Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021.
Muy buenas tardes, compañeras senadoras, senadores. Con su permiso presidenta. Hablando de legalidad, hablando de Federación, hablando de entidades federativas y escuchando que nadie, absolutamente nadie por encima de la ley, hoy quiero expresar algo que me tiene con demasiada preocupación.
El mes de junio en México se vivieron momentos muy complicados, queridas senadoras y senadores, voy a hablar de mi estado de Michoacán, estamos a 20 días aproximadamente para que el Tribunal Electoral del Poder Federal determine, determine si fue legal o no fue legal, muchas de las elecciones en México y seguramente, Michoacán.
Hoy quiero expresarles senadoras y senadores, que al cabo aquí se habla de legalidad, pues que tengan conocimiento que en Michoacán se vivieron momentos de terror y seguramente ustedes han escuchado en las noticias y seguramente han escuchado hablar mucho de la intromisión del crimen organizado.
En Michoacán estamos a punto, si lo confirma la Federación, de tener un narco gobierno, de tener un narco gobernador. No es un tema menor, es un tema de altísima responsabilidad. Si eso sucede, si ratifican la constancia otorgada por los poderes locales en Michoacán, estaríamos teniendo un narco gobierno en Michoacán. No es un tema menor, yo sé que muchas y muchos no quieren hablar de ello, pero también seguramente sucedió en Nayarit, sucedió en Sinaloa y en otros estados, nada más que no nos atrevemos a decirlo.
Por eso, compañeras y compañeros senadores nosotros somos responsables de la unidad del Pacto Federal, pues entonces actuemos con mucha responsabilidad y hago un exhorto desde aquí, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación para que actúe con responsabilidad y no cometa el gravísimo error de otorgarle y ratificar la constancia a un gobernador que ha sido impuesto por los poderes fácticos, por los grupos delincuenciales, impulsado y apoyado por Morena, compañeras y compañeros, para que quede claro, por Morena.
Senadoras y senadores, más allá de la filiación partidista actuemos con responsabilidad, si no pues entonces, que el pueblo de México también nos juzgue a nosotros.
Yo quiero expresar mi reconocimiento, queridas senadoras y senadores a ese acuerdo, a esa concordancia que se llevó a cabo para aprobar la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, me da mucho gusto porque también así en días pasados sucedió con la revocación de mandato.
Por eso quiero reconocer al presidente de la Junta de Coordinación Política, a don Ricardo Monreal Ávila, así como a los coordinadores Miguel Ángel Osorio, Julen Rementería, Dante Delgado, a los senadores Eduardo Ramírez, la senadora Claudia Ruiz, la senadora Indira Rosales San Román, a Damián Zepeda, al senador Noé Castañón y por supuesto, a mi coordinar Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Me da gusto porque sin duda se dio un paso importante para fortalecer nuestra República, para fortalecer el Pacto Federal, pero también para que se lleve ante los tribunales a quien le falte a la ley, quien violente la ley.
Quiero decirles que nuestro país está compuesto por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por supuesto, la Ciudad de México, unidos en una federación”, tal y como lo establece el Artículo de nuestra constitución máxima, el Artículo 40, y ese fue el punto central del debate para la construcción de las modificaciones acordadas.
Ahora, gracias a ese acuerdo político se logró establecer en los Artículos 5, 22 y 35 de la Minuta una redacción con base en el texto constitucional, es decir, se trasladó la facultad que el Constituyente Permanente estableció para las Legislaturas Locales en los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia, cuando en diciembre de 1982 reformó el Título Cuarto del texto constitucional en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas.
Lo anterior se clarifica con dos precedentes fundamentales, el primero, el que se estableció en el Dictamen que contiene la reforma constitucional de 1982, de las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación, Primera de Justicia y Primera Sección de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
En dicho dictamen cuando se incorporó la participación de las Legislaturas Locales, por ejemplo, para el caso del juicio político previsto en el Artículo 110 constitucional, se estableció: “…que el propósito de reformar la Constitución, de ninguna manera pretende lesionar, sino por el contrario, preservar y tutelar la autonomía de los Estados”.
Y, “…por lo que toca a las autoridades locales, la resolución que en su caso dicte la Cámara de Senadores como jurado de sentencia, tenga únicamente efectos declarativos, a fin de que las legislaturas de los Estados, en ejercicio de sus atribuciones, determinen lo pertinente”.
