Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, con proyecto de decreto por medio del cual se propone reformar y adicionar diversos artículos de la ley de migración en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Raúl Morón Orozco, (RMO): Con su permiso, senadora presidenta; senadoras y senadores.
Debemos reconocer que en México se vive una grave crisis en materia de derechos humanos. Somos ya un país señalado a nivel internacional por la sistemática violación a los derechos de las personas, pero sobre todo por el atropello de los derechos de los migrantes centroamericanos en su tránsito por nuestro territorio nacional y muy en particular los menores migrantes no acompañados.
Según datos de UNICEF, México, y de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con personas migrantes en tránsito por México, la cifra de menores migrantes no acompañados detectados por las autoridades mexicanas aumentó en los últimos años en más de un 300 por ciento, lo que obliga a reformular nuestra política migratoria y encauzarla hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos.
No debemos olvidar que también somos un país en lucha permanente por la defensa de nuestros migrantes y sus derechos humanos en Estados Unidos, amenazados hoy por un discurso xenófobo, racista y por momentos hasta de exterminio.
Cuando de derechos humanos se trata no puede haber nacionalidad ni territorios ni privilegios raciales, la única lógica imperante debe ser en todo caso la universalidad de la dignidad humana.
También somos un país convencido de que el respeto a las diferencias étnicas, lingüísticas o de origen, sólo puede ir acompañado de una constante práctica de la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la fraternidad hacia nuestros pueblos hermanos y que eso se debe expresar en leyes y ordenamientos jurídicos.
México ha firmado y ratificado protocolos y convenciones internaciones que coadyuvan a que los derechos de la infancia sean respetados en nuestro territorio independientemente de la situación migratoria.
Nuestro propio texto constitucional en su artículo primero fundamenta la obligación de que se respeten los derechos humanos de todas las personas en México, independientemente de la nacionalidad que tengan.
Asimismo, se integrado a nuestras legislaciones nacionales principios jurídicos que tienen como base el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes.
En el caso específico de los menores migrantes, se reconoce también que todos tienen derecho a salir de cualquier nación, incluida la propia y de transitar por cualquier país, bajo el principio del pleno respeto a sus derechos humanos.
No se debe criminalizar la migración independientemente de la situación jurídica en la que las y los menores se encuentran y los estados deben proteger a las niñas, niños y adolescentes que migran en situaciones de vulnerabilidad.
El tema migratorio debe ser atendido de forma integral, estratégica y pacífica, mediante acuerdos con las otras naciones centroamericanas corresponsables bajo una legislación nacional más incluyente, pero sobre todo con una cultura de valores y respeto a la diversidad técnica con sentido humanitario.
Por eso es que hoy, considerando todas estas recomendaciones y observaciones, adquiere suma importancia la iniciativa que aquí presentamos y ponernos a su consideración, la cual propone adecuaciones pertinentes y sustentadas a los artículos 29, 52, 71 y 74 de la Ley de Migración.
Estas reformas y adiciones nos han sido expresadas como urgentes por diversas organizaciones y defensores de derechos humanos preocupados en el tema migratorio y quienes hoy además han decidido adoptar un papel más protagónico en la responsabilidad conjunta Estado-sociedad para la protección y defensa de los derechos de los menores migrantes no acompañados.
Es así que tomando en consideración propuestas y observaciones hemos argumentado nuestra iniciativa con los siguientes razonamientos.
Las organizaciones de la sociedad civil y los propios menores migrantes han señalado que en muchas ocasiones el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con las condiciones adecuadas para hacerse cargo de manera integral de este grupo, lo que en consecuencia vulnera sus derechos.
En ese sentido, fortalecer los lazos entre organizaciones de la sociedad civil y el DIF, así como promover la protección conjunta de menores migrantes no acompañados se convierte en una cuestión fundamental, ya que actualmente esta protección no se cumple y los menores siguen siendo asegurados en estaciones migratorios en todo el país a pesar de que esto contrapone a la propia Ley de Migración pues estos espacios no cuentan con la infraestructura adecuada ni con la atención psicosocial que este grupo de migrantes necesita.
Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil ya intervienen de facto, por lo que se hace necesario dotar de herramientas jurídicas a las organizaciones de la sociedad para su participación legítima y necesaria como instancias coadyuvantes en el objetivo de revertir las sistemáticas violaciones a los migrantes menores en tránsito por nuestro país.
Por otra parte, dichas organizaciones cuentan también con soportes jurídicos que apoyan la documentación de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en caso de ser necesario y responden a sus necesidades en caso de que los menores esperen su reunificación familiar.
Las reformas que proponemos se refieren a la armonización que debe contener esta legislación con los derechos que tiene la población migrante cuando se encuentra en una condición de víctima y a la obligación del Estado para respetar en todo momento sus derechos humanos.
Es indispensable tomar en cuenta que este grupo migratorio tiene condiciones de vulnerabilidad mayores que las personas adultas.
En ese sentido, sus procesos de regularización deben tomar en cuenta esta situación particular, sobre todo que la mayoría de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en nuestro país son de origen centroamericano y vienen huyendo de la violencia estructural en sus países de origen.
Compañeras y compañeros senadores, las reformas y adiciones a la Ley de Migración que hoy proponemos promoverán mecanismos jurídicos basados en la coordinación interinstitucional para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Con ello nos sumamos al llamado urgente que la sociedad civil nos está haciendo como legisladores para contribuir de manera decidida y puntual en la transformación de una realidad social que deshumaniza a las víctimas y que las deja en estado de indefensión.
Nuestro país no debe ser el patio trasero de ninguna política antimigratoria, por el contrario, ahora más que nunca debemos darle herramientas jurídicas a una sociedad organizada que se ha vuelto la más importante defensora de estos derechos.
México debe ser ejemplo de defensa y protección de derechos de los migrantes dentro y fuera del territorio nacional.
Ser menor de edad y migrante no debe ser un delito, al menos en nuestro país.
Por su atención muchas gracias.
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