Intervención en tribuna del Senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar adición al artículo 109 del proyecto decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Zoé Robledo A., (ZRA): Con el permiso de la Presidencia, y creo que también del Senador Gil que está aquí marcando tiempos y ritmos, lo cual se agradece.
Compañeros y compañeras, hace poco se publicó un trabajo conducido por Ray Fisman, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que sugiere el éxito en la lucha contra la corrupción radica en la combinación de dos cosas: de sanciones legales y de incentivos económicos que generen rechazo moral y rechazo social.
Incluso citaba el famosísimo ejemplo del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que una de las primeras cosas que hizo para combatir los pequeños, las pequeñas infracciones que se comenten todos los días en la calle, fue poner “mimos”, usar 400 “mimos” que persiguiendo a los infractores que generaban este rechazo social y moral.
¿Por qué estoy planteando esto? Porque yo estoy convencido que la ley apunta en la dirección correcta de generar mayores incentivos económicos y rechazo social y moral, pero no significa que eso nos va a permitir avanzar en ella, porque entre los aspectos débiles de la minuta se encuentra la ausencia, la verdad una ausencia terrible de un tema que es motivo de discusión en todo el mundo, y que tiene que ver con la responsabilidad penal de las empresas, lo que se conoce como “compliance”, es decir, que es cierto que se debe investigar al corrupto, por supuesto que sí, pero también se debe desincentivar y castigar al corruptor.
Si el Sistema Nacional Anticorrupción no contempla el hecho de que en las empresas o cualquier persona moral pueda ser responsable de los delitos que a su nombre comentan representantes legales, directores de relación con gobierno o agentes libre que trabajan y que existen y que seguramente hasta algunos se pasean por aquí por el Senado de la República, entonces otra vez estamos en una ausencia, será un vacío que ocupará alguna forma y otro sistema de corrupción.
Los que cometen delitos a nombre de las empresas para su beneficio o a través de los medios que ellas les proporcionen, pues tienen que ser castigados, ese me parece que debe ser el incentivo que debe de desaparecer, es un incentivo perverso para atraer la inversión de empresas que muchas veces no cumplen con los requisitos en su propio país de origen, pero que aquí pueden trabajar de manera indiscriminada.
Asimismo, esto podría generar y fomentar la competencia desleal que tanto daño le hace a la economía mexicana.
Por eso si ese dictamen no reconoce, o simplemente no quiere reconocer el hecho de que diversas empresas han participado en delitos relacionados con la corrupción, como lo son el soborno, el cohecho, el fraude, la extorsión, el peculado pues seguiremos incentivándolas, les abriremos el espacio donde existen, les estamos mandando el mensaje que este Sistema Anticorrupción no va contra ellas.
Y ejemplos hay muchísimos de colusiones, de casos de corrupción que se castigaron en el extranjero desde la desolación de la empresa, penas altísimas, incluso con procesos que llevaron a la cárcel a los dueños y que los mismos casos en México se castigaron de manera totalmente parcial o simplemente se quedaron en el archivero de los asuntos sin resolver.
Por eso es que planteo que este dictamen no siga incentivando la existencia de los moches, de las mordidas, de los diezmos y de todos los elementos que ya incluso se están presupuestando dentro de los costos de los inversionistas a la hora de venir a México.
Si no tomamos en cuenta este tipo de reservas, seguiremos con funcionarios con casas rentadas o compradas a contratistas favorecidos en sus gestiones, con políticos que vuelen en aviones de empresarios, los cuales los han beneficiado, viviendo en mansiones que su sueldo no justifica, participando en licitaciones o celebrando contratos por los cuales obtiene ventajas privadas del acceso a bienes públicos.
La clase empresarial siempre ha sido más sensible de acatar este tipo de regulación, por eso quitemos el incentivo perverso de que esto no está regulado en nuestro país.
Los políticos mexicanos no hemos tomado aún la decisión de acabar con la corrupción porque no estamos acabando con el flujo del dinero de donde viene esa corrupción. Es casi menos posible hoy pensar que la corrupción es aquel que abre el cajón del erario público y se llena las bolsas, es la que ocurre en otros actos en donde hay un tercer involucrado que son muchas veces las empresas.
Es un problema de orden ético, jurídico, y repito, de productividad y de economía, un lastre económico y social que tenemos que hacer a un lado y detenerlo de una vez y para siempre.
Como lo dijo hace rato la Senadora Dolores Padierna, citando a Gabriel Zaid, es no solamente preciarnos de tener un Sistema Nacional Anticorrupción, es entender que la corrupción era el sistema posrevolucionario desde donde se corearon muchas impunidades, fortunas, y esta aura de privilegio que nos tiene tan alejados de la sociedad del día de hoy.
Por eso es esta reserva, Senador Presidente, y los invito a todos a respaldarla.
Es cuanto, muchas gracias.
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