El combate a la corrupción constituye una de las reformas estructurales pendientes del Estado mexicano. Nuestro país requiere esta reforma para mejorar su crecimiento, sanear su vida pública y disminuir la inseguridad que padecemos desde hace años.
Mucho se habla del combate a la corrupción, pero la gran reforma que prometió el Ejecutivo federal al inicio de su mandato se ha quedado en simples palabras. Después de protestar el cargo, el presidente de la república anunció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la cual aún no se ha creado.
El hecho de que la Secretaría de la Función Pública no acaba de morir y la Comisión Nacional Anticorrupción no acabe de nacer abre un espacio de incertidumbre legal y política que pone en tela de juicio el compromiso del actual gobierno federal para combatir la corrupción.
La simulación, el engañar con la verdad, los mensajes ocultos y otras prácticas que ensalzan el folclore del sistema político y que en muchas ocasiones se han considerado —no sin cierto cinismo— como elementos de estabilidad social y de regulación de tensiones internas se revelan en estos momentos como obstáculos para la solución de la situación que vive el país.
El sistema nació con la institución presidencial como eje de articulación. Las condiciones presentes en esos momentos no permitieron otra alternativa; la unidad nacional sólo podía ser representada por el jefe nato. Con la consolidación del presidencialismo se crearon el partido del gobierno y el corporativismo tradicional.
La corrupción permeó y se establecieron prácticas que se volvieron comunes, aunque nunca públicamente aceptadas. Mientras tanto, los gobiernos posrevolucionarios lograron mantener un crecimiento casi constante y generar expectativas de desarrollo. En éste y otros aspectos se encuentra el origen estructural de la corrupción en México.
Ahora, el combate a la corrupción no les parece importante a los ansiosos que en este receso han convocado cuatro periodos extraordinarios para aprobar la reforma electoral, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, y que se han mostrados desesperados por privatizar el sector energético, entregar la renta petrolera a las empresas trasnacionales y desmantelar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La corrupción afecta el desarrollo económico, porque desalienta la inversión en la economía, amenaza la estabilidad macroeconómica puesto que los servidores públicos desvían recursos, empeora la distribución del ingreso, ya que se segmentan las oportunidades y se benefician grupos organizados y con influencia política. Además de los impactos a la economía, la corrupción afecta la legitimidad del Estado y la credibilidad de la población en sus autoridades.
Existen diversos estudios por ramas y sectores de la economía que revelan las pérdidas que generan los actos de corrupción, las cuales se calculan alrededor del 10 % de las ganancias anuales.
Un gobierno corrupto o con prácticas de corrupción es más propenso a atraer empresarios e inversionistas corruptos, no a las empresas de vanguardia y con responsabilidad social, que son las que México necesita. Un gobierno corrupto abre la puerta para una gran cantidad de delitos, favorece el crecimiento del crimen organizado y deforma las instituciones públicas y responsables de la administración de justicia.
¿Qué implicaría una reforma estructural para combatir la corrupción?
Para combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas, se necesita dar vigencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual nuestro país forma parte.
Culminar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como la instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar estos actos en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral.
La comisión debe ser autónoma para que cuente con los elementos que garanticen su independencia, y que pueda realizar su trabajo de forma profesional e imparcial, y guiarse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
La comisión deberá impulsar acciones y programas de carácter preventivo, en especial de aquéllos destinados a promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como el Estado de derecho. En este sentido, podrá formular recomendaciones —ya sean particulares o de carácter general— para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir prácticas de corrupción.
El cambio estructural en materia de combate a la corrupción no depende únicamente de la creación de un organismo creado para tal efecto, sino de un cambio de fondo en el carácter del servicio público y en la inclusión de valores a nuestra cultura política relativos a la rendición de cuentas y la transparencia.
Para el Grupo Parlamentario del PRD, el combate a la corrupción es una prioridad y este tema formará parte de nuestra agenda estratégica para el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre.
@MBarbosaMX
Coordinador parlamentario del PRD
en el Senado de la República
