La ley reglamentaria en materia de derecho de audiencia no garantiza el debido proceso para las personas extranjeras que estén bajo un proceso de expulsión del país, sostuvo la senadora Dolores Padierna Luna.
Al manifestar su voto en contra del dictamen por el que se expide dicha ley, la vicecoordinadora del PRD afirmó que la Constitución establece el respeto al derecho de audiencia de las personas extranjera que conlleva la estricta observación del debido proceso.
Además, en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se estableció una restricción definitiva a la atribución discrecional que tenía el Ejecutivo para expulsar a los extranjeros al plantear la garantía de audiencia para dichas personas y la necesidad de un procedimiento administrativo.
“Antes de esto se recuerdan actos ominosos de acciones arbitrarias para expulsar a extranjeros”, dijo.
Dolores Padierna advirtió que el debido proceso es una disposición de las más importantes en un Estado democrático “ya que nadie debe ser privado de sus libertad ni sus derechos sin un juicio previo en el que se garantice la imparcialidad”.
Sin embargo, apuntó, la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional es omisa en esta perspectiva pues plantea como objetivo la regulación de la atribución del Ejecutivo federal sin mencionar la necesidad de preservar el derecho de audiencia para las personas extranjeras, el cual debería ser el eje central de la legislación.
La senadora subrayó que en la ley reglamentaria se establece un plazo para llevar a cabo todo el proceso de expulsión, mismo que puede operar en contra del desahogo de las pruebas de descargo que el inculpado presente.
Además, establece como medida cautelar por parte de la autoridad la prohibición para la persona extranjera de comunicarse con determinadas personas, manteniéndolas incomunicadas y violando sus derechos humanos.
Dolores Padierna destacó que en plena era de los discursos de la transparencia, la ley establece que toda la información relacionada con la expulsión de extranjeros será confidencial y reservada.
“En este ordenamiento, con tantas lagunas, contradicciones y omisiones no se cumple con el debido proceso”, concluyó.
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