¿Por qué voté contra de las leyes secundarias de la Reforma Energética?
En agosto del año del 2013, los senadores del PRD respaldamos una propuesta de Reforma Energética elaborada por el Ingeniero Lázaro Cárdenas y un amplio grupo de especialistas. Reconocíamos entonces la indiscutible importancia de hacer un cambio profundo en el sector energético de nuestro país. Un cambio en el que Petróleos Mexicanos mantenga la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera garantizando la seguridad energética de las próximas generaciones de manera suficiente, continua, económica, diversificada y de alta calidad.
La propuesta tenía 8 ejes estratégicos: 1) Cambio en el Régimen Fiscal. 2) Autonomía Presupuestal. 3) Autonomía de Gestión. 4) Fortalecer a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 5) Tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la energía. 6) Convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un Organismo Financiero. 7) Impulsar la Investigación y Desarrollo Tecnológico. 8) Transición energética, cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por ello, contrastando ambos proyectos, es que fuimos sumamente meticulosos y críticos con el proyecto de leyes que se aprobaron. Éstas son mis razones para votar en contra:
La importancia de la Reforma Energética está en la posibilidad de construir una nueva concepción del Estado para superar y trascender aquellos rezagos institucionales del pasado. Ni los tiempos legislativos de una Cámara ni los cálculos políticos de un gobierno deberían tener prioridad sobre una política de Estado.
México cuenta con vastos recursos naturales que pueden ser palanca para el desarrollo industrial y la diversificación económica en un futuro y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el presente. Entonces, vale la pena preguntar: ¿Una reforma energética para qué? En los cuatro dictámenes de leyes secundarias no existe un compromiso social explícito, ni instrumentos legislativos que traduzcan los beneficios de la renta petrolera en inversión social, salud, educación, combate a la pobreza o abatimiento de indicadores de rezago. Por ejemplo, en Brasil el 75 por ciento de las regalías del petróleo y el 50 por ciento del Fondo Social de la región de explotación de Presal van destinados a la educación, y el 25 por ciento restante de las regalías van para sanidad.
El error de quienes aprobaron la reforma en estos términos es que concluyen que “ingresos gubernamentales” es sinónimo de “beneficios sociales”. Una mayor disposición de recursos no significa un subsecuente gasto focalizado eficiente como política redistributiva. Resulta en un salto lógico equivocado asegurar dicho comportamiento dada la opacidad institucional con la que se han manejado históricamente los recursos provenientes de los hidrocarburos.
Se confunden los fines con los medios. Alcanzar mayores niveles de exportación de barriles de petróleo (como los que tuvimos en 2004) y explorar y extraer todo el supuesto potencial que representa el gas de lutitas (como ya lo hace Estados Unido) nada dicen y nada valen en sí mismos si eso no se traduce en una discusión sobre indicadores concretos, en etiquetar insumos específicos y calendarizar actividades concretas que tengan como resultado la reducción de la desigualdad. No hay mejor indicador para concluir que un Estado ha fallado en su política económica como la desigualdad entre los, ahora, “súper-ricos” y toda la demás población.
Aceptando sin conceder que podamos considerar el aumento de la producción como un objetivo de esta reforma, este incremento no se dará en el corto plazo. Pasar de 2.6 millones de barriles de petróleo diarios a 3 millones para el 2018 es una meta irreal de acuerdo al Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford. En los países desarrollados como Estados Unidos, ha tomado entre tres y siete años el que una licencia haga su primer descubrimiento de crudo.
Estirando aún más este argumento, aún si pudiéramos pensar que fuera posible alcanzar estos objetivos en el corto plazo y que esos fueron los principales objetivos de la reforma, quienes la defienden olvidan la historia de las privatizaciones de las utilidades de empresas del Estado en México. México ha privatizado bancos, a Teléfonos de México, numerosos proyectos carreteros, líneas aéreas y ferrocarriles en las últimas décadas y el gobierno ha tenido enormes problemas para hacerles cumplir las condiciones de los títulos de concesión. La apertura, históricamente, no ha servido a las mayorías en México, sino sólo a un muy pequeño sector, generando monopolios privados y los niveles de riqueza más altos del mundo. No hay objetivos sociales claros, resulta inviable las estimaciones de resultados que quienes defienden la reforma predicen llegar a tener y no existen tampoco mecanismos de verificación y control que empoderen al Estado para hacerle frente a las empresas extranjeras y someterlas a un régimen jurídico que las haga competir en igualdad de condiciones con los productores mexicanos.
No por mucho madrugar amanece más temprano. El proceso de reforma, desde las Comisiones, ha sido por demás atropellado. Es poco probable que este proyecto pueda subsanar sus vicios de origen alcanzando los resultados dorados que promete tener. El problema es que cuando les digamos “¡se los dijimos!”, puede que ya sea demasiado tarde. Sin duda: No hay peor reforma que la que se hace mal.
