Intervención de la senadora Angélica de la Peña para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Angélica de la Peña Gómez (ADPG). Buenas tardes, señor presidente.
Buenas tardes señoras y señores, senadoras y senadores,
El pasado 30 de enero de 2015 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anunció un recorte presupuestal al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad derivado de los caída internacional de los precios del petróleo. Al respecto la Secretaría de Hacienda señaló que este recorte incluye ajustes al presupuesto de PEMEX y CFE por 62 mil y 10 mil millones respectivamente.
Con relación a los gastos de la Administración Pública, señaló habrá un ajuste de 52 mil millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde al gasto corriente y 35% a gasto de inversión; adicionalmente se anunciaron medidas de austeridad en una reducción únicamente del 10% de servicios personales en los gastos del gobierno, es decir sueldos y salarios.
Se trata de un ajuste a todas luces insuficiente para contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la economía nacional; ya que se prevé que no se alcancen las metas de crecimiento del país.
En el partido de la Revolución Democrática hemos sostenido que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al poder legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establecen los artículos 75 y 127 de nuestro texto fundamental.
Estamos convencidos que debe eliminarse privilegios como son los seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago del seguro de separación y eliminar plazas. Dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos por telefonía celular; remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para los funcionarios, son compromisos ineludibles en un estado democrático.
Al respecto cabe señalar que desde el 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho Decreto establece las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discreción con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles.
No obstante que han pasado casi cinco años sin que se haya aprobado la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de dicha reforma, las y los mexicanos seguimos siendo testigos como se violenta la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población. México se caracteriza por ser uno de los países donde más latentes es la desigualdad social.
Por tanto la iniciativa que sometemos a la consideración de ésta Soberanía, es la misma que el 13 de abril de 2010 presentó en su momento Senador Pablo Gómez Álvarez. Se trata de volver a plantear una política salarial del gobierno que en estos momentos de recorte presupuestal, pero simplemente es una medida coyuntural, que evitaría la discrecionalidad existente en la política de sueldos de la llamada “alta burocracia”.
Señoras y señores, el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública llega al cargo con dos años de retraso con el respaldo absoluto, también en un momento coyuntural, por parte del Ejecutivo federal que ha dejado sin nombrar esta Secretaría pero también olvidando que una de las primeras reformas de esta Legislatura, y precisamente del Presidente Peña Nieto, fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en donde desaparece esta Secretaría de la Función Pública, y en sus artículo, en especial el segundo, dice lo siguiente:
Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta Ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor a la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia de anticorrupción entre en funciones; conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.
Lo leí textual, no entiendo por qué la Junta de Coordinación Política determinó, y todos leímos en los medios de comunicación, que estaba desierto el nombramiento de Fiscal Anticorrupción; después de que la misma Junta lanzó una convocatoria y entre sus atribuciones señalaba que iba a verificar cada uno de los nombres de las personalidades que se inscribieron para dicho proceso.
El informe que llega de manera formal a las comisiones encargadas de procesar ese nombramiento e iniciar el curso de la convocatoria de la siguientes etapa de celebración de comparecencias, se nos informa por la Junta de Coordinación Política que todos y todas de quienes se habían inscrito a partir de esta convocatoria, eran idóneo y habían cumplido con los requisitos planteados en la convocatoria.
Convocamos, las comisiones, a comparecencias a todas estas personalidades, el asunto se atora, quién sabe dónde, quién sabe por qué, pero pues nos enteramos por la prensa que la Junta va a reiniciar este proceso porque resulta que quienes se habían inscrito no son idóneos y no reúnen los requisitos.
No entiendo, me parece que este tipo de cosas en estos momentos dan una mala lectura y no hacen ver bien al Senado de la República, y sobre todo, no hacen bien a esta Legislatura que inició reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública y después de dos años todavía no tenemos al Fiscal Anticorrupción autónomo como lo señala la Constitución.
Es cuanto.
Yo espero que ahora sí revisamos esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración.
Muchas gracias por su atención.
