Por considerar que los cambios efectuados a minuta Ley Federal para Prevenir Delitos en Materia de Hidrocarburos ceden ante la presión de cabilderos de empresas, el senador Luis Sánchez Jiménez votó en contra de la misma.
Indicó que se disminuyen las penas a distribuidores y se cuela de forma subrepticia que los productos de los asignatarios, contratistas y permisionarios como de seguridad nacional, además de aumentar la opacidad.
En tribuna indicó que se aumentan las penas por sabotaje a la distribución de gasolinas más que si se tratara a la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Precisó que «lo correcto sería no tener leyes especiales y que todos los delitos estuvieran contenidos en el Código Penal».
Durante su intervención aseveró «la pregunta que debemos hacernos es, si la modificación que hizo la Cámara de Diputados de los tipos penales, no sólo se circunscribe en una mejor sistemática normativa, sino en el cambio de las sanciones y de los sujetos activos de los delitos, cambiando los objetivos para los que fue creada esta Ley por el Senado».
Agregó, «nunca se hicieron para favorecer a contratistas o concesionarios».
En su intervención, Sánchez Jiménez indicó «de la lectura minuciosa de la Minuta que nos envía la Cámara de Diputados, observamos una regla: la disminución de las penalidades que habíamos establecido aquí en el Senado».
En el caso de «ordeña» explicó que el Senado indicaba que: «Se impondrá de 7 a 14 años de prisión y multa de 10,000 a 20,000 días de salario mínimo vigente».
Los diputados proponen de 4 a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos al arrendatario, propietario o poseedor, o a quién se ostente como tal, de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina».
Sánchez Jiménez explicó que sobre corrupción de servidores públicos, el Senado imponía prisión de 4 a 7 años de prisión y una multa de 4,000 a 10,000 días de salario mínimo vigente.
Diputados «devolvió» que «se sancionará de 1 a 5 años de prisión y multa de 4,000 a 7,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente».
Con lo que dijo es evidente que bajaron penas.
Durante su exposición añadió: «lo que es inexplicable, es la adición del artículo 23, dentro del título cuarto relativo a la Prevención. Una adición que subrepticiamente introduce el concepto de información en materia de seguridad nacional. Sirve proteger a las empresas. Cede hasta la ignominia».
Enfatizó: «por supuesto que la información estratégica sobre los hidrocarburos de México es de seguridad nacional, pero la relativa a los hidrocarburos que administra el Estado Mexicano, no aquella relacionada con asignatarios, contratistas o permisionarios».
Tendremos penalidad de 40 años para aquel que entorpezca la distribución de hidrocarburos.
Este artículo, indicó el Senador Mexiquense, «amplía la opacidad que ya vivimos en materia energética en México, a pesar de que se le adicionó un párrafo final que establece que será sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública».
Sánchez Jiménez dijo, «la adición que se propone al artículo 140 del Código Penal Federal es de tal ambigüedad, que veremos a muchas personas tras las rejas por la imprecisión de lo que ahí se advierte, que no está relacionado con la finalidad del artículo hoy vigente».
Se está cediendo a empresas privadas la reserva de información sobre sus actividades, concluyó.
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