La senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una propuesta para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, que resultó de los trabajos de diversas organizaciones integradas a la campaña nacional contra la desaparición forzada.
Ante el pleno de la Cámara de Senadores, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos destacó el “compromiso ciudadano con estas organizaciones que llevan muchos años luchando, trabajando y pugnando por encontrar a sus seres queridos, que los ha llevado incluso a constituirse en organizaciones debidamente integradas”.
La propuesta planteada por alrededor de 10 organizaciones civiles, señaló, contiene sus principales preocupaciones en temas de trascendencia nacional y será considerada por las comisiones que discutirán el proyecto de ley general contra la desaparición forzada de personas y la desaparición entre particulares que está en curso.
La iniciativa tiene como objetivo principal proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada, así como criterios para sancionar este delito y medidas para prevenirlo.
Se contempla la creación de fiscalías especializadas en la desaparición forzada de personas y a manos de particulares, una a nivel federal y una por cada estado de la República, así como la implementación de un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Además se propone la creación del Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano que estará integrado por reconocidos especialistas cuyas observaciones e investigaciones serán indispensables para la resolución y sanción de los delitos.
La ley también obligaría al Estado a la reparación integral del daño para las víctimas y familiares sin importar sus nacionalidades, así como a garantizar la seguridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos, organizaciones, testigos y grupos que se encuentren en riesgo.
La senadora del PRD lamentó que las distintas organizaciones de familiares de personas desaparecidas hayan tenido que convertirse, más por una necesidad que por deseo, en una especie de ministerios públicos o policías investigadoras para poder determinar cómo fue que sus seres queridos desaparecieron.
“Y digo que es muy lamentable que hayan tenido que convertirse en esta especie de ministerios públicos porque ha habido una gravísima omisión por parte de las autoridades en los distintos órdenes de gobierno, en distintos ámbitos territoriales que no han cumplido debidamente con su responsabilidad en su oportunidad”, agregó.
Al presentar la iniciativa, la senadora Angélica de la Peña enfatizó que no se trata únicamente de darle voz a la sociedad y a las organizaciones civiles, sino de concretar acciones a partir de que sus propuestas sean recibidas, ponderadas y discutidas como parte del proceso legislativo que desembocará en una Ley que responda a la exigencia de acceso a la justicia y a la verdad de miles de víctimas.
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