Con el fin de que los trabajadores gocen de una auténtica justicia laboral, el senador Luis Sánchez Jiménez propuso la creación del Instituto Nacional de Salario Mínimo y Reparto de Utilidades, que sustituiría a la actual Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Mediante una iniciativa que modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador por el Estado de México explicó que su propuesta busca generar una auténtica reforma laboral que beneficie a los asalariados en México.
El Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de utilidades tendrá a su cargo realizar, bajo los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia y compromiso social, los estudios para determinar los salarios mínimos general y profesionales así como del porcentaje de utilidades de las empresas repartible entre los trabajadores.
Y estará conformado por siete consejeros: tres propuestos por los empresarios, tres por los trabajadores y uno por el Ejecutivo, los cuales tendrían que ser electos por el Senado a través de ternas para un periodo de siete años.
Señaló que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha sido un lastre y a ella se le debe que el salario haya perdido su valor adquisitivo en casi el 70 por ciento y lamentó que los incrementos acordados por esta comisión en nada hayan beneficiado a los trabajadores.
“La dramática caída de los salarios pone en evidencia que los procedimientos establecidos para su revisión son inoperantes, sobre todo cuando se encuentran en juego intereses ajenos a los trabajadores” argumentó.
Informó que el documento presentado ante el Pleno del Senado acata la petición de la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos laborales y plantea establecer que en el derecho de huelga no pueda ser afectado por medidas administrativas.
El también vicepresidente de la Cámara Alta aseveró que es necesario asegurar la protección a los trabajadores frente a las adversidades que genera el sistema capitalista de producción y en especial la política económica del neoliberalismo.
“No puede aceptarse que se sigan protegiendo intereses ilegítimos, ni mantener por más tiempo instituciones que no han servido para hacer efectivos los derechos sociales plasmados desde 1917 en el artículo 123 constitucional”, apuntó.
Resaltó que su planteamiento comprende contenidos esenciales en materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la transformación institucional, que son necesarias para la reestructuración moderna y democrática del derecho social mexicano y en particular del relativo al trabajo.
Asimismo, propuso elevar a rango constitucional el derecho a la contratación colectiva al modificar la fracción XVI Bis del artículo 123 Constitucional. “Con esta reforma, la contratación colectiva será un instrumento normativo en concordancia con los convenios 87 y 98 de la OIT, puntales universales de la justicia social”, aseguró.
Urgió a reforzar y dignificar el papel de los trabajadores en la economía nacional, ampliando sus derechos y proporcionando el espacio legal eficiente que permita una real justicia social que tienda a la abolición de todas las formas de explotación.
“México lo demanda, los trabajadores y trabajadoras mexicanas lo merecen”, concluyó.
0-0-0
