La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente no debería existir, pero en caso de que exista, es preciso que se le otorgue plena autonomía y facultades de sanción más efectivas, aseguró la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna Luna.
Al presentar las reservas en lo particular al cuarto dictamen que contiene las leyes secundarias en materia energética, Padierna Luna sostuvo que era necesario modificar el transitorio dos de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente para que se no sea el Ejecutivo quien nombre a su director, sino que sea a través de una terna que garantice que no haya conflictos de interés.
Acusó que la ley plantea una excepción para que en la elección del primer director pueda ser un ex directivo de alguna empresa petrolera y en el peor de los casos una empresa trasnacional.
Asimismo, consideró necesario que se exijan estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias y, aunque sostiene que la Agencia no debe existir, en caso de su creación se le debe otorgar mayores facultades de sanción para enfrentar a las grandes empresas trasnacionales.
“Que las sanciones sean las de cancelar contratos, permisos o licencias si dañan el medio ambiente”, propuso para hacerlas más estrictas y verdaderamente efectivas.
La senadora del PRD también señaló que la ley contempla en el artículo 36 que haya un seguro especial para los funcionarios de la Agencia que será pagado con el presupuesto federal, así como en el artículo 38 se plantea que pueda disponer de los ingresos derivados de sus servicios, sin que se definan cuáles son los servicios que va a prestar.
“El esquema que se plantea en estas leyes es suprimir la transparencia y rendición de cuentas y gobernar al servicio de unos cuantos pero pagado con los recursos del pueblo de México”, dijo.
Finalmente, se refirió a los artículos 21 y 22 donde se establecen las facultades del Consejo de Coordinación del sector energético, “pero ninguna se refiere a la responsabilidad con México, sino de privatizar”, agregó.
Por ello, propuso que dentro de las facultades del Consejo de Coordinación del sector energético se establezca la responsabilidad de resguardar la seguridad energética del país y garantizar el abasto de crudo a las refinerías y gas a los usuarios.
