Con el fin de evitar la discrecionalidad existente en la política de sueldos de la burocracia, la senadora Angélica de la Peña Gómez propuso expedir la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
Ante el pleno de la Cámara de Senadores, la legisladora del PRD sostuvo que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles.
Y es que, dijo, “con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al poder Legislativo de las entidades federativas y a la Cámara de Diputados al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establecen los artículos 75 y 127 de nuestro texto fundamental”.
Por ello, Angélica de la Peña señaló que es necesario eliminar privilegios como son los seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes, así como eliminar la partida destinada al pago del seguro de separación y eliminar plazas.
Además, precisó que se debe “dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios, eliminar gastos por telefonía celular; remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para los funcionarios, son compromisos ineludibles en un estado democrático”.
Al justificar su propuesta, la senadora recordó el anuncio de recorte al gasto público hecho por el Ejecutivo federal con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad derivado de la caída internacional de los precios del petróleo.
Sin embargo, “se trata de un ajuste a todas luces insuficiente para contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la economía nacional; ya que se prevé que no se alcancen las metas de crecimiento del país”.
La propuesta de ley, expuso de la Peña Gómez, contiene las disposiciones generales para regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos federales, incluidos quienes laboran en los tres poderes, sus órganos, dependencias y entidades, así como en los organismos autónomos.
Se regulan también los beneficios que se concedan como forma de liquidación por la prestación de servicios, sujetándolos a la normatividad legal o contractual aplicable, prohibiendo cualquier acuerdo que las contravenga, además de que quienes detenten un puesto de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato, agregó.
Angélica de la Peña comentó que también se fijan reglas, procedimientos y competencias para la denuncia y el seguimiento oficioso de las investigaciones relacionadas con los ilícitos que derivan de las conductas contrarias a esta Ley.
Y destacó que establece un nuevo tipo delictivo, el de remuneración ilícita, independiente a los preexistentes en la legislación penal, porque la conducta que se tipifica está referida directamente a la infracción de normas especiales establecidas en el propio ordenamiento y circunscritas al estricto ámbito de aplicación del mismo.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación.
