Intervención del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Fernando Mayans Canabal (FMC). Ya el senador Penchyna le iba a dar su sermón el día de hoy aquí, pero si tiene lombrices, pues hay que comer a tiempo y luego pues uno viene a hablar aquí a los senadores para discutir los temas y resulta de que habíamos tres senadores aquí nada más, cuando estaba hablando mi antecesor.
Y por eso se pide el quórum y más que nada debe estar presente, porque es su obligación, el Presidente de las Comisiones, tanto de Energía como Estudios Legislativos y el Presidente de Estudios Legislativos pues no lo he visto el día de hoy por aquí.
Peor bueno, vamos a seguir el circo parlamentario que se ha venido dando y quiero comentarles, al pueblo de México, un artículo que viene dudas de Wood Mackenzie y otros, sobre el éxito de la reforma energética. Si no lo han visto para que lo puedan ustedes leer.
Es amplio y viene nada más aquí en conclusiones, que da la impresión de que bueno, ya las empresas extranjeras están presionando, pero en conclusión dice: ¿tendrá éxito la reforma? El secreto está en las rocas.
La reforma es una apuesta donde los perdedores pueden no ser sólo inversionistas privados, sino miles de agricultores y ganaderos, miles de nuevos enfermos por los cancerígenos en sus aguas, miles de indígenas despojados de sus terrenos, ¿tiene el actual gobierno derecho a jugar este albur? Ahí se los dejo. Ojala y a los senadores les resurja el alma que hace falta aquí en el Senado.
Por el interés económico extranjero y se aprovecha la pobreza moral que tienen los políticos mexicanos –yo soy médico—y por la incapacidad de explorar sus propias riquezas para que la legitimen al extranjero para que éstos lo aprovechen.
¿Por qué se está propagando con tanto éxito la mentira? Eso hay que reflexionarlo. Cómo transformar al país, sólo saldrá adelante mediante la purificación de los hombres en el poder, eso no hay duda alguna.
Nuestras desafortunadas circunstancias políticas, nuestra mala red de comunicación que existe en el país, y la avasalladora presencia extranjera nos van a dejar en la ruina.
Por eso, insisto, no hay nada qué festejar de este maleficio para nuestro país.
Ojala y dejemos de ser tan mecánicos, si no a veces parecen estatuas. Que quede claro porque luego insisten ahí con el “máiz”, de que nosotros queremos el progreso de nuestro país y no la ineficacia.
Porque luego este diálogo que se da en el circo del parlamento, parece más de oligofrénicos.
¿Qué se pretende? Lo hemos estado diciendo: tiene una fachada moderna que retoma la antigua manera porfiriana de beneficiar al pueblo simbólicamente. Pero allá ellos, que se irán al infierno de la historia.
La influencia que estamos viendo, y aquí este artículo de hace rato, todo indica que es una presión de las empresas extranjeras, así lo interpreto.
Les decía, la influencia que existe ahora en los extranjeros es ya como el Dios de los Cristianos: Omnipotente y omnipresente.
Y eso que urge mucho ahora con el nuevo vocabulario de la Secretaría de Hacienda: el flujo de efectivo. Ya le llaman así para que las cosas sean más eficientes, según ellos.
La crisis gravísima por la que pasa el país –hay que seguirlo recalcando—tiene su origen en el fracaso de las metas políticas, económicas y sociales, y pregunto: ¿Quién ha gobernado el país en los últimos 100 años? Pues ya ustedes tienen la respuesta.
El PRI y el PAN reconocen implícitamente, amigos y amigas, con su Reforma Energética, que el sector privado tiene mayor capacidad de agregar valor que el Estado propio Mexicano. Fíjense ustedes nada más.
El PRI y el PAN, que han gobernado el país durante años, han entregado a manos privadas los recursos del Estado porque es la única salida que encuentran ellos. No hay otra.
Aquí y en China este proceso jurídico económico, de transferencia de actividades empresariales del sector energético a agentes económicos privados, se llama: ¡Privatización!
El remiendo de las leyes para los órganos fiscalizadores del sector energético, no garantiza mecanismos que requieren la prevención y atención de los posibles daños y el poder corruptor de las fortunas de las transnacionales petroleras y de la industria energética internacional.
Por la prisa de concretar la privatización ahora de todo el sector energético, se desahogan dictámenes sin cambios ni debate, imponiendo el mayoriteo. Iniciamos el proceso de trámite formal y no de análisis y discusión plena del cuarto dictamen, que forma parte de este nuevo y casi nulo capítulo de la entrega del patrimonio y recursos naturales de la nación.
Una vez más, se habla de fortalecer la seguridad energética del país, aumentar la competencia en el sector y la competitividad de las empresas productivas del Estado, y generar desarrollo económico y empleos, así como aumentar notablemente los ingresos del Estado y de contar con instituciones fuertes que garanticen su implementación y posterior consolidación.
Así, se nos dice que el propósito es crear una nueva ley para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se constituyan como órganos reguladores coordinados en materia energética; y en ambos órganos reguladores cuenten con la personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión.
Eso es lo que se señala en el discurso, pero lo que verdaderamente encontramos en los contenidos del dictamen, es: el mismo rasgo característico que hay en todos los dictámenes de esta reforma, y es el de sujetar toda la política energética a la férula de un solo poder, que no resiste dejar de ser omnipotente; y un modelo diseñado para la libre concurrencia y competencia desleal entre empresas del Estado y particulares y empresas privadas.
Concretamente y contrario al objetivo de dotar de autonomía y coordinar a los órganos reguladores, lo que se hace con el presente dictamen es negar su plena autonomía presupuestaria para que continúen sujetos a lo que disponga la Secretaría de Hacienda.
Ahí están los artículo 29 y 30, que respectivamente en ellos se establece, por un lado, que dichos órganos reguladores contarán con autosuficiencia presupuestal y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan por sus servicios, en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos; así como las demás actividades y trámites.
Por el otro, que deberán sujetarse presupuestalmente a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sujetándose el margen de su autonomía, para lo que deberán aprobar sus anteproyectos y de presupuesto, y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gastos establecidos por el Ejecutivo Federal; así como ejercer las derogaciones que le correspondan conforme lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
También el objetivo real es subordinar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía al Ejecutivo Federal, a través del control de la Secretaría de Energía, que ejercerá mediante el consejo de coordinación del sector energético, que será presidido por el titular de la Secretaría de Energía.
En estas condiciones, la regulación que debiera ser competencia de los órganos reguladores, deviene verticalmente del Ejecutivo Federal, en perjuicio del diseño de una política energética de Estado.
No hay que olvidar que dichos órganos serán la columna vertebral de todo el negocio mercantil que permeará la industria energética. Más si se considera que este proyecto le otorga la facultad a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para licitar y suscribir todos los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, conforme al artículo 38, fracción II.
Con este esquema de subordinación, en el caso de la Comisión de Hidrocarburos, les pregunto señores senadores, ¿cómo se cumplirán las falsas expectativas que se plantean para que este órgano cumpla su misión? ¿Cómo se va a acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país?
¿De qué forma se elevará la recuperación y la obtención del volumen máximo de petróleo crudo y de gas natural en condiciones económicamente viables de pozos, campos y yacimientos abundados en procesos de abandono y explotación?
¿Cuál es el esquema que se va a utilizar para lograr la reposición de las reservas de hidrocarburos como garantes de la seguridad energética de la nación?
¿Cómo se va a garantizar la utilización de la tecnología más adecuada para la exploración y extracción de hidrocarburos?
Lo que realmente se busca con este proyecto, que aumente el número de comisionados a ambos órganos y que no garantice su autonomía, la independencia ni la eficiencia de sus actos, es empoderarlos pero para tenerlos subordinados, más que coordinados, al Ejecutivo.
Tan sólo basta revisar las disposiciones que establecen los requisitos para los comisionados, que es claro que sólo se busca contar con mayores espacios para colocar a personas afines al régimen en el poder y a los intereses vinculados con los mismos.
Mal haríamos en pensar que este aumento de comisionados es un pago a las grandes empresas petroleras y energéticas, para asegurar su representatividad en los órganos reguladores para salvaguardar sus intereses.
En cuanto al tema del aumento en la duración del cargo de los comisionados, que se hace con el fin de que los mismos logren una visión de Estado, entre comillas. Más que de gobierno, se verá obstaculizado por dos razones: no hay una propuesta integral y sólida de rendición de cuentas por dichos órganos y la subordinación que de ello se hace a los criterios que define la Secretaría de Energía a través de la figura del Consejo de Coordinación del sector energético.
En este caso, el hecho de que la renovación de los comisionados sea escalonada, pareciera que logra su autonomía, por lo que no sería necesario dicho aumento, pero al parecer es una forma de garantizar el empleo a un grupo más allá del gobierno en turno.
Así tenemos que los comisionados serán designados por periodos escalonados de siete años de sucesión anual, mismo que iniciará el 1º de enero del año correspondiente, teniendo la posibilidad de ser designados nuevamente por única ocasión por un periodo igual.
Los comisionados serán designados por ternas por el Presidente y serán ratificados por el Senado dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no se pronuncia en el plazo establecido, el cargo lo ocupará quien decida el Presidente de la terna. Si el Senado rechaza la terna, el Ejecutivo enviará otra y, de no aceptarse nuevamente, se designará a quien señale el Ejecutivo.
El presidente de los órganos reguladores será designado por el Ejecutivo de entre los comisionados ya nombrados y fungirá en el cargo siete años. Cabe señalar que se abre la posibilidad para que los comisionados –en este caso el presidente actual de la Comisión Nacional de Hidrocarburos– pueda ser reelecto una vez más en el cargo, tal como lo dispone el artículo 6.
La anterior convocatoria provocaría que Juan Carlos Cepeda se turnara en un funcionario ad hoc por las empresas petroleras. De hecho, cuando ustedes lo nombraron el requisito era que fuera ingeniero petrolero y que debería tener una experiencia de por lo menos 10 años, ahí empezó la tuerca a torcer el rabo; ni es ingeniero petrolero y cumplía nada más 7.5 años, no los 10, que es el requisito y ahí la ley, como ya es costumbre en este “circo parlamentario”, a la interpretación de ustedes, lo impusieron.
Entonces es una funcionaria ad hoc para las empresas petroleras y una forma más burda a lo que han manifestado en los últimos años, debido a que dicho personaje es sumamente afín a los intereses del gobierno federal y por ende a los intereses privatizadores que han impulsado esta contrarreforma.
Por lo cual, se podrá dar el caso de que se siga privilegiando a las grandes transnacionales en detrimento de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas productivas del Estado.
Cabe señalar que dentro de la actual Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el Senado de la República es quien elije al presidente de dichos órganos, siendo que con la nueva redacción se empodera aún más al Ejecutivo, para imponer a alguien afín dentro del cargo, por lo cual es imprescindible modificar el texto para que sea el pleno de cada órgano regulador el que elija al presidente, con lo cual se le resta el poder injerencista al gobierno federal.
Estamos frente a un proyecto que sólo viene a consolidar los intereses de grupo en el gobierno y el mercantilista de los grupos nacionales y extranjeros que por años han convivido por la satisfacción exclusiva de sus intereses.
En suma, esta propuesta viene a ratificar la enorme preocupación de que los órganos reguladores que dejan de ser desconcentrados para formar parte directa de la administración pública centralizada, puedan tener autonomía y capacidad de decisión, que le pudiera afectar o contravenir las políticas gubernamentales en materia energética.
No se ha considerado que las agencias reguladoras siempre desarrollan un papel clave en los mercados desregulados y liberalizados, ya que primero se trata de hacer que los agentes económicos cumplan con la regulación y después de hacer recomendaciones a los diseñadores de políticas para mejorar la regulación.
De ahí que se debe contar con un sistema regulatorio sólido, conformado por instituciones fuertes, a fin de que las políticas o acciones públicas posean la característica de ser estables y eficientes y resistir los vaivenes políticos y cambios gubernamentales en un sistema de libre competencia.
Compañeras y compañeros senadores:
Los autores de este proyecto, que no están en el Poder Legislativo, refrendan su interés por implantar a toda costa en el país un modelo energético que desdeña el interés nacional, que no le importa en su apertura salvaje de mercado, la estabilidad, continuidad, imparcialidad, neutralidad y la prevalencia de criterios técnicos en las decisiones de nuestro sector energético.
En vista de todo este proyecto que responde a las nuevas etapas del verticalismo político y autoritario, manifiesto a nombre de mis representados y del pueblo de Tabasco mi profundo rechazo.
Por su atención, muchas gracias y no olviden que la historia es la madre de la sabiduría, es la hija del desengaño.
Por su atención, gracias.
