Ciudad de México, martes 17 de abril, 2017
INTERVENCIÓN EN TRIBUNA
Senado dota a las autoridades de instrumentos para combatir el robo de hidrocarburos en el país: Isidro Pedraza
Intervención en tribuna del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor del De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
Isidro Pedraza Chávez (IPC): Gracias presidente.
Compañeras y compañeros.
En representación del Grupo Parlamentario del PRD, vengo a esta tribuna a avalar y respaldar el proyecto de dictamen que se ha elaborado en términos de lo que se establece con modificaciones al Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
Este es un tema que ha generado en nuestro país que en algunos estados de la República una preocupación por la forma tan impune y descarada con la que vienen actuando este tipo de delincuencia organizada y que hace falta presentar, entonces, instrumentos de carácter jurídico para poder disuadir, castigar, sancionar.
Y en ese sentido, nosotros podemos ver que este fenómeno ha crecido de manera exponencial. Miren, en el año de 2010 al 2014, había entre 691 a 4 mil 127 tomas clandestinas, vemos cómo el número tan pequeño exponencialmente creció hasta 4 mil 127.
En 2015 se localizaron 5 mil 252 tomas clandestinas, más las que estaban ahí ocultas todavía; en el año 2016 se registraron 6mil 873 tomas clandestinas.
Y esta tendencia en el año 2017 hablaba de que pudiera incrementarse a 9 mil tomas, porque esto apenas se tenía hasta el mes de septiembre de 2017.
Adicionalmente a la violencia del crimen organizado, y a la infraestructura estratégica de la nación; tenemos que el costo para las finanzas públicas de acuerdo al dictamen que se pone a su discusión, es más de un billón de pesos en lo que va de este sexenio, lo que representa el 20% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De aquí la importancia someter a su consideración de esta soberanía el presente proyecto que modifica el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, el Código Penal Federal y la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el fin de dotar al SAT de nuevas facultades para:
Uno, realizar practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos, y en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron durante el periodo de tiempo que dure la verificación.
Investigar la transmisión de pérdidas fiscales para justificar ingresos excedentes por venta de gasolina de procedencia ilícita.
Aquí también se mencionó –y lo contiene esta iniciativa- que se van a instalar medidores volumétricos para poder establecer desde la salida de la planta refinadora, hasta el expendio del usuario final el volumen de litros que están en el mercado y se están comercializando.
De tal suerte que esto, como ya se dijo aquí, va a traer un beneficio adicional que va a significar porque se vendan litros completos y que la calidad de la gasolina sea la que se está pagando, no como ocurre actualmente; no sé si les ha pasado, que hasta agua le inyectan a la gasolina y genera fallas en los vehículos, o dicen que es premiun y nos están vendiendo gasolina magna.
Entonces, está el incremento de las penas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y que estos fueron aprobados el pasado jueves 5 de abril de 2018.
Este dictamen incrementa las penas en el Código Penal Federal en materia de falsificación de declaraciones fiscales y cárcel de tres meses a tres años a quien suplante la identidad de un contribuyente o participe en cualquier mecanismo de engaño a la autoridad fiscal para justificar ingresos excedentes de la venta de hidrocarburos.
Lo anterior, sin olvidar que las medidas de prevención otorgadas a la Comisión Reguladora de Energía para imponer la Clausura temporal, total o parcialmente, inhabilitar o inmovilizar equipos e instalaciones, del suministro, del servicio o de la actividad de gasolineras.
Con la aprobación de este dictamen cerramos la pinza por parte del Código fiscal Federal, Código Penal Federal y otras disposiciones para dotar a las autoridades de instrumentos para combatir este delito en el país.
Aunque el GPPRD manifiesta su apoyo a este Dictamen, no podemos dejar pasar la oportunidad de llamar la atención para fortalecer otros instrumentos que las autoridades fiscales y electorales necesitan para identificar preventivamente las actividades de lavado de dinero por parte del crimen organizado, sobre todo en periodos electorales –óigase bien- donde la Secretaría de Gobernación y el INE tienen también un papel preponderante.
Lo anterior, porque de acuerdo al Informe 2018 del Grupo de Acción Financiera en enero 2018, donde expresa que la deficiente identificación de los “beneficiarios finales”, es decir, de los verdaderos operadores de empresas y cuentas bancarias, sumada a los “malos resultados” del sistema de justicia criminal y a los altos niveles de corrupción, convierten a México en un lugar particularmente expuesto ante el lavado de dinero.
El documento destaca que el lavado de dinero toma tres aspectos distintos en México: algunos lavan dinero procedente del crimen organizado, otros esconden operaciones de corrupción como lo ejemplifican los desvíos multimillonarios realizados por algunas administraciones, particularmente uno de ellos, el expriista Javier Duarte en Veracruz por un monto de 61 mil millones de pesos; el de Chihuahua, que se niega el gobierno a establecer la demanda de extradición.
El informe subraya con alarma la falta de recursos del Servicio de Administración Tributaria, que en los últimos tres años sólo auditó a 0.2% de las 64 mil empresas cuyas actividades representan un riesgo de lavado de dinero. Y por otro lado, las sanciones no se aplican de manera efectiva, proporcionada y disuasiva.
Dicho lo anterior, es fundamental hacer un esfuerzo a la altura que demandan las diferentes causas sociales para atender los temas de seguridad pública y combate a la corrupción, el ataque a las finanzas del crimen organizado y el desvió de recursos públicos.
Es cuanto señor presidente.
Gracias por su atención al pueblo de México que no oye por el Canal del Congreso.
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