Intervención en tribuna del senador Zoé Robledo A., del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen que reprueba todo acto de violencia que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico para las mujeres.
Zoé Robledo A., (ZRA): Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores y diputados, diputadas.
En mi estado, en Chipas vive el que es quizá el sector de la población de nuestro país más vulnerable, de toda la República, se trata de aquellas personas que cumplen tres condiciones que desde el nacimiento las condena muchas veces a la exclusión, al abuso y a la marginación.
Ser mujer, ser indígena y ser pobre es quizá el estatuto más marginado y más vulnerable de nuestro país. Por eso, cuando ocurre en contra de este sector de la población hay que preocuparnos y hay que discutirlo en la tribuna del Senado de la República y en este caso de la Comisión Permanente.
Porque yo creo que cuando alguna mujer en alguna de estas tres condiciones, o las tres, logra a partir de su valentía, su coraje, oponerse a esas resistencias, participar en la vida pública, participar en la vida política y partidista y después tener éxito, pues debería de ser objeto de preocupación de todo el Estado mexicano que esa participación no se vulnere, no se ponga en riesgo y por supuesto no se amenace.
¿Qué es lo que está ocurriendo en Chiapas como está ocurriendo en muchas otras partes del país? Pues que hay obstáculos, que hay obstáculos donde debería de haber facilidad; que hay resistencias donde debería de haber un flujo de protección a este sector de la población al cual deberíamos estar haciendo permanentes reconocimientos por estar transformando la forma de hacer política en esos rincones apartados del país.
Hoy, desafortunadamente, y lo digo con un sentido muy autocrítico, ni los partidos políticos ni las autoridades electorales, están haciendo nada para proteger la participación política de las mujeres en mi estado.
¿Por qué lo digo? No es una opinión de un senador de Chiapas, es el reflejo y la reflexión a la cual nos debe llevar la sentencia del Tribunal Federal Electoral que puso en jaque todos los registros de todas las candidaturas en Chiapas, los suspendió durante cuatro días a una semana de que se celebraran las elecciones locales por una razón: porque ningún partido, incluido el PRD, ningún partido, salvo Morena, había cumplido la paridad de género; les dieron 48 horas para bajar el registro y volver a registrar a candidatos cumpliendo el principio de paridad.
Eso puso a las candidatas en una condición muy complicada, primero, cruzó la mente 48 horas para hacer campaña. Yo me he estado preguntando si esa es la paridad que queremos para el país, una paridad que no se refleja en equidad en la contienda. ¿Quién puede pensar que alguien que tiene un mes haciendo campaña puede competir con alguien que tiene solamente 48 horas, con el agravante, como ya lo he señalado, de que sus nombres no pudieron aparecer en las boletas?
Por eso, como ya se ha señalado aquí, el caso de Yesenia Alamilla, por cierto, candidata del Partido Acción Nacional, es solamente una muestra de una conducta sistemática que está en todos los partidos, el de intentar amenazar a una mujer que puede tener éxito para que no llegue al Poder.
Este caso, el de Yesenia, efectivamente ella ha señalado y hoy estamos aprobando que se le presten medidas cautelares, que haya una investigación sobre los hechos, porque no es cualquier cosa que a una candidata de un municipio como lo es Reforma, Reforma en el norte de Chiapas, la persigan, la alcancen, la hagan descender de su camioneta, la amaguen, la encañonen, y después la retengan durante unas horas.
Eso no debería ser normal ni en Chiapas ni en ninguna otra parte del país.
Y déjenme decirles una cosa, la Red de Mujeres por la Paridad en Chiapas ha recibido a partir de este hecho, de una mujer que atrevió a denunciar, ha recibido otras denuncias de otras excandidatas en el estado que recibieron amenazas o incluso agresiones.
Está el caso de Mara Gómez, del PRI, en Playas de Catazajá; está el caso de María Gloria Sánchez Gómez, en Oxchuc, del Partido Verde Ecologista; está el caso de Rosario Hernández, candidata, perdón, esposa del candidato a diputado local del Partido Verde que fungía como coordinadora de su campaña, que fue incluso atacada a tiros y afortunadamente sobrevivió.
Y el caso más grave también, no, no más grave, pero también grave, de una autoridad electa en Playas de Catazajá, la alcaldesa Marcela Avendaño, que sufrió no solamente un atentado, sino incluso, una retención de más de un día.
En ese sentido, es que, lo que hoy estamos haciendo no es solamente a favor de una investigación o de la protección de una mujer, que repito, debemos de reconocer en la valía de su participación política, sino de una conducta que pareciera sistemática y que nos hace preguntar si lo que está pasando en Chiapas es político o es de género, es partidista o es de género.
Por una razón, esta misma red ha identificado que de las 36 mujeres que ya ganaron, gracias a, tras la resolución del Tribunal que obligó a los partidos a tener paridad en sus candidaturas, 21 mujeres han sido impugnadas, 21 mujeres en este momento están en riesgo de caer su triunfo.
Y la pregunta es si la razón es jurídica o de género. Pareciera que es de género por una razón, muchas de estas candidatas en algunos casos están siendo acusadas por tener algún parentesco con el alcalde actual, por violar el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que es un obstáculo al nepotismo en el sentido de no permitir que una esposa, una hija, una madre del alcalde en funciones, pueda acceder al cargo en la siguiente elección.
Eso es por un lado, por el otro lado está el riesgo enorme, y yo no me cansé de decirlo en esta tribuna, de que alguna de estas mujeres sea obligada a renunciar para favorecer al candidato que sustituyó, porque puede pasar, créanlo, puede pasar.
En un estado tan lejano como Chiapas, la presión, la amenaza por parte de un grupo, aunque sea del mismo partido, puede obligarlas a renunciar para dejarle el paso al candidato que fue sustituido. Hubo una suerte de (inaudible) con el agravante por supuesto, de género.
Yo estoy seguro y convencido, que de ser mujer en Chiapas y hacer política siendo mujer en Chiapas, implica tener otros derechos o tener una experiencia democrática distinta a la de cualquier persona sea cual sea su sexo en cualquier parte del país, entonces lo que sí debemos preguntarnos es si realmente la democracia en México, podemos decir, que existe de manera plena en todos sus rincones.
Felicidades a la Permanente por los resolutivos, pero ojalá sea la punta de lanza para otras acciones en defensa de las mujeres candidatas y las mujeres que han ganado.
Es cuanto, muchas gracias.
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