· Propuestas del PRI y el PAN buscan achicar los alcances de la reforma constitucional en combate a la corrupción, acusan
Senadores del Grupo Parlamentario del PRD anunciaron que desplegarán un conjunto de acciones para elevar la importancia del debate y el proceso legislativo del andamiaje legal del combate a la Corrupción.
En conferencia de prensa, el coordinador de la fracción, Miguel Barbosa Huerta, expresó su preocupación porque solamente restan 30 días para que el Senado resuelva cuatro leyes nuevas, una o dos reformas a leyes existentes y que antes de que termine el periodo se haya construido todo el andamiaje legal en materia de anticorrupción.
El senador poblano sostuvo que para los senadores del PRD “el proceso legislativo de las leyes de combate a la corrupción tiene la misma importancia que la que tuvo para nosotros el debate sobre las leyes secundarias de la Reforma Energética”.
Y en esa proporción serán las acciones que desplegará la fracción para el debate de las propuestas en materia de combate a la corrupción.
Barbosa Huerta reiteró que el Gobierno federal y las propuestas del PRI y el PAN pretenden achicar los alcances de la reforma constitucional en combate a la corrupción.
En ese sentido, advirtió que se busca entregar la mayoría de las facultades más importantes, “ya no a la Auditoría Superior de la Federación, ya no al Tribunal de Justicia Administrativa, sino a la hoy Secretaría de la Función Pública, que debería llamarse Secretaría de Control Interno, y a los órganos de control interno que cada ente federal debe de tener”.
El legislador subrayó que no se trata únicamente de asumir los contenidos de la Ley General de Responsabilidades y la Ley 3de3, pues ésta es una obligación que no puede imaginarse que quede fuera de la ley.
“Ésa ya es una condición, para que no se queden con la idea que es el gran logro, ahorita lo que hay que evitar, es el achicamiento de la reforma, y el achicamiento está puesto con una estrategia, la estrategia es trasladar la mayor parte de atribuciones a la Secretaría de la Función Pública”, reiteró.
El senador Armando Ríos Piter comentó que “la propuesta del PRI plantea una presencia, una pantomima, una presencia meramente funcional y presencial para los ciudadanos; es indispensable señalar que tienen que ser los ciudadanos los que presidan el Sistema porque eso es lo único que permitirá garantizar que el Sistema funcione”.
Por su parte, el senador Zoé Robledo coincidió en que hay la intención del PRI de que la Ley 3de3 quede de manera simulada y no se está tomando en cuenta la protección a informantes
“Se está dejando como parte y como responsabilidad de cada una de las Secretarías y cada una de las dependencias y sus órganos internos de control, la protección a informantes que forman parte de la Administración pública que deciden revelar información que se reservó de manera incorrecta”, dijo.
Además informó que solicitarán a la Secretaría de Gobernación que agrupe los tiempos oficiales destinados al Senado a cápsulas informativas respecto a las deliberaciones en comisiones, posteriormente en el pleno, de la discusión de las leyes secundarias y de todo el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes precisó que el combate a la corrupción requiere atender el tema de fondo: el control del poder y el control del dinero.
“Tenemos que hacer un sistema que funcione y no tenemos avances en este sentido, por lo tanto requerimos la visión más progresista y no caer en las salidas fáciles y en las salidas que impliquen únicamente una declaración de que con esto ya cumplimos”. sostuvo.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que enfrentar el tema de corrupción es enfrentar “no solamente uno de los cánceres que corroen a la vida pública del país, sino al engranaje fundamental que permite el funcionamiento y operación del sistema político mexicano”.
Aseveró que el combate a la corrupción es el primer paso hacia disposiciones legales que deberán reformar a la autoridad responsable de combatir la corrupción, “que no son los órganos de control interno, sino es fundamentalmente el Poder Judicial en todos sus órdenes”.
“Por supuesto no vamos a entrar en una negociación en donde se haga pues simple y sencillamente una legislación que no sea viable ni que tenga resultados puntuales en su cumplimiento”, concluyó.
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