La presente administración ha sacrificado la visión de estado por un sentido empresarial. Cual sí se tratara de un consejo de administración, las decisiones de la administración publica se toman para generar beneficios a quienes forman parte del proyecto político en turno y sus aliados.
Esta semana el Congreso de la Unión estará concluyendo el análisis y aprobación de la llamada reforma energética. Con esta legislación se completa el proceso de reformas sustantivas anunciadas por el gobierno federal, sin que a la fecha se detecten beneficios tangibles a favor de la población. Por el contrario, han sido lesivas para ciertos sectores de la sociedad mexicana.
Un claro ejemplo es el deterioro de la clase trabajadora durante lo que va de este sexenio. Sin duda el declive inició con la reforma constitucional en materia laboral aprobada a finales de la gestión anterior. A partir de entonces los derechos de la clase trabajadora se han visto seriamente disminuidos y, en algunos rubros, desconocidos.
Habrá que considerar además las calamitosas repercusiones que tendrá la aplicación de las leyes secundarias de las reformas estructurales promovidas por la Presidencia.
Tanto la legislación federal sobre telecomunicaciones aprobada la semana pasada, como la que se estará aprobando en estos días para regular el sector energético, tienen implicaciones laborales que lejos están de generar nuevos empleos, eventualmente pueden incrementar el desempleo.
Medidas como la desagregación, que no es más que desprenderse de recursos materiales y humanos para equilibrar la balanza frente a otros, son útiles para fomentar la competencia en el mercado, pero no para tutelar los derechos de la clase trabajadora.
Antes de publicarse incluso la nueva ley de telecomunicaciones, ya se habían dado las primeras reacciones. El anuncio sobre la venta de activos de la operadora América Móvil, para dejar de ser considerado como actor preponderante tiene implicaciones que van más allá de las reglas de competencia en el sector. Genera incertidumbre jurídica para un importante número de trabajadores de esta empresa, ya que de llegarse a concretar esta medida, se verían privados de su fuente laboral y de ingresos.
Respecto a las leyes en materia energética, el discurso oficial se caracteriza por una visión gerencial que pronostica bonanza abriendo este sector a la participación privada y considerando nuevas formas de obtención de recursos energéticos, sin reparar en las frágiles condiciones en que se desenvolverán las relaciones laborales, ni los efectos que tendrá para los cerca de 220 mil empleados que actualmente integran la planta laboral de Pemex y la CFE.
Con la apertura de este sector se va hacia la incorporación de vínculos con el sector privado, “tercearizando” la supuesta generación de empleos a los parámetros que determinen estas empresas. En el mejor de los casos habrá nuevas contrataciones, aunque previsiblemente los particulares dejarán los mejores espacios a su personal de confianza, y si las empresas son extranjeras como lo permite la nueva ley, la exclusividad de espacios será reserva de sus connacionales.
Para la izquierda es importante reorientar el rumbo que ha tomado la conducción nacional, pues los fines del Estado no pueden equipararse a los de una empresa y anteponer la generación de riqueza y condiciones de privilegio para la clase gobernante, sino que las decisiones deben tener un sentido de utilidad social y de beneficio colectivo.
Ante la cerrazón que ha acompañado la aprobación de estas leyes, quedan las vías jurisdiccional y de participación ciudadana. La población podrá influir para revertir estas decisiones a través de la consulta que estamos promoviendo para el próximo año o, en todo caso, será el Poder Judicial el que tenga la última palabra.
