Entrevista realizada al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse a la Ley Federal en Materia de Transparencia y Acceso a la Infomración.
Pregunta, (P): (Inaudible).
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Se trata de armonizar la Ley Federal en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la Ley General, que se aprobó recientemente aquí en el Senado e incorporar nuevas obligaciones a los sujetos obligados.
Creo que las principales aportaciones que se realizaron es, no solamente quedarse en lo que son las obligaciones de carácter genérico, sino establecer obligaciones puntuales a cada una de las dependencias de la administración pública federal, las que corresponden a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las distintas entidades públicas.
Creo que de los asuntos que tenemos todavía que tener mucho mayor cuidado, y que son de los temas que están todavía a revisión antes de la reunión de Comisiones Unidas mañana, es fortalecer las obligaciones de otros sujetos obligados como son los partidos políticos y los sindicatos ya que en el caso de los partidos políticos se tienen registros de carácter nacional, al igual que muchos sindicatos, son sindicatos nacionales que incorporarían a la esfera de competencia de esta legislación federal.
Y tener mucho cuidado de que no pudiéramos dar marcha atrás con lo que ya se estableció en la Ley General en Materia de Derechos Humanos y lo que es la prueba del daño, que debe quedar estrictamente en los términos que se aprobó en la Ley General para evitar que pudieran ponerse mayores restricciones.
Creo que afortunadamente la pretensión de darle más facultades al consejero jurídico para erigirse prácticamente en el abogado de la nación quedó superada, se va a quedar estrictamente como representante del ejecutivo federal y creo que son de las cuestiones que han ido allanando más el camino para construir un acuerdo.
P. ¿Cómo es esto último del caso de derechos humanos?
AER: Básicamente la discusión fue una propuesta del INAI para que pudiera resolver sobre asuntos vinculados con derechos humanos antes de que hubiera alguna resolución de la Comisión Nacional, es donde ahí ha habido un alegato de carácter constitucional sobre las facultades y competencias de cada órgano autónomo, ambos son órganos con autonomía constitucional, con facultades expresamente definidas y quien tiene la exclusividad en cuanto a la evaluación, declaración, emisión de recomendaciones en materia de derechos humanos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque por supuesto yo coincido con el INAI en el sentido de que cuando hay la presunción de violaciones graves a derechos humanos o la comisión de delitos de lesa humanidad antes, durante o después de la resolución de la Comisión, se pueden hacer requerimientos específicos de esa información.
P. ¿La ley no lo permite?
AER: No, la ley establece que no puede haber ninguna reserva en estos casos, por eso será importante, por eso el INAI demandaba esa atribución para que en tanto resolviera o no la Comisión y teniendo elementos el Instituto para presumir que se hubieran cometido violaciones graves, hacer el requerimiento de información e impedir que fuera clasificada o reservada.
P. ¿Este elemento no se incorporó al dictamen?
AER: No, ese no se ha incorporado al dictamen, fue la cuestión que más polémica causó aunque ya hemos tenido algunos antecedentes lamentables, ustedes nada más recuerden cómo el anterior presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no consideró violaciones graves las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya y fue hasta la llegada del nuevo presidente cuando se re categorizó esta situación y se reconocieron violaciones graves.
Entonces ahí hubo pues una actuación política del presidente anterior de la Comisión que estaba buscando reelegirse en el cargo, por eso esa preocupación de l INAI y que compartimos muchos.
P. Senador, el caso específico de los sindicatos también hace nuevas precisiones…
AER: Sí, bueno aquí se tiene que conjugar no solamente lo establecido en la Ley General donde ya están los sindicatos como sujetos obligados, sino también da obligaciones que se establecieron en la reforma laboral donde desde la Junta Federal y Local de Conciliación y Arbitraje debe rendir cuentas la integración de los sindicatos, la toma de nota, su padrón de afiliados, las elecciones de sus dirigentes, la firma de los contratos colectivos de trabajo y cómo se suscribieron, si hubo o no discusión sobre los mismo con los propios trabajadores y estos son los temas que tienen que adecuarse porque aquí siendo federal también la legislación laboral tiene que adecuarse de manera puntual en la materia de acceso a la información.
P. Incluyeron las otras recomendaciones que hacia el INAI, eran 10 puntos.
AER: Se incorporaron la mayoría, lo más difícil fue lo de derechos humanos, esa facultad.
P. En el caso de poder judicial es la primera vez que se hace una obligación transparentar cortes ¿no?
AER: Sí, bueno desde la reforma constitucional aunque hubo reserva en la reforma constitucional respecto a las resoluciones de la Corte que son inatacables e incontrovertibles pero los demás asuntos de transparencia, rendición de cuentas, manejo de recursos, nombramiento de funcionarios, nómina, todo tiene que hacerse público igual que cualquier otro sujeto obligado, igual que el poder legislativo o el poder ejecutivo.
P. ¿Este dictamen viene por conceptos?
AER: Todavía estamos en la discusión, va a haber incluso, acabo de enviar algunas propuestas matizando lo de partidos políticos y sindicatos, esperemos que mañana lleguemos a un acuerdo y de todos modos aunque se aprobase mañana el dictamen pues todavía el lunes podríamos continuar con la negociación y el martes en el pleno.
P. ¿En qué sentido para ser aún más profunda la transparencia en sindicatos y partidos?
AER: Básicamente para fortalecer lo que son las obligaciones específicas en su carácter de sujetos obligados.
P. Porque están muy limitadas?
AER: Sí y entonces para puntualizarlas, para que sean mucho más claras y no se quieran ineludir las responsabilidades amparándose dentro de la ley electoral corresponde al instituto nacional electoral realizar en materia de transparencia con los partidos.
P. Y por otro lado ¿qué tanto metió la mano o qué tanto presionó el consejero jurídico en este caso?
AER: Al principio pues ustedes conocieron un debate público que tuvimos y yo sé que estuvo haciendo el seguimiento pero los temas fundamentales que pretendió incorporar, eliminar o disminuir no fueron considerados.
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