Reforma energética permitirá que renta petrolera financie los excesos del gobierno y llevará al desmantelamiento de Pemex


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  • Con los cambios legales, los recursos del petróleo permitirán al gobierno mantener su tendencia de gasto, aún en caso de crisis
  • El senador Mario Delgado adelanta que el gasto social es la última prioridad para usar los ingresos por la extracción de hidrocarburos

 

Tras la aprobación de la reforma energética en el Congreso de la Unión, los recursos petroleros que perciba el gobierno federal servirán para compensar su ineficiencia para cobrar impuestos, para subsanar sus excesos en el gasto improductivo y para pagar deudas, advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mario Delgado Carrillo.

La prioridad de dicha reforma es el flujo de efectivo, en lugar de una apuesta de largo plazo, que incluya seguridad y sustentabilidad energética; además ignora la transición hacia nuevas energías y la protección del medio ambiente. Nos podemos quedar sin petróleo y sin nuevas energías que aseguren el abasto en el futuro, explicó.

Aunque los contratos para la extracción de hidrocarburos los ganarán quienes ofrezcan más dinero, las nuevas leyes otorgan muchas ventajas a los contratistas privados; por lo que a largo plazo el gobierno federal, los ciudadanos y sus comunidades recibirán la peor parte, expuso el legislador, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

Así, el objetivo de la reforma energética es extraer lo más rápido posible los combustibles fósiles cuyos ingresos irán primero a las compañías petroleras del extranjero y al pago de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Delgado Carrillo añadió que la renta petrolera que llegue al gobierno federal primero se gastará en salarios, gastos médicos y vehículos para altos funcionarios, así como en comunicación social. La última prioridad es el gasto en educación, ciencia y pensiones.

Las nuevas disposiciones otorgan una salvaguarda al gobierno federal para que no tenga que modificar, bajo ninguna circunstancia, su tendencia de gasto público, incluso en situaciones de crisis, donde lo que procedería es la reducción del gasto no productivo.

Es decir que, ante una eventual caída en los ingresos del gobierno, en lugar de que revise y recorte su gasto no productivo podrá recurrir a una bolsa adicional del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP).

Esta situación incrementará la dependencia del gasto público hacia la renta petrolera, en el mediano plazo. Antes había una sola bolsa de gasto, pero ahora que habrá dos la tentación al despilfarro y la improductividad aumenta. Es como darle una tarjeta de crédito adicional al gobierno.

El senador del PRD también observó que es muy grande la posibilidad de que la renta petrolera salga del país y no se reinvierta en México, lo que se traduce en una falta de ahorro para las generaciones futuras.

Denunció que la reforma en realidad es un proceso privatizador de los recursos energéticos del país, ya que trata a un activo público –los hidrocarburos– como un ingreso que aprovecharán los privados, con un diseño legal, institucional y administrativo que tendrá resultados desastrosos.

Recordó que la propuesta de reforma energética de la izquierda implica rescatar y fortalecer a Pemex: eliminar los abusos, la corrupción, aliviarla de la excesiva carga tributaria y darle la posibilidad de invertir más recursos en exploración.

El problema no fue de inversión, como dice el gobierno; el problema fue que nunca se dejó que Pemex invirtiera en exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas, porque sus recursos se usaron, y se seguirán usando, para financiar el gasto corriente del gobierno. El asunto de fondo no es la falta de inversión, sino el destino de los recursos.

En lugar de ello, anticipó el legislador, se desmantelará la empresa petrolera nacional, al recibir un tratamiento fiscal asimétrico frente a los privados, al restarle la posibilidad de tener planeación financiera, al no tener libertad para elegir a sus socios y al obligarla a financiar al erario mensualmente.

“Es falso que Pemex vaya a competir, que sea una empresa competitiva del Estado. La están dejando en una gran desventaja y el costo de la reforma energética va a ser la desaparición de esta empresa”, puntualizó.