México sin moches/ Excélsior


El pasado jueves aprobamos la Ley de Ingresos en la Cámara de Senadores. La parte más importante del intenso debate que dimos, considero, fue la relativa al tema de los moches. ¿Por qué?

Ese día llegamos al Senado como a las 8 am y nos encontramos en diversos medios con la noticia de que “hay 17 mil 800 millones de pesos para moches”, una cantidad de dinero que casi triplica la del Programa Nacional de Becas. Estos recursos provienen de un excedente que los diputados generaron, como resultado de un ajuste al tipo de cambio peso-dólar que se había presupuestado.

Esta revelación provocó que entráramos a la última etapa de la negociación de la Ley de Ingresos con una presunción de mal uso de los recursos públicos y, que hacía eco con la creencia de la gente de que los impuestos son para eso, para ser usados en prácticas corruptas.

Hace dos años, cuando se aprobó la reforma fiscal, fue justamente un tema así el que generó un gran escándalo frente a la ciudadanía. Algunos diputados distorsionaron la legítima facultad de gestionar recursos para sus regiones, en una práctica nociva: “los moches”; es decir, pedir dinero para fines personales a partir de etiquetar recursos en el presupuesto público”. En esta ocasión no podíamos permitir la repetición de una situación similar.

Terminamos votando la referida Ley hacia las 7 de la noche, en Comisiones. Todo el tiempo transcurrido, fue para discutir y garantizar que pudiéramos meter un artículo transitorio contra los moches. Nosotros dijimos: “En un contexto de desconfianza pública acerca de la forma en que se gasta el dinero de las y los mexicanos, no vamos a votar ninguna ley que no tenga una condición clara contra este tipo de prácticas”. Y así logramos el primer artículo antimoches.

Nuestra postura, como grupo, fue evitar que este dinero se utilizara de manera discrecional, e insistimos en que se destinara a la disminución del déficit público. Adicionalmente, para garantizar un ejercicio transparente y eficiente de estos recursos adicionales, planteamos que “la Auditoría Superior de la Federación revise, de manera directa, los proyectos de infraestructura no incluidos en el proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016”.

El asunto de los moches salió a la luz pública en la pasada legislatura, con la denuncia del entonces alcalde de Celaya, quien señaló que algunos diputados los solicitaban a cambio de la gestión de recursos. Quiero enfatizar que no se trata de un asunto de ciertas personas en específico, sino de un fenómeno que surge por el mal funcionamiento de las instituciones. Y justamente la nueva legislatura, que está iniciando en la Cámara de Diputados, abre la oportunidad de eliminar esta práctica tan nociva. Por eso celebro que la aprobación de dicho artículo se haya realizado en ambas cámaras.

Entre otros asuntos, también se aprobó pasar del 10 al 15 por ciento el límite de ingresos personales para deducir el Impuesto Sobre la Renta. Este cambio beneficia a las familias, al permitirles deducir gastos por servicios médicos, transporte escolar, intereses reales por créditos hipotecarios y seguros de gastos médicos mayores, entre otros.

Por otro lado, se realizaron cambios relativos al Régimen de Incorporación Fiscal, para que alrededor de nueve millones de pequeños empresarios tengan la posibilidad de ingresar a este esquema, y así puedan acceder a créditos para vivienda, seguridad social y servicios de salud a través del IMSS.

Otro de los puntos álgidos en la discusión de la Ley de Ingresos fue el tema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los refrescos. Se logró mantener el impuesto de un peso por litro en las bebidas con alto contenido calórico. Esta medida busca transformar la cultura alimentaria de nuestro país, que registra el mayor índice de sobrepeso y obesidad infantil a nivel mundial.

El pago de impuestos y el uso del dinero público son un tema de gran sensibilidad para la gente. La obligación de los legisladores es actuar de manera absolutamente transparente en la asignación de responsabilidades fiscales para el ingreso y el gasto del Estado mexicano. Es ahora responsabilidad del gobierno federal actuar escrupulosa y eficazmente en el uso del dinero público, cosa que en sus tres años de ejercicio no ha logrado.

APUNTE JAGUAR

La reciente aprehensión del presidente municipal perredista de Cocula, en Guerrero, es evidencia de lo que señalé hace 10 meses, cuando decliné en mis aspiraciones a la gubernatura de mi estado: la corrupción y la impunidad son graves fallas estructurales de nuestro sistema político. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las cosas de la misma forma.

Twitter: @RiosPiterJaguar