Intervención en tribuna del senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen en materia de justicia laboral.
Raúl Morón Orozco, (RMO): Con su permiso, senador presidente.
Compañeras y compañeros.
Uno de los derechos más importantes para un trabajador es el de la protección jurídica ante un despido arbitrario, debido a que históricamente el mayor número de los conflictos laborales individuales han tenido este tipo de comportamiento patronal como su causa principal.
También son múltiples las causas que generan que los empleadores opten por no respetar los derechos de los trabajadores, con la expectativa de que éstos se desistan de reclamarlos antes el cumulo de obstáculos que tendrían que superar para hacerlos efectivos.
En ese sentido, el tema de la reforma en materia de justicia laboral que hoy se presenta, que implica la desaparición de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, así como la transferencia del litigio laboral al ámbito del poder judicial, es de la mayor importancia para poner al día nuestro sistema de justicia, que debe ser eficaz para reparar el daño, con oportunidad e imparcialidad.
Estamos ciertos que nuestro sistema de justicia laboral fue creado en un contexto maramente contrastante con el que existe actualmente, sobre todo después de las transformaciones experimentadas en los mercados de trabajo.
El aumento de la rotación laboral ante la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de las formas de contratación y despido, de hecho o de derecho, hicieron que el número de conflictos individuales aumentara sustancialmente a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, aunque tendieron a reducirse los conflictos colectivos por el debilitamiento de los sindicatos.
En este contexto, la pérdida del empleo dejó de ser un hecho excepcional en la vida de un trabajador, por lo que el acceso expedito a la justicia laboral y el cobro oportuno de las indemnizaciones se convirtió no solo en una necesidad primordial para la subsistencia, sino en un factor indispensable para desalentar las conductas patronales arbitrarias.
El sistema de justicia laboral mexicano, caracterizado por su integración tripartita y su ubicación en el ámbito del Poder Ejecutivo, es un legado del pasado corporativo y autoritario que ha generado persistentes cuestionamientos por su falta de imparcialidad, oportunidad y eficacia en su desempeño y, más aún, por los altos niveles de discrecionalidad, simulación y corrupción a que da lugar.
La lentitud de los procedimientos, cuestionada por los trabajadores y los empleadores, especialmente cuando éstos últimos se veían perjudicados por el aumento de los montos en litigio con el transcurso del tiempo, fue uno de los factores que llevó a realizar ajustes en el diseño de los procedimientos.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el principal problema era que la justicia no solamente llegaba tarde, sino que difícilmente se podía hacer efectiva ante la insolvencia de los empleadores, principalmente pequeñas y medianas empresas.
Por lo anterior, me manifiesto a favor de esta reforma y doy mi voto a favor; un voto de confianza si este cambio en la justicia laboral implica que se avanzará en la construcción del estado de derecho en el mundo del trabajo, dando nuevas certezas a los trabajadores.
De esta forma, se pasaría de una gobernabilidad basada en mecanismos autoritarios de prevención de la conflictividad laboral que han venido cuestionándose por la sociedad, a otra de tipo democrático, donde se fortalecería la capacidad estatal y judicial para resolverla con legitimidad los conflictos laborales y de manera imparcial.
Se podría aumentar la transparencia y la calidad de la argumentación y fundamentación de las sentencias, al contar con jueces profesionales y especializados en el marco de una carrera judicial con garantías de estabilidad.
Me pronuncio a favor del cambio de justicia laboral, pero no debemos perder de vista que no sólo se trata de modificaciones estructurales de operación, debemos aprender del camino andado de otros países que reformaron sus sistemas que desde hace varios años y considerar críticamente los resultados para hacer eficiente el diseño y la implementación de esta reforma.
Por lo que debemos de retomar las recomendaciones de modificar los mecanismos de resolución de conflictos y asegurar una impartición de justicia especializada.
Se debe garantizar y agilizar los procedimientos ofreciendo garantías a las partes, implementando un programa de profesionalización judicial en esta especialidad.
Destinar recursos suficientes para implementar esta reforma y para capacitación del personal y las condiciones de trabajo; asegurar la calidad de los servicios de mediación y arbitraje para que las partes sientan que su participación se hará de forma tal que se garantizarán sus derechos.
Considerar la creación de un procedimiento sumarísimo en la justicia laboral, con el propósito de que las causas por un valor menor se ventilen por esta vía.
Debemos tomar en cuenta, por último, con mucha responsabilidad que un cambio estructural de esta naturaleza en el sistema de justicia laboral suponen una planeación adecuada y los recursos necesarios para su implementación dentro del Poder Judicial.
Y esto no será una tarea menor para devolver la confianza en la justicia y en el mismo Estado mexicano que nuestra sociedad
Muchas gracias.
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