Intervención en tribuna de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del proyecto de dictamen por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada y tortura.
Lorena Cuéllar Cisneros, (LCC): Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y compañeros senadores:
Quiero dar la bienvenida a este dictamen y manifestar mi voto a favor del mismo.
La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos la cual se integra por el apoderamiento de una persona contra su voluntad mediante la detención regular, secuestro, traslado fuera del lugar de detención oficial o alguna otra forma de privación de la libertad.
Estas acciones deben haberlas realizado agentes del Estado o grupos organizados o particulares con el apoyo directo o indirecto del gobierno para que sean consideradas como desaparición forzada.
En días recientes, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos urgió a la Procuraduría General de la República a trabajar en una serie de acciones para combatir la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
Haciendo una breve reflexión, estoy segura que con esta reforma estamos contribuyendo sustancialmente a esclarecer y conocer la verdad jurídica de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y sancionar a los responsables.
Como decía hace un momento, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde hace más de 10 años.
Esto ha dado como resultado que integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad continúan viéndose involucradas en desapariciones y, en algunos casos, presuntamente en colaboración directa con organizaciones delictivas.
En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del Estado.
De acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ratificada por México en el año 2010 el Estado mexicano está obligado a tomar medidas combatir la desaparición forzada.
Por lo tanto, estamos ante un tema que muchos sectores de la sociedad están esperando y que es clave en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
En el segundo Examen Periódico Universal que hace México ante la ONU, se hicieron 188 recomendaciones a nuestro país en materia de combate a la tortura y la desaparición forzada.
Hace algunos meses el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, exhortó a la PGR a acelerar en todo el país la base de datos Ante-Mortem/Post-Mortem, que permitiría a agentes del Ministerio Público impulsar investigaciones penales, para la atención de casos de desaparición.
También recomendó informar sobre los nombres de las 30 mil personas cuyo paradero se desconocía y las que han sido halladas, así como de las 22 mil que continúan extraviadas.
A nivel local, tristemente me viene a la memoria el video difundido en distintos medios de comunicación, en donde se muestra a una persona que se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de Tlaxcala siendo asfixiada por agentes de dicha institución.
La respuesta de las autoridades locales ante este acto fue negar y contradecirse en la relación de hechos.
En otras palabras, tenemos mucho trabajo en el tema, y el presente dictamen me parece que abre la puerta para trabajar con mayor incidencia desde el Congreso.
Sabemos que hay muchos inocentes tras la reja a causa de la tortura y muchos culpables en libertad por este tipo de prácticas
Reitero mi bienvenida y voto a favor del presente dictamen, con la seguridad de avanzar sobre todo en el fortalecimiento a nivel local en contra de este tipo de acciones.
Es cuanto, señor presidente.
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