargo, la propuesta planteada parte de una premisa equivocada al suponer que la corrupción permea únicamente esas policías municipales, y que sólo éstas son susceptibles de ser vulneradas por la actividad criminal. Basta revisar encuestas recientes para saber que los mexicanos perciben niveles similares de corrupción, en policías estatales como en municipales.
Ninguna modificación tendrá resultados positivos, si no se atacan las causas más profundas de la delincuencia. Si no se generan condiciones para combatir la corrupción, los criminales que se han apropiado de amplias extensiones del territorio nacional sencillamente trasladarán sus recursos e influencia contra los gobiernos estatales. Cuando se revisa el Índice Global de Impunidad, recientemente presentado por la Universidad de las Américas Puebla, nos damos cuenta de que esta propuesta no va en el camino correcto y carece de comprensión integral del problema. No podemos garantizar seguridad si no se modifica también la procuración, impartición de justicia y el sistema penitenciario. El índice nos indica las profundas debilidades institucionales en estas materias. Contamos únicamente con 3.5 jueces y magistrados por cada cien mil habitantes, mientras que en otros países incluidos en el estudio se tienen 16 en promedio. De cada cien delitos cometidos, sólo se denuncian 7, y de esos sólo 5% recibe sentencias condenatorias. Todo esto resulta en un apabullante 99% de impunidad.
La concentración de poder que pretenden las policías estatales únicas, sin atender cuestiones estructurales como las que comenta el estudio, puede derivar en niveles similares de inseguridad, pero aunados a mayor autoritarismo, discrecionalidad y opacidad en el manejo de recursos, con lo que habría más actos de corrupción. Hay que recordar que las partidas presupuestales en materia de seguridad han crecido de manera importante. Hoy se transfieren a municipios 6 mil millones de pesos. Si se considera que la propuesta presidencial podría costar alrededor de 18 mil millones de pesos, el resultado final será simplemente concentrar un nuevo botín, ahora para autoridades estatales e incluso federales.
En el Senado nos pronunciamos en contra de la desaparición de tajo de las policías municipales. En contraposición, presentamos una reforma que busca rediseñar a fondo el sistema policial mexicano, con un esquema de contrapesos, evaluación y rendición de cuentas. Planteamos la existencia de una institución denominada Comisión Nacional de Seguridad Pública, que se encargará del diseño de la política de seguridad, así como del reclutamiento y profesionalización de los cuerpos policíacos.
Se plantea un rango para que aquellos municipios con menos de 20 mil habitantes reciban el apoyo de la policía estatal o federal, según lo determine dicha Comisión. Asimismo, se deberán establecer nuevos criterios de seguridad social para quienes integran los cuerpos policiacos. No podemos enfrentar problemas estructurales con soluciones parciales, cosméticas o improvisadas. Hay que evitar que haya una concentración de poder que provoque que los hechos ilícitos tengan una nueva y “única” ruta de incidencia.
Si no se piensa con visión integral, se corre el riesgo de que el Mando Único, como hoy lo han planteado las autoridades federal y estatales, se traduzca en más inseguridad, corrupción y autoritarismo.
Twitter: @RiosPiterJaguar
