El bloqueo de una parte de los recursos que son transferidos al gobierno de México a través de la Iniciativa Mérida, por parte de su homólogo norteamericano, debido a las constantes violaciones de los derechos humanos derivadas de la consecuencia de la llamada “guerra al crimen”, evidencia el nivel de crisis que envuelve al país entero, indicó la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial han llegado a tal gravedad que hasta el gobierno norteamericano está alarmado, y a pesar de ello las autoridades mexicanas persisten en su política de oídos sordos a las críticas, “es una contradicción que el gobierno de México se diga abierto al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos, pero rechace cualquier señalamiento que juzgue la situación de los derechos humanos”, señaló.
Sobre la Iniciativa Mérida, la senadora del PRD apuntó que es lamentable el papel de México al aceptar financiamiento condicionado para el combate al tráfico de drogas, lo cual limita una verdadera estrategia integral de debilitamiento de la delincuencia organizada, cuyas fuentes de recursos incluyen tráfico de armas, trata de personas, secuestro y extorsión, “sobre todo cuando la nación de la que provienen tales recursos está despenalizando el uso de la mariguana con fines no sólo médicos sino también recreativos, pero promueve una guerra contra los narcotraficantes fuera de su territorio”.
La legisladora resaltó que es momento de que se inicie una discusión nacional sobre la necesidad de cambiar la estrategia de una guerra contra los cárteles de drogas, que han implementado la administración de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, porque los resultados observables son un fortalecimiento de estos grupos delictivos y la vulneración de los derechos humanos.
Finalmente, de la Peña comentó que debe incluirse en el debate nacional la conveniencia de descriminalizar el uso de la mariguana para fines médico y recreativo, como lo están haciendo en Estados Unidos, porque de concretarse su venta legal en el país vecino del norte, “¿a qué mercado se reorientaría los cárteles de la droga? ¿quiénes deberán enfrentar la violencia exacerbada de la delincuencia organizada para apoderarse de un mercado reducido?”, cuestionó.
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