Hablar de apresurar la discusión de un nuevo marco normativo para la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es imprudente, sobre todo cuando se ignora que el contenido de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal en 2009 generó una discusión en el Congreso de la Unión a lo largo de tres años y provocó un rechazo inmediato de la sociedad civil organizada, factores que desdeñó Felipe Calderón al iniciar “la guerra contra el crimen organizado” y conducir al país a la actual crisis por violaciones de los derechos humanos y a la afectación de la imagen de las fuerzas armadas, asentó la senadora Angélica de la Peña.
Señaló que es inconcebible que apenas terminada la visita a México por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el Senado de la República se comience a hablar de una imperiosa necesidad de regular las actividades de las fuerzas armadas en seguridad pública, “cuando entre las recomendaciones preliminares que el Alto Comisionado le hace al Estado mexicano está el fortalecimiento urgente de la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en concordancia con las obligaciones de derechos humanos y la adopción de un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y su regreso a sus cuarteles”, agregó.
La senadora del PRD recordó que otras recomendaciones del Alto Comisionado fueron el robustecimiento de las Procuradurías y Fiscalías del país para asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas adecuadamente y resulten en sanciones a los responsables, y la reglamentación del uso de la fuerza pública.
Dijo que el Estado mexicano tiene vinculación con los Tratados que aprueba y las instituciones que lo conforman deben atender las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas le han hecho, “estas recomendaciones podrían convertirse en el eje rector de una estrategia efectiva y eficaz en contra de la delincuencia común y la delincuencia organizada, que coordinara los esfuerzos de todas las entidades públicas y que, por supuesto, contaría con el respaldo y colaboración de toda la sociedad”, abundó.
De la Peña Gómez enfatizó que sería insensato que el Congreso de la Unión cometiera el mismo error y pretendiera dotar a las Fuerzas Armadas de la capacidad de investigación y atribuciones para detener a presuntos delincuentes, realizar cateo se sin orden judicial, intervenir en investigaciones previas y solicitar a la autoridad judicial la intervención de comunicaciones privadas.
Explicó que: “en aquellos tiempos incluso se llegó al absurdo de proponer que las Fuerzas Armadas estuvieran facultadas para encarar afectaciones a la seguridad interior en una entidad o municipio y que las situaciones que previstas fueran sublevaciones, agresiones a altos funcionarios, actos de extorsión colectiva o hechos que pusieran en riesgo la seguridad pública del lugar”.
La legisladora apuntó que proteger y fortalecer a una institución indispensable para el Estado mexicano, como lo son las fuerzas armadas, requiere que se les retire paulatinamente de tareas de seguridad pública y paralelamente los gobiernos federal, estatales y municipales no evadan más su responsabilidad y conformen corporaciones policiacas supervisadas, capacitadas científicamente, bien remuneradas y equipadas, y respetuosas de los derechos humanos.
Apuntó que el reciente Congreso Nacional del PRD refrendó su oposición a que las fuerzas armadas continúen asumiendo responsabilidades antagónicas con su formación y disciplina, que les instruye a enfrentar al enemigo y a obedecer órdenes sin cuestionamientos; la protección de los derechos humanos en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando irrestrictamente de la autoridad civil, lo que debe discutirse es cómo asegurarlo y cómo avanzar hacia el nuevo sistema de justicia penal basado en la reinserción social y la prevención social del delito.
“Recuperar la confianza de la sociedad no se logrará con acciones de coyuntura e irreflexivas, mediáticas, sino con aquellas que se reflejen en el mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos y ello requiere que el debate cambie su enfoque hacia la seguridad humana; los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión se opusieron a aquella iniciativa de Felipe Calderón que pretendía militarizar la seguridad pública y la procuración de justicia, estoy segura que de ser necesario lo volveremos a hacer, porque somos responsables al privilegiar el interés superior de la Nación y la protección y goce de los derechos humanos”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
