El Grupo Parlamentario del PRD propuso aplazar hasta el 30 de junio de 2016 la culminación del “apagón analógico” con el propósito de garantizar la materialización del derecho ciudadano a gozar de los beneficios de la convergencia tecnológica y al acceso a la información.
A través de una iniciativa para modificar el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la fracción del PRD en el Senado de la República busca ampliar las posibilidades para que millones de mexicanos que no han tenido acceso a dispositivos para recibir la señal digital, no queden excluidos de los beneficios de la transición digital y la convergencia tecnológica.
Al fundamentar la propuesta, el senador Zoé Robledo sostuvo que la propuesta pretende corregir un plazo que los mismos legisladores le pusieron al Gobierno para concluir la transición digital terrestre.
Afirmó que el “apagón analógico” debe tener en como eje la protección de los derechos de las audiencias como el acceso o a la información, a contar con una pluralidad de medios, a conocer la verdad, a la libertad de expresión y la igualdad en el ejercicio de sus garantías.
Ante el pleno del Senado de la República, el senador por Chiapas recordó que con la reforma constitucional se aprobó fijar la fecha de culminación del apagón analógico al 31 de diciembre de 2015 y desatacó esto implicaba un proceso paulatino, mas no que todo el apagón se implementara en una sola fecha.
“El apagón lleva años, la transición digital terrestre es un proceso muy largo e incluso hay ciudades donde ya se realizó, ¿hay que aplazar el apagón?, nosotros creemos que sí, pero no creemos que deba ser un año”, dijo.
En ese sentido, el Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía señaló que su propuesta plantea el 30 de junio de 2016 como la fecha para el término de la transición digital terrestre con el propósito de que nadie se quede sin el derecho a la información que significa tener una televisión prendida en su casa y otros derechos que van acompañados.
“Pero también un balance para que continúe otro proceso del que se habla poco, pero que es fundamental, que es la liberalización de la banda de los 700 mhz”, agregó.
Zoé Robledo subrayó que una de las coincidencias que hubo con la reforma constitucional fue la posibilidad de tener una red compartida en materia de telecomunicaciones que iba a incrementar la competencia que iba a generar un nuevo modelo de mercado.
Pero, “aplazar el apagón puede poner en riesgo justamente esa transición y la liberalización de la banda”.
El senador chiapaneco señaló como responsables de la situación en la que se encuentra la transición digital a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las televisoras privadas, las públicas y el IFT.
Destacó que las televisoras públicas argumenten como causa del incumplimiento del apagón analógico la falta de recursos, porque “es cierto, no han tenido los recursos, los estados no han asignado los recursos para la transición digital, pero creo que no hay que caer tampoco en esta trampa de decir que no tienen los recursos”.
Y es que, sostuvo, los estados gastan mucho más en publicidad gubernamental de lo que necesitan para que la televisión pública haga la transición digital, “entonces ha habido dinero, lo que pasa es que ha estado destinado a otras cosas, a la promoción personalizada y de programas sociales con claras intenciones electorales”.
“Creemos que hay que corregir, creemos que hay que dar un plazo más largo, creemos que ese plazo, uno, deba ser un plazo para la culminación y no un plazo para bajar el switch en todo el territorio de manera simultánea”, dijo.
Asimismo, Zoé Robledo llamó a no detener la liberalización de la banda de los 700 mhz y que donde ya se ha hecho el apagón no se vuelva a encender la señal análoga pues representa un retroceso que significaría erogación y gasto público.
Concluyó que los legisladores deben asumir la responsabilidad de no haber considerado que un año era insuficiente para la transición y no condenen a los más pobres a quedarse sin derechos, «pero tampoco abramos la posibilidad de favorecer intereses de manera indebida».
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Telecomunicaciones, de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
