Intervención del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la discusión de la Ley de Hidrocarburos, en el marco del análisis de las leyes secundarias en materia energética.
Mario Delgado Carrillo (MDC). Muchas gracias, senador Penchyna. Celebro que ya estemos finalmente entrando en materia en este asunto tan importante.
Sin duda que el tema energético, los alcances que se están proponiendo en esta reforma trata de reconfigurar el modelo energético completo y es de la mayor importancia para nuestro país y cómo va a ser nuestro país en los siguientes años, y reviste reconfigurar este modelo en una complejidad muy grande.
La reforma constitucional y las propuestas de leyes secundarias no son el mejor esquema posible para México. Aún dentro de un esquema privatizador, dentro de un esquema mixto, la propuesta del gobierno acusa muchas insuficiencias que pon en riesgo el propio modelo que pretenden construir.
El problema es que esta reforma está diseñada desde la Secretaría de Hacienda como una extensión de la reforma fiscal, donde el objetivo principal es maximizar los beneficios económicos del petróleo a la mayor velocidad posible, tal como quedó escrito en la Constitución.
El petróleo es la mayor riqueza que tiene nuestro país y debe ser tratado, no como un flujo de efectivo, sino como un activo útil para potenciar el crecimiento y la riqueza de esta generación y las siguientes, y no se le debe ver como un flujo de caja del gobierno.
Una verdadera reforma de la política pública en materia de energía, debería considerar el aprovechamiento óptimo del activo en el corto y en el largo plazo, criterios de seguridad industrial y protección del medio ambiente, promover el desarrollo de una transición energético en el largo plazo y hacia fuentes limpias y renovables, una política sustentable.
También debe considerar el desarrollo comunitario, el respeto a las comunidades, la utilización de manera transparente y eficaz de la renta petrolera para dedicarla fundamentalmente a inversión en infraestructura y capital humano para que el activo se invierta en nuevos activos y también una política energética responsable debe incorporar el desarrollo de la industria nacional.
Hablando de la Ley de Hidrocarburos, su servidor va a presentar cambios a 80 artículos de 123, con lo que estaríamos prácticamente rehaciendo la propuesta del Ejecutivo para construir una nueva ley que tenga como objetivos:
Uno. El desarrollo de la industria nacional.
Como estrategia para lograr el desarrollo del sector energético, para que incorpore a la industria mexicana, se debe establecer la obligación, como ocurre en otros países, para exigir una mayor participación y desarrollo de la industria mexicana y que genere empleos para el país y para los mexicanos.
Vamos a proponer que haya un piso mínimo de 25 por ciento que se vaya incrementando hasta llegar a un 40 por ciento en el 2015, esto también incluyendo actividades estratégicas de exploración y extracción, que no se vaya a una simulación donde algunos sectores nada más sirvan para contabilizarse y no se estén desarrollando.
También, vamos a proponer que se prevean mecanismos para estimular la transferencia tecnológica y el financiamiento a cadenas de proveedores nacionales, si no va a ser imposible que se desarrollo la industria nacional, y a la formación de ingenieros y darles los elementos a las empresas mexicanas y apoyos para que puedan competir con los extranjeros e incorporarse a la cadena de valor del petróleo.
Otro aspecto fundamental de la propuesta que vamos a hacer, tiene que ver con temas de transparencia y acotamiento de la discrecionalidad.
Necesitamos mayor claridad en la definición de tipos de contrato, mecanismos de subasta y variables de asignación. No puede ser todo discrecional.
Para la explotación, se limita el tipo de contrato exclusivamente licencia, y sólo en casos excepcionales, contratos de utilidad, producción compartida.
Proponemos definir con claridad los plazos, esto es desde la convocatoria hasta el fallo, que no pase máximo de 60 días, no como se está proponiendo que otorga plazos larguísimos que pueden dar lugar a operaciones poco transparentes.
Siguiendo también las mejores prácticas internacionales y para aumentar la transparencia y evitar la corrupción, se plantea un sistema electrónico público y auditable como lo tienen en el Reino Unido, para toda la gestión del proceso de licitación de las propuestas de los participantes.
En Inglaterra todo se hace absolutamente en línea, como un mecanismo para evitar la corrupción y la negociación de funcionarios.
En el tema de subastas, se propone definir, no dejarlo abierto como lo propone el Ejecutivo, definir la subasta simultánea, sobre cerrado primer precio, la subasta inglesa la que es ascendente, y la subasta holandesa que es descendente, que existan reglas específicas para las subastas.
Tenemos también que definir las variables de asignación. La propuesta del gobierno sólo hace referencia al factor económico. Que Hacienda decide, sólo la variable económica es la importante y es Hacienda quien va a decidir.
Proponemos quitarle esa facultad a Hacienda y que se pase a Energía para incorporar otras variables, por ejemplo, como el contenido nacional, los criterios de protección del medio ambiente, el programa de trabajo del campo en cuestión, el monto de inversión y la transferencia de tecnología.
También para acotar la discrecionalidad, se propone que haya una ronda anual, con definición previa, de reglas para cada uno de los bloques a licitar, lo cual elimina el mecanismo discrecional que propone el gobierno, de negociar contrato por contrato.
También se plantea que la Secretaría de Energía tenga un sistema integral de información de la industria de los hidrocarburos, que incluya la exploración, indicadores del procesamiento del crudo y del gas, hasta la venta de productos finales, que sea accesible al público y transparente.
También proponemos que haya candados a mecanismos de cesiones entre contratistas, que pueda dar lugar a prácticas antocompetitivas, esto, de que se pongan de acuerdo las empresas en las licitaciones para distribuirse los campos y al final entre ellos se cedan las distintas concesiones o licencias. Eso debe haber candados para prohibirlos.
Otra línea estratégica que estamos planteando en lo que sería esta nueva Ley de Hidrocarburos son los criterios de sustentabilidad y seguridad industrial.
Estos criterios deben ser muy importantes y fundamentales para calificar si entras, qué empresas entran a la licitación y cuáles no, si siguen estos criterios o no.
También como parte esencial en las cláusulas del contrato, van a ser también variables fundamentales para medir el desempeño y la calificación del sistema de gestión.
También, si no se respetan esas variables, pueden ser causales de recisión de contrato o asignación, como esto no está en la propuesta del gobierno, como causal de recisión.
También proponemos que haya un aumento en las sanciones económicas por daños al medio ambiente. De la propuesta del gobierno, aproximadamente la sanción máxima sería de 40 millones de dólares.
Hemos visto desastres ambientales en otras partes del mundo, cuyas penalidades ascienden a más de 10 mil millones de dólares. Aquí no puede ser la excepción. Entonces, se abre la posibilidad de que haya sanciones, incluso dependiendo del daño ambiental hasta de 10 mil millones de dólares.
También se plantea que haya una obligación para que los planes de exploración y perforación incluyan medidas en materia de mitigación de impactos ambientales, medidas relacionadas con la emisión de gases y criterios de sustentabilidad y mejores prácticas.
La cuarta línea que seguiría esta nueva iniciativa sería la responsabilidad social. Establecer obligaciones para que las empresas contribuyan al desarrollo comunitario en las zonas afectadas por la industria, desde producción, por donde pasen los ductos, donde se esté dando la explotación e incluso donde se estén procesando, donde haya refinerías.
También se debe determinar un porcentaje de transferencia, como ocurre también en otros países, como ocurre también en estados como Alaska o en países como Brasil, que se transfiere parte o un porcentaje de los ingresos a los propietarios de la tierra y a la comunidad.
El quinto eje que tendría esta nueva propuesta sería un sistema de monitoreo del desempeño de las empresas. Necesitamos saber, monitorear y evaluar de manera pública y permanente, a los contratistas asignatarios respecto al cumplimiento de metas del plan que plantearon, su desempeño operativo, el cuidado que está haciendo del medio ambiente y esta evaluación debe ser un factor determinante para la permanencia de esa empresa, con su licitación en el país o incluso determinante para otorgarle o no nuevos contratos.
El tener un sistema de monitoreo del desempeño de las empresas que van a llegar nos ahorraría muchos litigios posteriores ante incumplimientos e incorporaría una variable muy importante adicional en las decisiones que se van a tomar en política energética.
Estas son observaciones exclusivamente de la Ley de Hidrocarburos, pero que si combinamos con las otras leyes, podríamos llegar a un modelo energético que efectivamente pueda contribuir al desarrollo del país.
Hay sólo tres caminos posibles para que esta reforma pudiera impactar de manera favorable el desarrollo nacional: una, es que como resultado de esto tuviéramos precios de energéticos más baratos que el resto del mundo para darle una ventaja competitiva a nuestra industria. Esto no va a ocurrir nada más porque haya mayor explotación del hidrocarburo; tienen que ponerse por ley, incentivos y obligaciones para que los nuevos inversionistas también lo hagan en la refinación: si no hay refinación en nuestro país, no vamos a tener energéticos más baratos.
La segunda posibilidad es que el desarrollo de la industria petrolera, arrastre a la industria nacional. Esto no ocurre simplemente por generación espontánea ni por reglas del mercado; se tiene que inducir, como se ha hecho en otros países y como nosotros fracasamos en otros intentos, como el caso de la maquiladora, donde ahora presumimos cifras extraordinarias en materia de exportación de automóviles, sin embargo, lo que no decimos es que el 96 por ciento de los componentes de esas exportaciones de automóviles, son importados.
En el caso de la industria petrolera no puede pasar lo mismo, se tiene que obligar, por ley, al desarrollo de la industria nacional, como ha ocurrido en Brasil.
Y la tercera –estoy terminando ya, senador, disculpa por haberme pasado– es que haya más ingresos y que se gasten mejor. Y ahí todavía hay mucho por avanzar; el Fondo Mexicano del Petróleo no va a invertir en activos de largo plazo, simplemente es una caja adicional o fuera de la tesorería, con unos márgenes de discrecionalidad muy importantes.
Y también de acotar el destino de los mayores ingresos públicos. Si seguimos gastando como gastamos, el mejor ejemplo es lo que ha pasado en este trimestre, que a pesar del aumento en el gasto público y del 40 por ciento del gasto en inversión física; la economía no se mueve por la improductividad del gasto del Gobierno.
Son las tres variables y, bajo esos tres criterios se tiene que trabajar todo el paquete de Leyes Secundarias, si no, va a ser una reforma más de las tantas que hemos tenido, que prometen el crecimiento económico, que sigue sin llegar a nuestro país, que cada vez es más pobre y más desigual.
Muchas gracias.
