Con el fin de dotar al Estado mexicano de un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, la senadora Angélica de la Peña Gómez propuso expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La cual tiene como propósito regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos federales, incluidos quienes laboran en los tres poderes, sus órganos, dependencias y entidades, así como en los organismos autónomos.
Al fundamentar su iniciativa, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD recordó que en enero pasado el Gobierno Federal anunció un recorte presupuestal al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad derivado de la caída internacional de los precios del petróleo.
No obstante, dijo, “se trata de un ajuste a todas luces insuficiente para contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la economía nacional; ya que se prevé que no se alcancen las metas de crecimiento del país”.
En este sentido, de la Peña Gómez señaló la necesidad de que los sueldos de los funcionarios públicos correspondan a la realidad económica por la que atraviesa el país y dignificar la función pública con el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes.
“En el partido de la Revolución Democrática hemos sostenido que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles”, afirmó.
La propuesta presentada al Pleno del Senado de la República sienta las bases constitucionales para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos y resalta que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.
La ley reglamenta el proceso que deberá seguirse para la previsión presupuestal de los salarios, incluyendo los mecanismos administrativos para la conformación de los tabuladores al interior de la Administración Pública Federal, la administración propia de los poderes Legislativo y Judicial, así como la de los entes autónomos.
También regula las percepciones por retiro, ya sea que éstas resulten de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, considerando para su otorgamiento y presupuestación las mismas reglas definidas para las remuneraciones y sus tabuladores.
Angélica de la Peña hizo énfasis en que la ley dispone que quienes detenten un puesto de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece los mecanismos para el control administrativo y la fiscalización así como para el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, y la aplicación de sanciones.
También se fijan reglas, procedimientos y competencias para la denuncia y el seguimiento oficioso de las investigaciones relacionadas con los ilícitos que derivan de las conductas contrarias a esta Ley, detalló De la Peña Gómez.
Además la ley establece un nuevo tipo delictivo, el de remuneración ilícita, independiente a los preexistentes en la legislación penal, porque la conducta que se tipifica está referida directamente a la infracción de normas especiales establecidas en el propio ordenamiento y circunscritas al estricto ámbito de aplicación del mismo.
Finalmente, Angélica de la Peña lamentó que “las y los mexicanos seguimos siendo testigos cómo se violenta la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada alta burocracia, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población”.
