Propone Zoé Robledo blindar las campañas políticas para evitar el ingreso de recursos provenientes del crimen organizado


Intervención en tribuna del Senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reserva al artículo 22 del proyecto decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

 

Zoé Robledo A., (ZRA): Muchas gracias, Senador Presidente.

 

A nombre propio y del Senador Benjamín Robles Montoya, que presentó una reserva también al artículo 22, en los mismos términos, vengo a plantearla a partir de una reflexión.

 

Miren, compañeras y compañeros, todo Sistema Nacional Anticorrupción que no plantee una estructura nacional coordinada y con capacidad técnica que pueda auditar empresas y partidos políticos corre el enorme riesgo de caer en una simulación.

 

La inteligencia financiera es el mecanismo que el Estado debe de procurar para evitar que el dinero, proveniente de la delincuencia organizada, entre a los sectores de la economía formal.

 

Ya desde la Comisión de Palermo se planteaba que en los casinos, en la obra pública y en la emisión de deuda, que son todas estas actividades en donde participa lo mismo el sector público, como el sector privado, son los tres principales destinos de la delincuencia para blanquear sus capitales.

 

Si esto no se detiene corremos el riesgo que ese dinero siga fluyendo y, además, siga comprando las lealtades, tanto políticas como sociales, de los ciudadanos. Un país en donde vale más la ley de la plata o plomo que el estado de derecho, pues estará condenado a fracasar en su propósito de consolidar gobernabilidad democrática.

 

¿Por qué? Pues porque cada quien hace lo que quiere sin considerar el daño social que esto genera, y eso es el origen mismo de la fractura del pacto social que nos tiene, otra vez, hoy en esta tribuna, en la multicitada crisis de credibilidad de la clase política. Por eso presento esta reserva.

 

Durante los últimos años, el problema de la delincuencia organizada transnacional y la violencia ha estado muy vinculada con el de la corrupción, corrupción que deriva de ella y que se ha entendido, de manera equivocada, como un problema de buenos y de malos; un problema de bandas criminales que se enfrentan entre sí y de las fuerzas federales y el Ejército tratando de controlar un problema de violencia que va en aumento.

 

Pareciera que el discurso oficial nos hace entender el problema de la delincuencia como si se tratara de un fenómeno meteorológico, es decir, un día, pues un día en México empezó a llover delincuencia y nos hemos tenido que mojar con la violencia que ésta genera, todo mientras encontramos guarecernos en alguna iglesia, en algún cuartel.

 

La delincuencia organizada, hay que reconocerlo, es producto de los vacíos regulatorios del Estado, que no puede llenar con reglas y procedimientos para el libre ejercicio de derechos, y ahí la corrupción la alimenta, ya que es a través de ella que logra construir todos estos círculos de protección, todo este andamiaje de complicidad con funcionarios públicos, de absolutamente todas las áreas de gobierno y representantes populares de todos los niveles y, como ya se ha dicho aquí, de absolutamente todos los partidos políticos.

 

Ese debería de ser el primer ejercicio de reconocimiento.

 

Corrupción que ha estado en funcionarios públicos incapaces, corruptos, ladrones; pero también corrupción que ha tenido que ver con el involucramiento con bandas de criminales, de narcotraficantes, de secuestradores, al amparo de la protección política.

 

Es el lavado de dinero y la debilidad institucional para combatirlo la gran ventaja que le estamos dando a los criminales con esta ausencia en el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

El país ofrece para esta delincuencia organizada una suerte de ventaja comparativa en comparación a otros andamiajes y diseños institucionales de otras partes del mundo.

 

Sólo falta que nos digan que la delincuencia organizada y el crimen tienen, también, un origen cultural en nuestro país. Eso no es cierto, es producto de un enorme vacío, vacío que no se está resolviendo con esta redacción y esta ausencia en el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Estamos como Hércules contra la Hidra, porque el Estado mexicano no corta estas dos cabezas de corrupción política y lavado de dinero.

 

Por más capos que se capturen, por más difusión que se le dé a estas capturas, por más asesinatos y por más cabezas cercenadas de la delincuencia organizada, ésta no dejará de crecer y de hacerse más fuerte.

 

Por eso la naturaleza, hay que recordar, nunca tolera el vacío, aquello que no lo ocupa el estado de derecho, aquello que no ocupa la sociedad civil organizada, la delincuencia organizada la va a terminar ocupando, se hará presente como mecanismo alternativo para gobernabilidad de la comunidad en cuestión.

 

Por eso, compañeras y compañeros, yo estoy convencido de que un Sistema Nacional Anticorrupción debería de contemplar los vacíos de estado que nuestro país presenta en amplios sectores de la administración pública, lo que permite actos de corrupción política al más alto nivel y también los vacíos que existen en el sistema financiero nacional, lo que facilita el blanqueo multimillonario de capitales provenientes de la explotación de más de 20 mercados de bienes y servicios que son ilícitos.

 

Sabemos que el problema de la delincuencia organizada transnacional en México es un problema incontrolable, lo que no han podido o no han querido hacer en las últimas administraciones pasadas, es plantear una estrategia distinta para combatirlo.

 

Por eso es que pongo a su consideración esta reserva del artículo 22, para que en su fracción II diga: “Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y, esta es la adición, enriquecimiento ilícito a través de los procedimientos que establezca la ley en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a los siguientes bienes”.

 

Esta es la invitación que estas empresas fantasmas, las campañas políticas dejen de tener la puerta abierta para el ingreso de recursos provenientes del crimen organizado.

 

Y que ésta no sea sino más que el inicio de la reconstrucción de un Estado que corre el riesgo de ser fallido.

 

Es cuanto, Senador Presidente.

 

Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

 

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