Ciudad de México, 22 de septiembre de 2020.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy, como representante del Grupo Parlamentario del PRD, queremos presentar una iniciativa que tiene que ver con el secreto digital en nuestras comunicaciones.
Pocos nos damos cuenta que a estas alturas las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestra comunicación personal, lo que publiquemos en ella tiene repercusiones en la forma en que seamos vistos e incluso, en nuestras relaciones interpersonales cotidianas. ¿Pero qué pasa cuando esta información deja de estar en nuestras manos porque alguien la roba, difunde y comercializa para su propio beneficio?
Hoy en día más del 70 por ciento de los mexicanos somos usuarios de internet, de estos 85 millones de personas la mayoría declara que ocupa su celular para entretenerse, obtener información y comunicarse. Asimismo, se estima que la pandemia acelere la digitalización de las comunicaciones privadas, debido a las medidas de distanciamiento social y el trabajo remoto.
No obstante, a raíz de este crecimiento en el uso de tecnologías nacen áreas de oportunidad para los delincuentes cibernéticos, que aprovechan vacíos legales en nuestra legislación para lucrar con nuestra información logrando salir impunes. México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en ataques por hackeos, que es cuando gente extraña roba contraseñas o diseña programas informáticos con el fin de extraer información privada en medios digitales. La compañía de ciberseguridad Kaspersky señaló que en 2019 acontecieron 300 millones de ataques cibernéticos en México, aumentando 31 por ciento con respecto al año anterior, estos ataques han afectado a empresas, personas e incluso al gobierno.
Tradicionalmente el foco de atención se ha centrado en generar esfuerzos para proteger a las personas y empresas de robo de identidad digital, robo en cuentas bancarias o robo en portales de comercio electrónico; no obstante, estas prácticas delincuenciales no sólo tienen un impacto económico sino que también se han extendido hasta dañar nuestra esfera más íntima, nuestro derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Para ilustrar esta pobre problemática, una mujer llamada Carmen fue despedida porque su empresa descubrió que utilizaba el tiempo libre que le dejaba su jornada laboral para realizar otras actividades; al año siguiente ella demandó despido injustificado y un tribunal encontró que su despido era improcedente porque la empresa había descubierto lo que la trabajadora hacía por las tardes, a través de una conversación privada que esta trabajadora tuvo con una compañera durante su horario laboral.
En este caso, se consideró que el derecho a la privacidad, así como el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de la trabajadora habían sido vulnerados porque la empresa no había pedido autorización para acceder al contenido de sus conversaciones. Las redes sociales tanto para Carmen como para el resto de las y los mexicanos son un reflejo de nosotros mismos, ahí se encuentran almacenadas cuestiones privadas como conversaciones, fotografías, audios, que deben estar protegidos por la ley.
La Constitución en su Artículo Décimo Sexto contempla este derecho señalando que la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Fíjense de cuándo es este artículo, de cuando circulaban las cartas y los telegramas, cuando la gente se comunicaba a través de esos medios, hoy lo que estamos proponiendo es una modificación a ese Artículo Décimo Sexto para que todas las comunicaciones privadas, no sólo en las escritas sino también ahora en las digitales, resulten protegidas con independencia de su contenido.
Esto se traduce en que se establezcan nuevos candados y mecanismos que permitan defender a los usuarios, para que nadie pueda robar sus correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, textos SMS o una conversación que tengan por Facebook, y en caso de que alguien decida robar la información, se sancione es delito y este no quede impune, de esta forma estamos dando pasos en dirección de la digitalización y el uso de las tecnologías asegurándonos de que esta transición no ponga en riesgo derechos fundamentales, salvaguardados por nuestra Carta Magna. Es todo senadores y senadores es cuánto presidente.
