· Apoyo el dictamen en los términos en los que está, porque considero que jurídicamente no hay condiciones para darle avance a un planteamiento de esta naturaleza, sin embargo, dejo abierta mi posición política.
· Apegado a la ley, especialmente al artículo 35 Constitucional, a los argumentos que señalan que el tema de gasto, la parte que tiene que ver con economía, tiene limitaciones de poder ser impulsado a través de una consulta popular.
· Me preocupa que no tenemos elementos suficientes para avanzar en lograr lo que queremos, que es que haya una ley que fije los salarios máximos. Ese es el objetivo y en ese sentido, comparto plenamente el espíritu de la iniciativa que fue presentada.
Armando Ríos Piter: Yo estoy convencido que el espíritu de la reforma constitucional, que junto con el senador Corral cuando éramos diputados nos tocó empujar, junto con el senador Gerardo Sánchez, con varios compañeros y compañeras que nos tocó compartir la LXI legislatura, con Omar Fayad y con Cristina; prácticamente los que estamos aquí.
Era darle capacidad a los ciudadanos y las ciudadanas de involucrarse en la agenda pública, de fijar posiciones respecto a temas que les interesan, que les duelen, que le molestan como es el caso de los salarios de los funcionarios públicos, especialmente de los funcionarios de alto nivel.
En un país en que la discusión de salarios mínimos, que son los salarios que gana la mayor parte de la población, con una caída en la capacidad de ingreso y donde esa discusión de salarios mínimos se hace a cuenta gota, se hace con dificultades, se hace con muchas adversidades de parte de los grupos de interés -ayer tuvimos aquí un importante encuentro donde a mí me tocó escuchar por lo pronto al Consejo Coordinador Empresarial, pues señalar algunas resistencias y un lenguaje florido, propositivo respecto al debate, pero en el fondo y en el corazón del tema una renuncia a querer incrementar los salarios mínimos, aun cuando la productividad marginal del trabajo en este país ha crecido a las mismas alzas que Chile; pero mientras que en Chile ha crecido la capacidad adquisitiva, aquí nos hemos quedado estancados-.
Entonces una sociedad que no encuentra que su capacidad de ingreso evoluciona y que le da mayor bienestar, pero que identifica en el gobierno, en el ejecutivo federal, en los ejecutivos estatales municipales, en los poderes legislativos a nivel local y a nivel federal, salarios exorbitantes que se disparan respecto a lo que gana el común del ciudadano, pues obviamente irrita y genera molestia.
Es un tema sin duda alguna, de la mayor trascendencia y yo creo que es un tema que por la esencia que tienen caracterizan la posibilidad de una participación ciudadana al más alto nivel, que es la consulta popular a través de los mecanismos de democracia directa que hemos legislado recientemente.
Sin embargo diciendo todo esto, apoyo el dictamen en los términos en los que está; por una razón, porque sé que es un debate que se tiene que dar, sé que el tema de la consulta popular nos permitiría rebasar sin duda alguna el letargo y la congeladora en la que ha estado metido este tema.
Fue el senador Pablo Gómez quien incitó esta iniciativa, senador del Partido de la Revolución Democrática, lleva cinco años congelada en la Cámara de Diputados esta minuta que ha sido rubricada por el Senado y que pareciera ser que la consulta popular sería un instrumento para rebasar eso que hoy pues la elite política ha decidido mantener en la congeladora –en este caso- de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, como parte de la Mesa Directiva y como parte de esta comisión, considero que no contamos con elementos suficientes para incitar algo que en la esencia, en propósito y en espíritu es positivo, pero que apegado a la ley, especialmente al artículo 35 Constitucional, a los argumentos que señalan que el tema de gasto, la parte que tiene que ver con economía, tiene limitaciones de poder ser impulsado a través de una consulta popular.
Me parece que no contaríamos con elementos suficientes para poder decir que hay condiciones de elevar esto a rango de consulta popular.
Y me quiero explicar: cuando uno revisa el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dice la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que está establecido por la Ley.
Y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido fijada en el presupuesto anterior o en la Ley que estableció el empleo.
Solamente quiero citar este ejemplo porque uno de los digamos, de las restricciones que tenemos, entre otras, la electoral pero específicamente la parte de poner a consideración cuestiones del gasto público y de la ley de ingresos, que son las restricciones que también tiene la ley de Consulta Popular y que tiene el Artículo 35, me parece que nos haría caer en este supuesto.
¿Por qué quiero hacer toda esta descripción? Yo comparto el espíritu de lo que se está buscando; yo firmé esta intención de iniciativa, y me parece que lo que tenemos que hacer, es garantizar que esa minuta que hoy está congelada en la Cámara de Diputados, tenga la energía que podría tener una consulta popular, o que se está buscando con este instrumento para sacar de la congeladora ese instrumento que hoy está, o esa minuta que hoy está congelada.
Entonces, hago toda esta descripción; sin duda alguna mañana será motivo de un debate en el pleno, si es que mañana, como tenemos por condición de ley que llevarlo.
Me preocupa que no tenemos elementos suficientes para avanzar en lograr lo que queremos, que es que haya una ley que fije los salarios máximos. Ese es el objetivo y en ese sentido, comparto plenamente el espíritu de la iniciativa que fue presentada.
Me parece que lo que tenemos que generar, o es la reflexión con la que yo me quedo, condiciones para garantizar el propósito final y el propósito trascendente que buscamos, que es, que de una vez por todas, algo que le interesa a la ciudadanía, algo que le molesta a los ciudadanos, algo que les lastima a los ciudadanos que es, que no haya topes claros respecto a lo que ganan los grandes funcionarios en este país.
Y no estoy hablando de sólo los grandes funcionarios federales, estoy hablando de ediles, y estoy hablando de regidores que se asignan –porque en los medios hemos dando cuenta- partidas presupuestales enormes que terminan pues generándole no solamente un enorme costo al erario público, sino una indignación respecto a los votantes y a los ciudadanos comunes y corrientes.
De tal manera que yo apoyo el dictamen en los términos en los que está, porque considero que jurídicamente no hay condiciones para darle avance a un planteamiento de esta naturaleza, sin embargo, dejo abierta mi posición política. Creo que este es un debate que no debemos de perder, no solamente en esta comisión, sino en el Senado como si fuera un dictamen más.
Tenemos que ir a fondo y tenemos que garantizar que la minuta que hoy está congelada se descongele en la Cámara de Diputados.
Es mi posición. Muchas gracias compañeros y compañeras.
