Con el propósito de generar una mayor eficiencia en la administración pública, el senador Luis Humberto Fernández propuso homologar los procesos de adquisición y compras en los tres Poderes de la Unión y en los órganos autónomos constitucionales.
Mediante una iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios, el senador del PRD señaló que contar con instituciones del Estado que gasten mejor y con mayor transparencia, se traducirá en un menor gasto.
Recordó que actualmente el Estado mexicano enfrenta un momento de limitación económica, obligádolo a la austeridad y al recorte del presupuesto público, sin embargo, estas políticas de austeridad no son ni parejas y a veces tampoco pertinentes.
“Estamos frente a un marco de austeridad en el que no todas las instituciones del Estado mexicano se ajustan igual, pero lo que es más importante, y es materia de esta iniciativa, es que hay muy importantes asimetrías en cómo gastan las diferentes entidades del Estado mexicano”, aseveró
Por ejemplo, señaló, mientras que el Poder Ejecutivo está obligado a seguir procedimientos claros y precisos bajo lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios, los poderes Legislativo y Judicial tienen normas menos rigurosas para controlar los gastos que realizan.
Lo mismo sucede en el caso de los órganos autónomos constitucionales, los cuales tienen la facultad de autorregular los procesos bajo los cuales llevan a cabo la adquisición o contratación de servicios que requieren, por lo que generan gran diferencia.
“Hay un caso que nos encontramos en los medios. Una compra del INE donde renta inmuebles en la ciudad de México, de los cuales ocho se hicieron por adjudicación directa con un importe de muchos millones de pesos, sin que haya un procedimiento tan riguroso como se estaría obligado”, indicó.
Fernández Fuentes mencionó que en teoría todas las dependencias de Gobierno y organismos autónomos deberían comprar a través de licitaciones, sin embargo cada año se incrementa el porcentaje de las excepciones.
“El informe del resultado de la cuenta pública nos establece que en el periodo de 2009 al 2014 las licitaciones públicas disminuyeron a una tasa media anual de 12.6 por ciento, mientras que las adjudicaciones directas han aumentado a una tasa anual de 11.9 por ciento”, detalló.
Por ello, explicó que la iniciativa presentada al pleno del Senado contempla hacer sujetos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios, a los poderes Legislativo y Judicial, y a los órganos autónomos constitucionales.
Entre las medidas de control contenidas en la propuesta, destaca que ninguna entidad pueda ejercer más del 40 por ciento de su presupuesto de inversión y adquisiciones a través de excepciones. Cuando menos, 60 por ciento de las contrataciones, deberán realizarse sobre licitaciones públicas.
El senador Luis Humberto Fernández aclaró que la reforma no constituye una invasión o una alteración de la división de poderes o la autonomía de algún organismo, ya que no violenta las decisiones sustantivas ni implica un poder extra estatal en la división de poderes
“La presente iniciativa se enmarca en el conjunto de las leyes anticorrupción, que ha aprobado esta soberanía. No tienen ningún sentido abonar a fueros administrativos o a regímenes de excepción. La transparencia no choca ni colisiona con la independencia o la autonomía”, concluyó
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictamen.
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