El senador Alejandro Encinas Rodríguez propuso la integración de los Tribunales Agrarios al Poder Judicial con el objetivo de garantizar una mayor independencia, mejorar el apego a sus principios rectores y simplificar los procesos sin afectar el cumplimiento de sus funciones constitucionales
Al fundamentar su propuesta, el legislador afirmó que la integración de los Tribunales Agrarios en el Poder Judicial no sólo es viable, sino necesaria, ya que al estar adscritos al Poder Ejecutivo, se aprovecha poco de las estructuras de capacitación de personal, transparencia y peritos, con las que sí cuenta el Poder Judicial.
Asimismo, el senador mexiquense señaló que en materia administrativa los tribunales agrarios no cuentan con Consejo de la Judicatura ni con comisión administrativa.
Encinas Rodríguez añadió que el 95 por ciento de las resoluciones de los tribunales unitarios agrarios no admite recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, sino que son susceptibles de impugnación mediante amparo directo.
Además, “las atribuciones que vinculaban de forma directa a los Tribunales Agrarios con el Ejecutivo correspondían a una circunstancia histórica bien definida, la necesidad de resolver los asuntos pendientes en trámite al momento de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992; dado que esa labor está prácticamente concluida, la competencia transitoria ha dejado de tener sentido”.
Ante esta situación, el legislador aseguró que la impartición de justicia agraria requiere de grandes cambios que le permitan hacer frente a los retos actuales, bajo el apego al principio de independencia judicial.
Añadió que de acuerdo con la relatora especial de las Naciones Unidas, el senador apuntó que toda impartición de justicia debe ser desarrollada y depender del Poder Judicial.
Y la ONU recomendó al Estado Mexicano avanzar hacia la concentración funcional, organizativa y estructural, de toda actividad judicial que se desarrolla en el país, incluida la actividad jurisdiccional agraria, de esta manera, garantizar la existencia de un juicio agrario desarrollado en apego a los principios constitucionales.
“La competencia de los Tribunales Agrarios, es relevante en términos sociales y económicos, pues los 31 mil 873 ejidos y comunidades que existen en el país, son propietarios de 101.6 millones de hectáreas, que representan el 51 por ciento del territorio nacional”, aseveró el legislador.
Encinas Rodríguez recordó que los Tribunales Agrarios tienen 23 años de creación como órganos con autonomía y plena jurisdicción para dictar sus fallos, además, tienen autonomía jurisdiccional y presupuestalmente están adscritos al Poder Ejecutivo.
Finalmente resaltó que en febrero de 1992 se expidieron las leyes agrarias y orgánicas de los Tribunales Agrarios que regulan el proceso del juicio, y en la actualidad, resulta necesario que el juzgador obtenga mayor independencia.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
