Conferencia de prensa ofrecida por los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo A., para presentar una iniciativa de Ley General para el Combate a la Corrupción.
Armando Ríos Piter, (ARP): Buenos días, compañeras y compañeros de la prensa.
Comentarles que el día de hoy presentaré a nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y le agradezco mucho a mi compañero, al senador Robledo, que me acompañe en esta presentación, una iniciativa que tiene que ver con la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Como ustedes saben, en fechas pasadas, en el periodo ordinario anterior, aprobamos un cambio constitucional para instituir el Sistema Nacional anticorrupción.
Sin embargo, como lo hemos venido diciendo en repetidas ocasiones, el sistema que hoy está en la Constitución, no tendrá la contundencia, no tendrá, en realidad, la viabilidad que los ciudadanos y las ciudadanas quieren y buscan, si no tenemos una ley reglamentaria que le dé operatividad y sobre todo que le dé contundencia.
Precisamente por eso, el día de hoy estamos presentando esta iniciativa, reitero a nombre del grupo parlamentario y que tiene, y que consta de varios elementos.
Sin embargo, quiero destacar que el punto fundamental que está buscando el Partido de la Revolución Democrática es que el Comité Ciudadano que es parte del nuevo texto constitucional se ponga como la columna vertebral de todo el sistema.
Como ustedes saben, está la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, estará la Fiscalía Anticorrupción y también la Auditoría Superior de la Federación; sin embargo, toda la información, la inteligencia, el contacto con los ciudadanos y las ciudadanas tiene que darse a partir de un cuerpo técnico, de un cuerpo colegiado, este cuerpo colegiado tiene una séptima silla y esta séptima silla es precisamente la del comité que ocupan los ciudadanos y las ciudadanas y lo que nosotros estamos planteando, y me parece que es fundamental subrayar esto, es que sean los ciudadanos hombres y mujeres que representan precisamente a la ciudadanía mexicana quienes ocupen esa silla, ocupen la presidencia del comité de tal forma que así le estaremos dando voz y sobre todo catalización en un problema tan delicado como es el combate a la corrupción a voz de los ciudadanos.
Lo que hemos visto es, por lo menos en los ejemplos de los pasados 12 meses, es que la corrupción, especialmente la impunidad, se han vuelto el principal problema a enfrentar por parte del Estado mexicano, ese sistema, lo que buscamos es que precisamente sea un instrumento fundamental para controlar ese flagelo que nos está dañando tanto.
Entonces, la conformación del Sistema Anticorrupción que sea ciudadanizado, el establecimiento de una política nacional para el combate a la corrupción, la coordinación para la efectiva rendición de cuentas, fiscalización y sanción, la creación de vínculos efectivos con la ciudadanía, el registro público, y esto hay que subrayarlo, de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, la protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Lo que buscamos es que con este nuevo instrumento tengamos estándares éticos en la función pública y en todas las áreas del desempeño de la vida pública que nos garanticen un efectivo combate a este flagelo.
La estaremos presentando el día de hoy y buscaremos que en el contexto en el que se presenta, que es precisamente la presentación del paquete fiscal, que como ustedes saben llegó al Congreso de la Unión el pasado martes, pues no permitamos una discusión del tema del dinero público, no solamente de los egresos, sino obviamente de los dineros que se están recaudando de la gente, de los mexicanos, pues que no se dé una discusión si no vemos un compromiso claro, puntual y con gran certidumbre sobre los alcances que tiene que tener la legislación reglamentaría en materia de corrupción.
Las críticas fundamentales que ha tenido la reforma hacendaria son por la percepción que tiene la ciudadanía, no sólo de que hay ineficiencia en el gasto público sino de que ese dinero se queda frenado y se queda parado en precisamente la tubería de la corrupción. Queremos combatir eso y por eso estamos presentando en este momento esta iniciativa para que la discusión y el debate corran de manera paralela.
Ningún peso autorizado para el 2016 si no hay un compromiso claro y contundente de que la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción va ir a fondo, va a garantizar eficiencia y va a evitar que la corrupción siga permitiendo que el dinero de todos se vaya al bolsillo de unos cuantos, esa es la presentación que estaremos haciendo en unos minutos en tribuna, no sé si alguien tienen alguna duda al respecto.
Sesión de preguntas y respuestas
Pregunta (P): Nos puede decir, esta propuesta, esta iniciativa, qué tanta viabilidad tendría realmente (inaudible) Qué tanta viabilidad hay, cómo poder afinar los candados para que justamente no se vuelva un pantano en materia de presupuesto en la Ley de Ingresos con esos candados de tal suerte (inaudible)…
ARP: Bueno, hoy más que nunca especialmente después de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario que se hizo sobre el tema de Ayotzinapa.
Queda claro que la corrupción está matando a la gente, a los 43 jóvenes normalistas los desapareció y los asesinó a los que se saben que fueron asesinados, la corrupción, porque es la corrupción la que llevó a que autoridades que son pagadas con dinero público, policías y el involucramiento de autoridades municipales, llevaran a los jóvenes y se los entregaran a los sicarios.
Es el caso más grave donde se conjugan y se funden la corrupción con las violaciones a los derechos humanos. De esa magnitud es el problema que tenemos el día de hoy.
De tal manera que en el Sistema Nacional, no solamente encontramos un planteamiento y un propósito que constitucionalmente tenemos que hacer, que es, que saquemos en lo inmediato las leyes reglamentarias.
Hoy me parece que junto con el escándalo de la Casa Blanca y el escándalo de Ayotzinapa, ambas cuestiones ponen en la necesidad de responder a la sociedad sobre cómo combatir este flagelo, me parece que la presión social está ahí y lo que nosotros estamos presentando en este momento, es una iniciativa que hemos venido construyendo con los más diversos actores de la sociedad civil.
Tan sólo el pasado martes tuvimos un encuentro amplísimo con integrantes de la red por la rendición de cuentas, con quienes hemos venido interactuando y hemos venido buscando tener una propuesta que le dé solidez y le dé fortaleza a lo que ya tenemos en la Constitución, de tal manera, existe el clamor social, existe el mandato constitucional, existe el intercambio técnico con la sociedad.
Hoy se cuenta con elementos suficientes para poder hacer una discusión de altura, empoderar a los ciudadanos y buscarlos que sean el catalizador del combate de este flagelo.
Qué es lo que enfrentaremos seguramente, un Gobierno que está haciendo oídos sordos a la grave problemática que ha enfrentado en los últimos 12 meses. Tan sólo hace falta escuchar lo que fue el informe de actividades de Enrique Peña Nieto, donde no se habla de Tlatlaya, no se habla de Ayotzinapa, no se habla de la fuga de “El Chapo”, no se habla de tantas cuestiones, de Tanguato, de tantas cuestiones que hoy tienen como eje y como patrón troncal la corrupción y la impunidad.
De tal manera, que estaremos haciendo esto, como lo hicimos en el Sistema Nacional Anticorrupción en el debate constitucional, con la sociedad, y me parece que el momento más pertinente es ahora que aparece el debate fiscal con un presupuesto estrecho, con recortes, con ajustes, la única señal que habrá que exigirle al Gobierno en este debate, y a su partido en las Cámaras, es que no le quieran jugar el dedo en la boca a la gente.
Hoy la gente rechaza muchos de los cambios legislativos, especialmente, tiene rechazo para temas de la Reforma Hacendaria porque siente que el dinero que se está pagando en los impuestos, se está yendo a pagar casas blancas.
De tal manera, que en esa sintonía estará el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tenemos, repito, elementos y lo estamos trabajando con una amplísima, un amplísimo universo de las organizaciones de la sociedad civil.
Zoé Robledo A., (ZRA): Perdón, nada más para contestar tu pregunta, que además es muy pertinente respecto a la viabilidad de esta iniciativa.
Yo creo que está iniciativa tiene otra virtud y otra característica, es una suerte también de ayuda de memoria de la primer ley, de la primer iniciativa de Ley General de Transparencia que presentamos todos los Grupos Parlamentarios, el PRD, el PRI, el PAN y el Partido Verde.
En tres aspectos principalmente: el tema de una participación ciudadana activa y protagonista del sistema; segundo, en el asunto de informantes y su protección en actos de corrupción; y tercero, en todo el asunto que tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.
Hay que recordar que esa iniciativa después de que se presento y que había sido como acaba de mencionar el senador Ríos Piter, acompañada por organismos de la sociedad civil, recibió 40 observaciones de la Consejería Jurídica, se echó a perder, y entonces acabamos con los vacíos que presenta la Ley General de Transparencia.
Esta iniciativa que estamos presentando como Grupo Parlamentario, arregla esos vacíos, y repito, debe ser un recordatorio y una ayuda de memoria a lo que hace un año estaban comprometidos los senadores del PRI y del PAN, y que después se les olvidó o pesó más la orden presidencial que su compromiso con la democracia y la transparencia, entonces si tiene mucha viabilidad.
P: Nada más para complementar, su posición senador, usted nos dijo que no hay una comisión especial dedicada a Ayotzinapa, como ayer lo dijo el senador Gamboa, ayer por la tarde.
ARP: Nosotros hemos sido muy puntuales, incluso ayer lo reforzamos en la presencia que tuvo los integrantes del Comité de la Comisión Interdisciplinaria y que en voz del representante de los padres de los 43 normalistas son puntos que me parece que nadie debe de ignorar y que deben de ser la columna vertebral del acuerdo que habrá de configurarse en estos momentos en la Junta de Coordinación Política, y me permito repetirlos que el Grupo Interdisciplinario permanezca en el país, no como algunas voces oficialistas quieren, tres meses, sino que se mantenga en el país haciendo el trabajo que ha venido haciendo, que es de coadyuvar, de fortalecer, de rellenar huecos de desinformación que le están dando credibilidad a una investigación que se calificó como verdad histórica y que hoy queda en serias dudas frente a la sociedad.
Bajo esa condición pedir que la Comisión y que el Grupo Interdisciplinario se quede todo el tiempo que sea necesario para cubrir con su trabajo.
Segundo punto, y lo plantearon con mucha claridad, el Presidente de la República ha dicho con mucha claridad que recibirá a los padres de los 43 normalistas, debemos como Senado de la República y esa es la posición que tiene el Grupo Parlamentario del PRD pedirle el día de hoy al presidente que fije una hora y un día para recibir a los jóvenes, es fundamental, porque como aquí se dijo el día de ayer esto podría mandar una señal de que siendo la máxima autoridad del Poder Ejecutivo pueda empezar a reconstruirse la confianza.
Tercer punto y tiene que ver con el asunto de comisiones especiales. Las comisiones especiales se plantearon en varios puntos de acuerdo por parte de algunos senadores, incluso en la Cámara de Diputados fue un tema del cual hablaron varios grupos parlamentarios, lo que están planteando tanto los representantes de los padres como el Grupo Interdisciplinario es que se generen dos fiscalías especializadas.
Una fiscalía especializada para darle seguimiento a toda la investigación y una fiscalía para darle seguimiento a la misma. ¿Qué es lo que se busca? Que estos fiscales no vengan impuestos por parte de la Procuradora, por parte del Ejecutivo, sino que estén avalados por el Grupo Interdisciplinario.
Para nosotros en el Grupo Parlamentario del PRD ese es el piso que deberá tener el acuerdo del día de hoy y esa es la posición política que nos parece, no solamente la más sensible frente a los padres de los normalistas, sino es la que mejor escucha en momentos de falta de credibilidad que hoy se vive después del informe de Ayotzinapa.
P: Inaudible. (Sobre los nombramientos en Segob)
ARP: Bueno, el Partido Verde Ecologista se caracterizó durante todo el pasado proceso electoral con una enorme cantidad de violaciones y comisiones de delitos electorales, gran paradoja que la prevención del delito ahora vaya a estar en manos de quien fue acusado en sendas ocasiones en el Instituto Nacional Electoral de delitos electorales.
Es una muy mala señal frente al principal problema que tenemos el día de hoy que es la violencia, la seguridad y el delito, que se nombre a alguien que en cuatro años se encargó de ser el representante de las violaciones consecutivas de la ley electoral y de cometer delitos de esa naturaleza.
ZRA: Un comentario adicional, yo creo que lo que pasó ayer en los nombramientos de Gobernación denotan una enorme ineficiencia e ineptitud, incluso, en las capacidades de diseño institucional de esta administración.
Déjenme decirles por qué, esta administración ha creado hasta el momento dos áreas nuevas: la primera, la subsecretaría de prevención social en la Secretaría de Gobernación, esta subsecretaría ahora estará en manos, como ya se ha dicho, un personaje que públicamente ha señalado que la violación reiterada a la Ley Electoral si servía como estrategia aunque los multaran era válido y que los otros partidos eran, cito sus palabras “tontos e idiotas”, si no las seguían.
Entonces, cómo va a prevenir el delito, lo va a prevenir diciendo: “busquen vacíos en la ley que les alcancen y hagan un cálculo de rentabilidad para ver si la pena y la ganancia se equiparan o son superiores”. A esa persona le están dando la subsecretaría.
Por cierto, el estatuto y el mandato de esa secretaría es promover la cultura de la legalidad, en el Verde no hay ni cultura ni hay legalidad.
Por cierto, a ese personaje en el aeropuerto de mi ciudad natal, Tuxtla Gutiérrez, lo encontraron con un millón de pesos que jamás ha podido explicar para dónde iba y de quién eran.
Segundo, el asunto de Roque Villanueva, otra falla institucional, al inicio de esta administración se creó una comisión para asuntos migratorios de la frontera sur, supuestamente como atención a una de las graves crisis humanitarias que vivimos, que es la de migrantes y niños menores no acompañados que están cruzando por la frontera y que son objetos de violaciones recurrentes por parte del crimen organizado pero también por parte de instituciones, por parte del Instituto Nacional de Migración, por parte de presidentes municipales e incluso por parte de la población.
Esa comisión ahora y desapareció, la crearon, duró dos años y ahora nuestro compañero senador Mayans está de vuelta porque no funcionó. Yo hago una pregunta al secretario de Gobernación: ¿qué méritos y qué experiencia tiene Roque Villanueva en asuntos migratorios? Yo le puedo reconocer su trayectoria parlamentaria, pero creo que hace mucho sentido la palabra del Padre Solalinde, el líder máximo que existe en la protección de los derechos humanos de los migrantes, cuando dice que ese nombramiento es “simplemente la señal de la Roque señal”.
ARP: Una disculpa, nada más de qué tamaño tiene que ser la respuesta del gobierno y del Estado mexicano, de éste tamaño es la corrupción en nuestro país, de éste tamaño tiene que ser la respuesta.
Muchas gracias.
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