La senadora Iris Vianey Mendoza, del PRD, propuso una reforma constitucional en materia de justicia penal, con el fin de reforzar el principio de presunción de inocencia; extraer del orden constitucional la figura del arraigo; acotar el valor probatorio de los testigos protegidos; instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas, y establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos.