Con el fin de concentrar y coordinar de mejor manera los esfuerzos en la búsqueda y localización de personas desparecidas, así como la integración de investigaciones y la persecución de los responsables, el senador Benjamín Robles Montoya propuso crear una fiscalía especializada en desapariciones.
A través de una iniciativa, el senador por Oaxaca planteó también la expedición de una ley general en materia de desaparición de personas que regule lo relacionado a la prevención, investigación y sanción de las desapariciones en general, sin importar si éstas fueron o no forzadas, así como la búsqueda y localización de las víctimas y de los probables responsables de estos delitos.
Robles Montoya explicó que dicha ley además armonizará las obligaciones de la Federación y las entidades federativas con la Convención Internacional y homologará los procedimientos y acciones de búsqueda y localización de las personas no localizadas.
Además, el integrante de la Comisión de Justicia propuso añadir la desaparición forzada y la tortura como delitos dentro del esquema acusatorio para la prisión preventiva a fin de tratar dos de los agravios que más perjudican al país.
El senador oaxaqueño recordó que esta medida cautelar procede únicamente en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o delitos cometidos con armas y explosivo, por lo que lamentó que existan aún delitos de carácter grave que no han sido añadidos al esquema del sistema acusatorio para esta medida.
“Resulta inconcebible que dos delitos de gran relevancia e impacto hayan quedado excluidos del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa: la tortura y la desaparición forzada.”, denunció.
Al justificar su propuesta, Benjamín Robles recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que la información aportada por México “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”.
Apuntó que la propuesta implica el reconocimiento de la gravedad del problema de la desaparición de personas en nuestro país y de lo prioritario que el tema debe ser para el Estado mexicano.
“El problema de las desapariciones en México, ejecutadas o no por el Estado, requiere de una acción inmediata, firme y cada vez más efectiva”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación.
