VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA INTERVENCIÓN DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA DURANTE LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; LEYES SECUNDARIAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA.
Sen. Dolores Padierna Luna: Estamos aquí para discutir sobre un paquete legislativo derivado de la contrarreforma energética de diciembre de 2013; una contrarreforma diseñada con objetivos antinacionales y aprobada sin que mediara un análisis riguroso.
La reforma que Enrique Peña Nieto presume por el mundo tiene su origen real en las necesites geopolíticas de Estados Unidos y en los planes de negocios de sus compañías transnacionales. Es una reforma que busca conseguir la “independencia” y la “soberanía” energéticas, sí, pero de Estados Unidos a costa de la soberanía e independencia energética de México.
Lo llaman “integración” de una región estratégica formada por Canadá, EU y México; región que ahora hasta algunos funcionarios mexicanos agringados, le llaman Norteamérica.
Esta “integración” es, la que, de antemano, México tiene un papel subordinado, prácticamente de proveedor de materias primas, de territorio que se entrega para que lo expriman, para que los terminen de saquear los grandes intereses transnacionales.
Las iniciativas secundarias presentadas por Peña Nieto tienen como objetivo central reducir el papel de nuestras grandes industrias energéticas a tareas secundarias para que, con una estrategia subalterna y neocolonialista, exportemos la mayor cantidad de hidrocarburos a Estados Unidos, fortalezcamos así su papel dominante, a cambio, tengamos que importar refinados y petroquímicos de alto valor agregado.
Armado de una campaña de falsas promesas, el gobierno quiere convencer al pueblo de México de que no hay otro camino más que el de la privatización de nuestro sector energético.
Las iniciativas que discutimos están diseñadas, aunque se pretenda ocultar mediante artimañas legislativas, para despojar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad de sus mercados, de su capacidad y de su infraestructura productiva. No sólo se fragmentan sus cadenas productivas, sino que se les somete a regímenes fiscales confiscatorios que las dejan sin posibilidades de ser competitivas, porque lo que se busca es que sean desplazadas por las transnacionales privadas.
Pemex y la CFE van a la competencia en condiciones de franca y total desventaja, atados de pies y manos en una competencia desleal, sin instrumentos jurídicos, ni financieros que le están imponiendo en estas 21 leyes.
Se trata pues de empresas productivas del Estado, así se les llama en estas iniciativas, pero es un nombre de burla, porque justamente lo que se busca es quitarle la productividad de nuestras empresas.
En el caso de Pemex, las iniciativas configuran una sobreexplotación irracional e irresponsable del recurso no renovable más importante de la Nación.
En vez de fortalecer a nuestra empresa pública, se le acorrala por todos lados.
En la Ronda Cero, para empezar, se acota deliberadamente su potencial de desarrollo. Pemex se queda sólo con 42 por ciento del total de las reservas y los privados con el 58 por ciento restante. Por si no bastara, se ceden a los privados las reservas con mayor potencial productivo.
Con este paquete legislativo quieren convertir al sector energético en el reino del contratismo, a través de un modelo que está hecho para beneficiar a los privados extranjeros, a quienes se entregará, por ejemplo, la infraestructura que costó miles de millones y muchos años de esfuerzo nacional.
En realidad, lo que se busca es asfixiar a Pemex y llevarla prácticamente a la extinción.
Según la iniciativa, cuando Pemex vaya en asociación con alguna petrolera privada, tendrá que hacerlo en minoría accionaria y renunciando al control de la administración.
Con el régimen fiscal depredatorio al que se agrega un dividendo obligatorio, a la empresa pública se le confisca el 100 por ciento de su utilidad y se le obliga a endeudarse y aquí hay que ser claros, a pesar de que los medios de comunicación, el secretario de Hacienda, Luis VIdegaray dijo: “que a Pemex se le beneficiará cambiándole su régimen fiscal y que solo se la iba a cobrar un Impuesto sobre la Renta de 30% de ingresos sobre hidrocarburos, se le impone un impuesto mayor al 70% y, luego, en la Ley de Pemex se le obliga a un dividendo de 30% a lo largo de este sexenio. De tal manera que en este sexenio a Pemex se le quita el 100% de sus utiidades y se le obliga a endeudarse.
Se trata, en suma, de un conjunto de medidas diseñadas para propiciar la “muerte lenta” de Pemex, sólo para cubrir las apariencias, porque por la ruta que delinea el paquete legislativo, al finalizar este sexenio Pemex estará totalmente debilitada y habrá sido desplazada por los grandes corporativos transnacionales.
A tono de un gobierno que recentraliza y concentra, con una administración con inclinaciones autoritarias, el conjunto legislativo propuesto otorga extraordinarias facultades a las secretarías de Hacienda y Energía, así como a las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía. Frente a estas dependencias y organismos, Pemex queda atado de manos, con muy escasas atribuciones y sin autonomía de gestión.
Ya no es el Estado, sino un puñado de funcionarios del gobierno federal, quienes manejarán las empresas más rentables del país, decidirán cómo se reparte su riqueza y su rentabilidad.
La primacía que estas iniciativas otorgan a los negocios de las trasnacionales no tiene límite. Es intolerable, además de inconstitucional, que los monopolios del sector energético, que las mineras, estén por encima de la vida, la historia, los bienes y las tierras de las comunidades.
En varios artículos se establecen mecanismos para despojar a las comunidades indígenas y a los ejidatarios de sus tierras. Se presenta como de utilidad pública un negocio privado para el gobierno expropie 400 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio nacional, que serán susceptibles de ser entregados a las transnacionales extranjeras.
De modo que no sólo estamos ante la privatización absoluta de los hidrocarburos: el petróleo, el gas y la electricidad, sino también frente a un modelo que pretende privatizar el agua, las tierras cultivo y los ríos, los bosques y los mares. No importa, para quienes encarnan el afán desmedido de lucro, que en un lugar haya centros ceremoniales o riquezas arqueológicas, porque por encima de todo y de todos están los “derechos” de las petroleras privadas, de las mineras depredadoras, de los magnates transnacionales.
El artículo 101 elimina la intervención de la Procuraduría Agraria en los litigios sobre la propiedad y anuncia una moderna “tienda de raya” cuando, a cambio de la tierra que le despojan a los ejidatarios, ofrecen a las comunidades promesas de que serán contratados por el nuevo dueño de las tierras que les fueron despojadas.
¿Van a despojar a comunidades indígenas si Chevron quiere perforar en sus territorios? ¿Dónde queda el “interés público?, porque aquí se trata de quitar a un particular para entregar a otro particular, lo que además de una injusticia es una inconstitucional.
Este artículo abre la puerta a una fuerte conflictividad social, porque las comunidades se van a defender, se van a organizar para impedir que las despojen.
Decía yo, a quienes nos siguen por el Canal del Congreso y por los medios de comunicación, ya que si aquí no hay interés, al menos quienes nos escuchan, decía yo que en relación a la CFE puesto que la competencia de los privados con una empresa de tamaño tan grande como lo es la CFE serpia difícil. El Ejecutivo propone entonces dividirla en varias subsidiarias independientes entre sí; tendrán prohibido comunicarse entre ellas para que así partida en pedacitos no pueda competir contra los privados a los que además les otorga el mercado potencial más rentable de la electricidad que es el consumo mayorista.
La propaganda oficial, con la que inundaron las pantallas hace pocos meses, prometía la reducción de tarifas. Luego dijeron que la baja vendría en el mediano plazo, pero ahora, en este dictamen, no solamente los gasolinazos no podrán suspenderse cada mes a lo largo de todo el sexenio, sino que también las tarifas eléctricas serán puestas lo antes posibles y serán propuestas por los privados.
No hay ni un solo caso en el mundo, en el cual una privatización traiga como consecuencia una reducción de tarifas.
Además de ser un bien estratégico para la nación, del servicio de energía eléctrica depende las actividades productivas y cotidianas de la población, pero del análisis de la iniciativa se desprende que los grandes monopolios privados se van a quedar con los consumidores mayores que representan el 60% de las ventas actuales del la CFE; mientras que la empresa pública se quedará con el 19.5%, así mientras no desaparezca la CRE seguirá suministrando la electricidad a los hogares y pequeños usuarios, quizá solo para que la sociedad no perciba el cambio tan radical que significará la privatización de la industria eléctrica en su totalidad.
Termino diciendo que, con este paquete de leyes y de reformas estamos hablando, en suma, de una regresión histórica, conservadora, entreguista y privatizadora.
No proponemos que nuestro país viva anclado en el pasado, ¡no!, nosotros tenemos los ojos puestos en el presente, escuchamos a la mayoría de los mexicanos que se oponen a la privatización y atendemos las experiencias de otros países petroleros, donde el Estado amplía el control sobre sus riquezas nacionales, porque son estratégicas y pieza fundamental e insustituible de las decisiones soberanas.
La publicación británica The Economist pasó de hablar del “Momento Mexicano” a decir que ni encomendándose a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, podrá Peña Nieto cumplir sus promesas. Los mexicanos -dice la revista hace poco-, “tienen una buena razón para ser escépticos”.
Somos escépticos, sí, pero no estamos cruzamos de brazos.
Aquí, hay una mayoría mecánica y que va a imponer uno de los paquetes legislativos más retrógradas en la historia del país.
Pero con millones de mexicanas y mexicanos nosotros vamos a insistir en la Consulta Popular. En 2015, estamos seguros que el voto ciudadano echará abajo esta contrarreforma que daña a la nación y destruye la soberanía energética de México.
Muchas gracias al pueblo que me escuchó.
