En el combate a las drogas es necesario avanzar en nuevos enfoques y reorientar la visión de que es un problema de seguridad pública a una visión de salud pública, coincidieron los senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez.
Al participar en la presentación de la publicación regional El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano, el legislador del PRD aseguró que la política prohibicionista ha sido un fracaso.
Señaló que la política prohibicionista que tenía como objetivo abatir la producción, el tráfico, la distribución y el consumo de drogas en el mundo así como contener a los grupos delictivos dedicados a este tema, no logró su propósito.
Pues al paso de 50 años aumentó la producción, aumentó el tráfico, aumentó el consumo y sobre todo aumentó el empoderamiento de los grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas junto con un problema asociado al aumento de la violencia y de la violación de los derechos humanos.
“Lejos de contener el problema, hoy tenemos un problema que no solamente ha llevado a la militarización de nuestros países en el combate a la delincuencia organizada, sino que ha llevado a éste que era un problema de la salud pública, a ser un problema de seguridad regional”, destacó el legislador.
El representante por el Estado de México sostuvo que se requiere una nueva política que no sólo reclasifique las drogas, sino que también permita distintos usos de las mismas, como el uso médico y la investigación científica.
“Debemos librarnos de prejuicios, partiendo de dos principios fundamentales: uno, la responsabilidad del estado para regular la política de drogas y sus usos; y segundo, el derecho de las personas a decidir y ejercer su libertad sobre su forma de vida, sus hábitos y sus costumbre”, mencionó.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña coincidió en que es preciso dar un nuevo enfoque a las políticas públicas en materia de drogas y destacó la posición de la Organización de Estados Americanos para abordar el tema con una perspectiva integral, equilibrada y multidisciplinaria y principalmente con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
Entre las propuestas contenidas en el documento, “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano”, De la Peña destacó tres que podrían enriquecer el debate:
Explorar respuestas no punitivas como la regularización de los mercados; descriminalizar el consumo y autocultivo de drogas; y desarrollar alternativas al encarcelamiento de las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.
“¿La respuesta punitiva es efectiva? Los datos nos muestras fehacientemente que nunca se le va a poder ganar a quienes tienen hoy todo el dinero del mundo para armarse hasta los dientes para corromper a todo tipo de autoridades como lo acabamos de ver en el caso de Iguala”, dijo.
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